Los controles camineros son necesarios y cumplen una función importante para ordenar la circulación y contribuir a la seguridad en las rutas nacionales y provinciales. Sin embargo, esa tarea no puede transformarse en un mecanismo de sanción sistemática ni mucho menos en una herramienta con finalidad meramente recaudatoria.

En Córdoba, son cada vez más frecuentes los cuestionamientos de conductores que denuncian procedimientos irregulares, multas aplicadas sin pruebas suficientes y dificultades para ejercer su legítimo derecho a la defensa.

Un caso que merece especial atención es el de la jurisdicción de La Carlota, donde se multiplican los testimonios sobre controles realizados en sectores que, lejos de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, pueden generar situaciones de riesgo tanto para quienes circulan como para los propios efectivos encargados de los procedimientos. A esto se suman denuncias sobre actitudes inapropiadas, falta de respeto hacia los conductores y sanciones cuya fundamentación, según los afectados, no siempre estaría acompañada por elementos concretos que permitan acreditar la infracción.

El problema se profundiza cuando el ciudadano intenta ejercer su derecho a realizar un descargo. Son numerosos los relatos de personas que aseguran no haber encontrado una instancia efectiva para ser escuchadas y que, al cuestionar la sanción, terminan enfrentando el pago total de la multa. En cambio, quienes aceptan la infracción y abonan dentro de los plazos establecidos acceden a una reducción del 50 por ciento. El mensaje que queda instalado resulta preocupante: aceptar la sanción implica un beneficio económico, mientras que intentar defenderse puede terminar significando un costo mayor.

 

No se trata de cuestionar la existencia de los controles ni la necesidad de hacer cumplir las normas. Se trata de exigir que esos controles se desarrollen con criterios de seguridad, transparencia, respeto y garantías para los ciudadanos. Una infracción debe estar debidamente acreditada y toda persona sancionada debe contar con una instancia real y efectiva para ejercer su defensa. Cuando esto no sucede, la autoridad pierde legitimidad y el sistema termina siendo percibido como abusivo.

Los testimonios que se conocen en distintos puntos del territorio cordobés muestran que no estamos frente a una situación aislada. El planteo atraviesa a toda la provincia, aunque lo que ocurre en la jurisdicción de La Carlota merece una revisión particular. Las autoridades provinciales tienen la responsabilidad de analizar estos procedimientos, revisar los mecanismos de control y actuar cuando existan conductas que se aparten de las garantías que deben regir cualquier actuación estatal.

La seguridad vial no puede construirse desde el abuso de autoridad ni desde la imposibilidad de ejercer un derecho. Controlar es necesario. Sancionar cuando corresponde también. Pero hacerlo sin fundamentos suficientes, sin respeto por el ciudadano y sin garantizar una defensa efectiva constituye un atropello institucional que debe ser corregido.