La marcha fue convocada por rectores, gremios docentes y no docentes y estudiantes, y reunió a más de 120 mil personas en defensa de la educación.

Este martes las universidades públicas de toda Argentina volvieron a movilizarse en una nueva Marcha Federal Universitaria, la cuarta que se realiza durante el gobierno de Javier Milei.

En Córdoba, reunió a más de 120 mil personas en una convocatoria que partió desde el Monumento a la Reforma y culminó en Vélez Sarsfield esquina Boulevard San Juan, con un acto.

Los puntos centrales de la manifestación fueron el reclamo por el financiamiento universitario, la actualización salarial, la defensa de la ciencia nacional y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.

En la capital cordobesa la movilización fue convocada por el propio rectorado, más el gremio de los docentes, Adiuc, y la Gremial San Martín, que nuclea a los trabajadores y las trabajadoras no docentes; y los centros de estudiantes de cada una de las facultades, junto a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

Se sumaron a la convocatoria la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC); y adhirieron las dos vertientes de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos líneas internas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones sociales.

«A la Ley de Financiamiento Universitario la conquistamos en las calles de todo el país. Este 12 de mayo volvemos para exigir su cumplimiento. Porque el financiamiento universitario es Ley», expresó en la previa la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC (Adiuc).

Esta 4º Marcha Universitaria buscó visibilizar también los bajos sueldos en el sector, con una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026, por lo que se exigió puntualmente la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con montos por debajo de la canasta básica.

«La universidad es un bien muy preciado»
Leticia Medina, secretaria General de Adiuc, manifestó que la salida al conflicto es la apertura de una mesa de negociación para la recomposición de los salarios y los presupuestos de las universidades.

– ¿Toda esta presión puede llevar a una marcha atrás para que por fin el Gobierno aplique la ley universitaria?

– Yo creo que tiene que haber un marcha hacia adelante y que tiene que haber necesariamente una apertura, una mesa de negociación en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario. Una mesa de negociación para empezar a discutir con los gremios los salarios y con las autoridades universitarias la recomposición del presupuesto. Creo que es la salida, que es una salida que es para adelante, que es en el marco de lo que hemos conseguido hasta acá, que es esta Ley, con el respaldo del Congreso, el respaldo de Justicia, y que lo que tiene que hacer el Gobierno es deponer esa actitud autoritaria, por un lado, y también de permanente hostigamiento a las universidades. Tiene que entender que la universidad es un bien muy preciado, que tenemos mucho apoyo para que la universidad se siga sosteniendo y que esta política de ajuste de la universidad no conduce a ningún lado bueno para la sociedad argentina

– ¿Evalúa que va creciendo el apoyo a la universidad pública en términos de conciencia social?

– La universidad pública siempre tuvo altísimos niveles de apoyo. Creo que lo que va creciendo es la conciencia de que Milei tiene una política contra las universidades. No es un problema económico, es un problema ideológico y político. Y creo que eso es lo que vamos viendo con claridad, y por eso la ciudadanía sale a decirle al Gobierno que el camino no es, de ninguna manera, desmantelamiento de la universidad».

La Universidad en el ADN argentino
Por su parte, Pedro Pérez, decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) y candidato opositor para el rectorado, apuntó que si el Gobierno Nacional no da marcha atrás con el hostigamiento a las universidades, estará «incumpliendo los deberes de funcionarios públicos».

– ¿Esta gran movilización que vimos hoy puede hacer retroceder al Gobierno?

– Va a tener que dar marcha atrás. Hay una división de poderes, hay un consenso absoluto en la sociedad argentina, hay una ley aprobada por el Congreso, ratificada por la justicia. Si no da marcha atrás, bueno, estarán incumpliendo los deberes de funcionarios públicos y algún día los juzgará la justicia misma.

– Hay quienes plantean una suerte de batalla cultural en el terreno de la educación superior…

– Nunca la pudieron ganar, el pueblo argentino tiene dentro de su ADN a la educación superior como la posibilidad o el sueño de que sus hijos vayan a la universidad, se desarrollen, se reciban, trabajen y vivan en el país que los vio nacer y rodeados de sus familias. Entonces, un gobierno no puede romper una tradición tan importante, no puede romper el mismo ser nacional.

«Reclamamos con firmeza que el Gobierno cumpla con la ley»
El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, expresó su orgullo por la masiva movilización que marchó entre el Monumento a la Reforma y el centro, y consultado por La Nueva Mañana, planteó: «Necesitamos y reclamamos con firmeza que el Gobierno cumpla con la ley y restablezca el presupuesto universitario».

– ¿Cree que va a dar marcha atrás el Gobierno?

– Esperemos que de una vez por todas escuche este reclamo de toda la comunidad universitaria, con un acompañamiento fuerte de la sociedad, y que realmente cumpla con el Estado de derecho. Nosotros hemos llevado este reclamo por las vías institucionales. Fuimos al Congreso a pedir que se sancione una ley. El Congreso es el poder del Estado que tiene entre sus facultades aprobar los presupuestos. Bueno, estamos esperando que el Gobierno respete lo que el Congreso decidió en dos oportunidades, porque tuvo que ratificarlo incluso con dos tercios después del veto presidencial. Incluso, hay dos fallos judiciales de primera y segunda instancia que han ordenado cumplir con la ley de financiamiento.

– Usted rector, cuando ve esta movilización, ¿qué siente?

– La verdad es que siento mucho orgullo y una gran responsabilidad de representar a esta universidad, de formar parte de su comunidad y de sentir que la sociedad en su conjunto sigue acompañándonos. Nosotros tenemos claro como universidad, como entidad pública, que tenemos que rendir cuentas a la sociedad, tenemos que actuar con transparencia. Esas son acciones que nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba estamos promoviendo, pero necesitamos y reclamamos con firmeza que el Gobierno cumpla con la ley y restablezca el presupuesto universitario.

«Hay que unirse y pelear»
Finalmente, también estuvo presente la ex rectora de la UNC y ex diputada nacional Carolina Scotto, quien destacó que «en esta marcha, en estos contextos de recorte, crisis y asfixia, hay que unirse y pelear», subrayó Scotto.

– ¿Considera que toda esta presión y la crisis política van a hacer retroceder al Gobierno y que por fin se aplicará la ley de financiamiento universitario?

– No, no creo que el Gobierno retroceda. Es muy probable que no, pero hay que movilizarse igual. Se acumula, se aglutina la gente, se crea conciencia, se fortalece, la gente se organiza, pero no me da la impresión que este gobierno vaya a retroceder todavía.

– ¿Están en juego las instituciones, el contrato democrático?

– Sí, lamentablemente, pero nos pone a prueba a todos, a la conciencia democrática y de todos los sectores; de los trabajadores, de los universitarios, de los ciudadanos comunes. Así que creo que saldremos mejores después de esto, pero el costo va a ser alto.

La Ley de Financiamiento en manos de la Corte
La norma, sancionada dos veces por el Congreso y vetada también en dos oportunidades por el presidente Javier Milei, fue ratificada por el Congreso tras rechazar el veto, en lo que fue una decisión histórica.

De todas maneras el Gobierno nacional insiste con su política de ajuste brutal sobre el presupuesto de la educación superior y decidió judicializar la ley.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra el fallo que había confirmado la medida cautelar a favor del Consejo Interuniversitario Nacional. De esta manera quedó en suspenso la vigencia de la norma y ahora la Corte Suprema de Justicia deberá decidir qué sucede con la educación superior argentina.

Suena increíble esta comedia de enredos. Lo cierto es que cada vez resulta más complejo a las casas de altos estudios del país sostener el funcionamiento de sus unidades académicas, hospitales en algunos casos y demás dependencias, además de cumplir con sus obligaciones en cuanto al pago de servicios, becas estudiantiles, proyectos de investigación y otras funciones. Todo en el marco de salarios que perdieron desde 2023 en algunos casos hasta el 50 por ciento.