Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera

En el marco de una crisis económica que se prolonga y profundiza, la tercera edad emerge como uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional bajo la gestión de Javier Milei. La convergencia entre inflación creciente, recorte de gastos públicos y una estructura de protección social frágil obliga a una reflexión profunda sobre el impacto que estas medidas tienen sobre quienes, tras años de trabajo, dependen fundamentalmente del PAMI para su bienestar y salud.

El PAMI, pilar del sistema de salud pública para jubilados y pensionados, enfrenta una realidad compleja. Sus presupuestos se han visto restringidos en términos reales, mientras que la demanda de sus servicios aumenta en un contexto donde la inflación anual acumulada supera el 100% en algunas categorías, superando ampliamente los ajustes en las jubilaciones y pensiones. Esta desproporción deteriora el acceso a medicamentos esenciales, estudios complementarios y tratamientos especializados, indispensables para el manejo adecuado de las enfermedades crónicas que predominan en la población mayor.

A lo largo de los últimos años, el aumento en los costos de la canasta básica, incluidos productos y servicios vinculados a la salud, ha erosionado el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Según datos oficiales del INDEC, el aumento promedio en los alimentos y medicinas ha superado el 75% en el último ciclo, mientras que las jubilaciones no logran ajustarse a esta velocidad, profundizando la vulnerabilidad económica de este sector.

Este desequilibrio entre ingresos y gastos no se limita a una cuestión económica, sino que se traduce en una experiencia cotidiana de exclusión y precariedad. Adultos mayores enfrentan mayores tiempos de espera en centros de atención, ha habido disminución en la oferta de medicamentos gratuitos y una reducción palpable en los programas de apoyo social, lo que acelera su aislamiento social y dependencia.

Por otra parte, la reducción en las partidas presupuestarias para el PAMI evidencia un patrón que, bajo la excusa del ajuste fiscal, representa un retroceso en la política social, en el momento en que la demanda crece y la emergencia social se agudiza. Esta contradicción plantea una pregunta urgente: ¿es posible fortalecer la economía mientras se sacrifica la calidad de vida de una generación que constituyen los pilares de la sociedad?

Los ajustes en el sistema de salud pública no son neutros. La disminución en el acceso a medicamentos y servicios básicos compromete la adecuada gestión de enfermedades crónicas, aumentando los riesgos de complicaciones y deterioro de la calidad de vida. Las estadísticas ya muestran un alza en la incidencia de enfermedades no tratadas o mal manejadas, que podrían haberse evitado con una atención oportuna y adecuada.

El impacto también tiene un efecto en la dimensión social de la vejez. La falta de recursos y servicios incrementa la carga sobre las familias y comunidades, cuyas capacidades de sostener esta demanda están lejos de ser ilimitadas. En muchas ocasiones, el ajuste estatal se traduce en redes familiares que, bajo presión, enfrentan dificultades para garantizar la protección y el bienestar de sus mayores.

Este cuadro requiere no sólo un diagnóstico detallado sino también una respuesta contundente. Es imprescindible que las políticas públicas reconozcan a la tercera edad como un sector prioritario, garantizando no solo el acceso universal a la salud, sino también la actualización justa de sus ingresos y prestaciones. La reducción del gasto público no puede disfrazarse de progreso si conlleva deterioro social.

En este sentido, la transparencia en la gestión, la participación activa de organizaciones sociales y la inclusión de las voces de los adultos mayores son instrumentos fundamentales para orientar políticas que efectivamente respondan a sus necesidades. Sin diálogo y sin compromiso real, los riesgos de exclusión y marginalidad crecerán inexorablemente.

El sistema de protección social representa más que una obligación estatal: es un pacto ético y comunitario que rehúye la indiferencia hacia un grupo que, por su historia y aportes, merece respeto y cuidado. Las decisiones económicas y políticas deben medirse no sólo por indicadores macroeconómicos, sino también por su impacto tangible en la calidad de vida de quienes residen en los márgenes más vulnerables.

En la tensión entre austeridad fiscal y justicia social, la tercera edad no debería ser nunca una variable de ajuste. Por el contrario, su protección y bienestar deben funcionar como termómetro y garantía de la solidez y sensibilidad del sistema en su conjunto. Cuando el Estado falla o disminuye su compromiso, no solo daña a los individuos, sino que debilita el tejido social que sostiene la convivencia democrática y solidaria.

En definitiva, el impacto del ajuste en el PAMI y en la calidad de vida de los jubilados y pensionados es un asunto urgente que convoca a la reflexión colectiva, al compromiso político y a la acción concreta. La Ribera Multimedio invita a enfocar el debate público, situando a la tercera edad como protagonista central, asegurando sus derechos y dignidad frente a la crisis y los desafíos que se multiplican.

Reforzar el PAMI, adecuar el poder adquisitivo, y garantizar el acceso efectivo a la salud no son solo tareas administrativas; son exigencias ineludibles para construir una sociedad más justa, equitativa y humana en tiempos complejos. La tercera edad merece, hoy más que nunca, ser prioridad en la agenda nacional.