Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto para restringir el régimen de subsidios a la Patagonia, Malargüe, la Puna y hogares vulnerables.

El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto que recorta el régimen de subsidios al gas previsto en la ley de Zonas Frías y propone mantenerlos solamente en la Patagonia, Malargüe, la Puna y hogares calificados como vulnerables e incluidos en los subsidios focalizados.

El Gobierno busca reducir el déficit fiscal, restringiendo la llegada de los subsidios energéticos a familias de diversas provincias del país alcanzadas por la ley actual, entre ellas localidades de 13 departamentos de Córdoba: Calamuchita, Córdoba Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba, Unión.

Desde la gestión de Milei sostienen que con el 7,5% que cobra para financiar el sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de La Libertad Avanza quiere eliminar y solo dejarla en aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de ReNABap, veteranos de Malvinas o aquellas familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2 (matrimonio con dos hijos).

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

Otro punto clave que contempla la iniciativa es que se pagaría sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa; y que se pagaría a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.

El proyecto crearía, a su vez, un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberían desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.

Por otro lado, la exención impositiva para energías renovables, que vencía en 2025, se prorrogaría hasta 2045 y se derogarían los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.

El Gobierno justificó la medida con argumentos ambientales: “La expansión del uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica genera efectos altamente favorables para el país, a los fines de asegurar los beneficios de una oferta energética más limpia y sostenible para el conjunto de la población”

Agregó que “se estima necesario que el acceso y la utilización de las fuentes renovables de energía incluidas en el artículo 4° de la Ley N° 26.190 continúen libres de gravamen en los términos del artículo 17 de la Ley N° 27.191”.

Fuente: NA