En los últimos meses, distintos países comenzaron a debatir e incluso a implementar restricciones en el uso de redes sociales para menores de 16 años. La discusión no es exagerada: es una conversación global que interpela a familias, escuelas, Estados y, por supuesto, a las propias plataformas tecnológicas.

Durante años celebramos las redes sociales como espacios de expresión, creatividad y conexión pero también se convirtieron en entornos diseñados para captar atención, retener usuarios y generar consumo constante. Cuando hablamos de adultos, la discusión gira en torno a hábitos y responsabilidad individual. Cuando hablamos de menores, el escenario cambia por completo.

Hoy es común ver a niños y adolescentes con acceso irrestricto a TikTok, Instagram o YouTube desde edades cada vez más tempranas. No se trata solo de entretenimiento: hablamos de exposición a estándares irreales de belleza, hipersexualización, discursos violentos, desinformación y apuestas encubiertas. 

Diversos estudios advierten sobre el impacto del uso excesivo de redes en la salud mental adolescente: ansiedad, problemas de autoestima, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse y dependencia digital. No es casualidad. Las plataformas están diseñadas bajo la lógica de la economía de la atención: cuanto más tiempo pasamos dentro, más rentable es el modelo de negocio. Y los cerebros en desarrollo son especialmente sensibles a estas dinámicas.

Entonces surge la pregunta incómoda: ¿deben los Estados intervenir?

Quienes se oponen a las prohibiciones argumentan que regular el acceso vulnera derechos individuales y que la educación digital es una mejor estrategia que la restricción. Y es cierto que la alfabetización digital es fundamental. Pero también es cierto que no todo puede recaer en la responsabilidad familiar cuando las plataformas cuentan con equipos de ingeniería conductual diseñando mecanismos de enganche cada vez más sofisticados.

Prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años no debería leerse como un acto autoritario, sino como una medida de protección, del mismo modo que existen límites para el consumo de alcohol, la conducción o el acceso a determinados contenidos audiovisuales. La pregunta no es si los adolescentes “quieren” estar en redes. La pregunta es si están preparados para gestionar el impacto emocional y social que implican.

Ahora bien, regular no es simplemente prohibir. Implica exigir a las plataformas mecanismos reales de verificación de edad, transparencia algorítmica, límites en la publicidad dirigida a menores y políticas activas contra el acoso y la manipulación. Se trata de asumir que el entorno digital no es neutral. Las redes moldean identidades, vínculos y percepciones del mundo. Y si aceptamos que la infancia y la adolescencia son etapas de formación, entonces debemos preguntarnos qué tipo de entorno estamos habilitando.

Tal vez la discusión de fondo no sea solo la edad mínima de acceso, sino qué modelo de internet queremos construir. Uno donde el bienestar esté por encima del tiempo de permanencia. Uno donde el desarrollo emocional importe más que la viralidad.

La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa. La regulación, en cambio, siempre llega tarde. Tal vez sea momento de anticiparnos.