El gremio docente retomó este martes la asamblea de delegadas y delegados departamentales que el viernes 27 de febrero había pasado a un cuarto intermedio. La entidad gremial exige una nueva propuesta del gobierno de Martín Llaryora.

Este martes se retomó la asamblea de delegadas y delegados departamentales de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que el viernes 27 de febrero había pasado a un cuarto intermedio. Entre sus resoluciones, se acordó no aceptar la oferta salarial del gobierno de Martín Llaryora por considerarla insuficiente y realizar un paro provincial de 24 horas el miércoles 11 de marzo con movilización.

Asimismo, la entidad gremial exige una nueva propuesta que contenga aumentos por índice de precios al consumidor (IPC), garantizado y acumulativo sobre el mes anterior; el blanqueo de las sumas no remunerativas; la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para activos y jubilados, con actualización por IPC durante el plazo de paritaria; la suspensión del FOSAEC por el tiempo total de la paritaria; y la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria 11.087.

Asimismo, ratifica el gremio docente la solicitud realizada con otros gremios estatales para que se brinde una urgente solución a las y los trabajadores afectados por los descuentos del Banco de Córdoba.

También demandan la suspensión del art. 3 (ítem profesionalidad docente) por el mismo tiempo de la paritaria; en el caso de que otros sindicatos obtengan un incremento superior al docente, que el mismo se incorpore al acuerdo de UEPC; exigir que la jerarquización de los cargos directivos continúe; y también la eliminación del diferimiento de los jubilados, el cumplimiento del fallo Bossio (pago del 82% móvil) y la derogación del art 58 (aporte solidario por doble beneficio).

A los fines de continuar trabajando para lograr la normalización de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y en ella la participación democrática y la vida universitaria plena, la asamblea resolvió también dar continuidad al abordaje de la construcción de la estructura organizacional universitaria, la construcción de los cargos y funciones necesario para el desarrollo académico y político universitario, la ampliación de la cantidad de comisiones necesarias en cada carrera; y la regularización de la situación laboral de sus trabajadores y trabajadoras que continúan con Hs. Cat. 13900 y corresponde que posean Dedicaciones Universitarias.

Con respecto al Nivel Superior, se acordó exigir que las y los docentes interinos que deben ser reubicados debido a la no apertura de divisiones sean reubicados en forma inmediata, ya que no han tenido la oportunidad de acceder a la titularización de sus espacios curriculares.

También se dispuso solicitar la continuidad de la Mesa de Política Laboral para abordar el pliego de demandas laborales de los distintos niveles y modalidades, expresadas por las y los docentes en las distintas asambleas y plenarios en toda la provincia; avalar lo actuado por la Junta Ejecutiva Central y el plenario de Secretarios Generales por las acciones llevadas adelante ante la reforma previsional – Ley 11.087- con el conjunto de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones durante diciembre, enero y febrero; y por unanimidad se votó que en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se adhiera el lunes 9 de marzo al paro por 24 horas y a la movilización en Capital y a las acciones en el interior provincial.

En la resolución gremial se aclaró al final que en caso de existir una propuesta superadora que contenga los requerimientos resueltos en la Asamblea, se suspenderá la medida de fuerza y se activarán los mecanismos de consulta, información, debate y resolución.

Además, ante los hechos ocurridos en la Asamblea Provincial del viernes 27 de febrero, que derivaron en la determinación de un cuarto intermedio hasta este martes, se votó por mayoría «repudiar toda situación de violencia que haya alterado el orden y la legitimidad democrática de la Asamblea; solicitar a los espacios presentes sesionar con respeto y conforme al reglamento; e instar al Órgano de Fiscalización a evaluar lo sucedido y aplicar las sanciones estatutarias que correspondan».