Por Lic. Marcos Curletto. Concejal de Juntos Por el Cambio

Los cambios y las transformaciones generan tensiones, incertidumbre y desafíos. Eso es así en cualquier ámbito de la vida y en cualquier rubro productivo, comercial y laboral.

El avance tecnológico cada vez más acelerado ha llevado a concluir que en los próximos años varios trabajos y/o  profesiones tenderán a desaparecer, otros en cambio se transformaran, y también habrá espacio para nuevas formas de producción, comercialización, y por ende nuevos trabajos y profesiones.

En este contexto hay que analizar el surgimiento de UBER y otras aplicaciones tecnológicas que han puesto en jaque en todo el mundo el sistema de transporte público/semipúblico de pasajeros. Y claro está que el anuncio del desembarco de dicha empresa en Río Cuarto no escapa a las generales de la  ley de lo acontecido en otras ciudades del mundo y la Argentina. Así es que el desembarco de UBER en nuestra ciudad reproduce en líneas generales situaciones comunes. La primera es que la tecnología y los modos de consumo se anticipan a regulaciones inexistentes o se imponen frente a las normativas vigentes. La segunda es que los prestadores del servicio tradicional tienden a reaccionar defensivamente ante el avance de estas empresas porque ven peligrar su fuente de ingresos. La tercera es que los usuarios de dicho servicio tienden a ver positivamente la ampliación y modernización de la oferta en términos de movilidad urbana.

Ante esta situación la mayoría de los Estados en todos sus niveles se ven en la disyuntiva de tener que optar entre dos caminos. La prohibición de dichas aplicaciones o su regulación.

En líneas generales el primero de los caminos deriva en largos procesos judiciales frente a los que UBER, CABIFY u otras terminan ganando más de lo que pierden, e incluso en aquellos procesos judiciales contrarios a los intereses de estas empresas como el de la Comunidad Europea, en el que se llegó a imponer el criterio de las autoridades que planteaban que UBER era una empresa de transporte y no un mero intermediario como sostenía la compañía, la realidad es que para cuando se obtuvo resolución judicial, estas nuevas modalidades y en particular UBER se habían incorporado ya a la vida cotidiana de los usuarios de este tipo de transporte en Europa, ganando el mercado e incluso incorporando a su plataforma a los prestadores del servicio tradicional de taxis preexistente.

Algo parecido pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que el Estado inició una batalla judicial para prohibir las prestaciones de UBER, pero la empresa se las ingenió para ganar el mercado desde la clandestinidad sin pagar mayores costos al punto tal de que en la actualidad el 30% de los viajes que se hacen a través de la aplicación lo prestan los propios taxistas de la ciudad que se opusieron en primera instancia al desembarco de dicha aplicación.

El caso de Mendoza es diferente, se asemeja a lo que hicieron algunas ciudades de Brasil en las que la estrategia del Estado fue abrir un canal de diálogo con UBER y las demás compañías, que decanto en normativas que regulan su funcionamiento, le dan un marco de legalidad, garantizan marcos de competencia leal con los prestadores tradicionales y los obligan a tributar impuestos por la prestación de su servicio en el territorio.

El Gobierno de Río Cuarto parece haber optado por el primer camino, la prohibición lisa y llana, tras votarse el pasado jueves un proyecto de ordenanza enviado por el ejecutivo que refrenda el sistema actual de taxis y remis, e impone multas mayores a quienes decidan prestar el servicio por fuera del esquema tradicional de licencias.

Importa decir que en el Concejo Deliberante sólo se escuchó a las empresas de remis para considerar su opinión, y en dicha ocasión manifestaron su acuerdo con la estrategia del oficialismo. Otros actores prestadores de servicios como licenciatarios y choferes no pidieron ser escuchados, pero tampoco se los invitó a participar del debate. La alternativa de contactar y escuchar a los voceros de UBER jamás fue tenida en cuenta por el oficialismo. Pero más grave aún, es el hecho de que nadie les consulto a los usuarios su opinión.

Está claro que muchas familias dependen de la actividad económica que genera el transporte de taxis y remis, lo que hace evidente la necesidad de que el Estado local intente proteger esas familias y su fuente laboral. Sin embargo no debemos olvidar que los servicios públicos tienen como razón de ser al justamente al público. Es decir que tanto taxistas como remiseros existen a los fines de prestar un servicio por y para la gente.

En este sentido si la gente es la razón de ser de dicho sistema, los usuarios deberían ser consultados sobre las implicancias, contrariedades y beneficios que pudiera aportar a su necesidad de movilidad urbana la llegada de UBER u otras empresas similares. La propia Constitución Nacional y otras legislaciones defienden al consumidor y le otorgan derechos de opinión frente a la definición de tarifas, concesiones y demás cuestiones vinculadas a las prestaciones de servicios públicos.

Por otra parte importa evaluar si el actual servicio de taxis y remis cumple con las expectativas de los usuarios, los estándares deseados y las necesidades de movilidad urbana de nuestra ciudad.

En este sentido la ordenanza 783/2001 es la normativa vigente que regula la prestación de dicho servicio. Demás está decir que tras 23 años de vigencia la normativa debiera ser revisada puesto que los cambios en los modos de consumo y la efectiva aplicación de la misma no parecen tener en el presente y desde hace ya varios años un resultado positivo.

En reiteradas ocasiones durante los últimos años, hemos escuchado la demanda de remiseros, taxistas y empresas de remis, planteando la necesidad de actualizar la normativa que los regula, así como también reclamos para que el Gobierno garantice el control y aplicación de los artículos que rigen en la actualidad.

Al día de hoy el Bloque de la primera minoría tras tres años de insistir con pedidos de informe para conocer cuántas licencias de taxis y remis están vigentes operando con todos los papeles en orden, sigue sin una respuesta oficial por parte de la Secretaría de Servicios Públicos. La imposibilidad  del Gobierno local de responder esta requisitoria explica en sí mismo que sigan circulando taxis y remises truchos en la ciudad.

Se estima que hay unos 500 prestadores irregulares circulando por las calles de Río Cuarto, y la gravedad de esta situación viene dada por los riesgos a los que se los expone a los pasajeros que sin ser conscientes de ello hacen uso del sistema irregular y paralelo que hoy funciona en la ciudad. Asimismo la existencia de “truchos” no sólo pone en riesgo a los pasajeros y denota la incapacidad de control de las autoridades locales, sino que también complican la ecuación económica de quienes prestan el servicio cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la normativa. Pierden pasajeros a manos de los “truchos” en una competencia absolutamente desleal.

A su vez la calidad del servicio, la tarifa, el estado de los vehículos y demás aspectos que hacen a la prestación actual del servicio, están puestos en discusión o son materia de crítica por parte de los usuarios. No todos los prestadores están en las mismas condiciones o sometidos al mismo nivel de crítica de los usuarios, pero a priori la inestabilidad económica, la inflación creciente y la crisis generalizada que pega en el bolsillo de los pasajeros y prestadores, hacen que la calidad del servicio no sea homogénea y mucho menos la deseada.

Ante este estado de situación creemos necesario que el Gobierno y las representaciones políticas se atrevan a dar un debate profundo sobre las complicaciones que hoy atraviesa el sistema y sus prestadores; la necesidad de revisión y actualización de la normativa; los deseos y necesidades que tienen los usuarios del sistema que le dan sentido y razón de ser al servicio; los beneficios y perjuicios que conlleva el avance tecnológico y los nuevos modos de consumo; las herramientas políticas que tiene el gobierno local para ordenar y exigir el cumplimiento de las normativas que hacen a la prestación del servicio público en cuestión; las estrategias que pueden mejorar el servicio, ampliar la oferta, evitar la clandestinidad, garantizar la competencia leal entre prestadores y proteger las fuentes  laborales de los prestadores tradicionales entre otros aspectos.

Si por el contrario el Gobierno sostiene una postura cómoda, complaciente e hipócrita para con los prestadores actuales del servicio, en la que se les promete una lucha sin cuartel frente a los nuevos modos de prestación y consumo del transporte privado de pasajeros,  habremos desaprovechado una oportunidad para anticiparnos al cambio, proteger fuentes laborales, proteger a los usuarios de la clandestinidad y fundamentalmente escuchar la opinión de los pasajeros que como ya señale son la esencia del servicio en cuestión.