El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de redefinición del sistema de turismo social al habilitar la venta y transferencia de la Unidad Turística de Embalse, uno de los complejos históricos construidos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 322/2026, mediante el cual la Administración Nacional de Bienes del Estado (AABE) quedó autorizada para disponer, transferir o vender diez inmuebles pertenecientes al Estado nacional ubicados en distintos puntos del país.

Entre ellos se encuentra la Unidad Turística de Embalse, un predio de aproximadamente 315 hectáreas emplazado en el valle de Calamuchita. Según trascendió desde fuentes oficiales, durante este año se convocará a una subasta pública para definir el futuro del complejo.

Desde el Gobierno estiman que la venta del conjunto de propiedades podría generar ingresos mínimos cercanos a los 40 millones de dólares, proyectándose alrededor de cuatro millones por cada inmueble incluido en la operación.

La decisión se relaciona con una resolución adoptada en 2025 por la Secretaría de Turismo, entonces encabezada por Daniel Scioli, que declaró la “innecesaridad” de las unidades turísticas de Embalse y Chapadmalal, argumentando la necesidad de reducir gastos estatales en el marco de la emergencia económica y administrativa.

El complejo de Embalse fue inaugurado en 1951 y durante décadas funcionó como uno de los principales destinos del turismo social argentino, ofreciendo alojamiento accesible para jubilados, pensionados y familias de bajos recursos.

Actualmente, el predio cuenta con siete hoteles, 50 casas, edificios administrativos y de servicios, instalaciones deportivas, piletas, paradores y otros espacios complementarios, con capacidad para alojar a cerca de 3000 personas.

Si bien todavía no se definió cuál será el destino final del complejo, una de las posibilidades que toma fuerza es que operadores hoteleros privados administren las instalaciones bajo nuevos esquemas comerciales, ya sin la obligación de mantener tarifas sociales.

La ubicación estratégica de la unidad turística, cercana al lago y en una zona de importante desarrollo inmobiliario y turístico, aparece como uno de los factores de mayor interés para potenciales inversores.