La denuncia del Ministerio de Justicia a los Jueces Federales, al CEO del Grupo ClarĆ­n y a otros implicados es por incumplimiento de los deberes de Funcionario PĆŗblico y DĆ”divas.

El Gobierno Nacional informĆ³ este miĆ©rcoles que denunciĆ³ a los Jueces Federales, al CEO del Grupo ClarĆ­n y a otros implicados en el vuelo a Lago Escondido por incumplimiento de los deberes de Funcionario PĆŗblico y DĆ”divas.

Por instrucciĆ³n del presidente de la NaciĆ³n, Alberto FernĆ”ndez, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, MartĆ­n Soria, presentĆ³ una denuncia penal en la FiscalĆ­a Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento, segĆŗn un comunicado emitido oficialmente.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la NaciĆ³n, sin perjuicio de que en el devenir de la investigaciĆ³n resulten implicadas mĆ”s personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario pĆŗblico y admisiĆ³n de dĆ”divas, en los tĆ©rminos de los artĆ­culos 248 y 259 del CĆ³digo Penal, a: JuliĆ”n Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal NĀŗ 10; Carlos Mahiques, juez de la CĆ”mara Federal de CasaciĆ³n Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal EconĆ³mico NĀŗ 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1Āŗ instancia en lo Contencioso Administrativo Federal NĀŗ 9; Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad AutĆ³noma de Buenos Aires; y a Marcelo Dā€™alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, la denuncia sindica por ofrecimiento de dĆ”divas en los tĆ©rminos del art. 259 del CĆ³digo Penal a: Jorge Rendo, CEO del Grupo ClarĆ­n; NicolĆ”s Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, ex director de asuntos jurĆ­dicos de la entonces SecretarĆ­a de Inteligencia del Estado (SIDE); y TomĆ”s Reinke, publicista especializado en publicidad digital y polĆ­tica.

Ā«Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un aviĆ³n privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (RĆ­o Negro), con financiamiento desconocidoĀ», expresa el comunicado oficial.

Ā«Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habrĆ­a sumado el CEO del Grupo ClarĆ­n, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de HĆ©ctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aĆŗn no identificadasĀ», avanza el texto.

SegĆŗn la informaciĆ³n que tomĆ³ estado pĆŗblico, indican oficialmente, Ā«una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigiĆ³ en vehĆ­culos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate britĆ”nico ubicada en Lago EscondidoĀ».

Advierte el texto que ā€œen caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios pĆŗblicos descriptos, entre ellos magistrados de la NaciĆ³n y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estarĆ­amos ante la existencia de una entrega y aceptaciĆ³n de dĆ”divas, dando lugar a la comisiĆ³n de diversos delitos que el Ministerio PĆŗblico Fiscal tiene, ademĆ”s, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la ConvenciĆ³n de las Naciones Unidas contra la CorrupciĆ³nā€.

Al mismo tiempo, subraya, ā€œla recepciĆ³n de las dĆ”divas no solo constituye una afectaciĆ³n repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la Ć©tica republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios pĆŗblicos, constitutivo del delito previsto en el artĆ­culo 248 del CĆ³digo Penalā€.

Entre las mĆŗltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonĆ­a celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito ā€œresponde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicialā€ y, en cuanto a ello, agrega que ā€œse han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamĆ”s deberĆ­an producirseĀ».

Analizan desde el Gobierno Nacional que Ā«es justamente la falta de reacciĆ³n por parte del Ć³rgano disciplinario ā€“en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en polĆ­ticaā€.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: ā€œGran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la NaciĆ³n. En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artĆ­culo 4Ā° de la ley nĀ° 17.516 faculta al ‘Estado’ en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artĆ­culo 22 de la ley de ministerios (ley nĀ° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como Ć³rgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio pĆŗblicoā€.