Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera

La renuncia de Marcos Carasso al Tribunal de Cuentas de Córdoba marca mucho más que la salida de un funcionario. Representa un fuerte impacto para un sector de la política cordobesa que durante años construyó poder sobre la base de acuerdos, posicionamientos estratégicos y una importante presencia institucional.

La imputación por presunto tráfico de influencias en una causa derivada de la investigación por la millonaria defraudación al PAMI de Río Cuarto terminó por romper el silencio que rodeaba a un expediente que ya venía generando preocupación en distintos ámbitos políticos. Los allanamientos realizados en General Cabrera y en dependencias vinculadas a sus funciones oficiales terminaron de darle dimensión pública a una situación que hasta hace pocos días transitaba entre rumores y especulaciones.

Carasso no es un dirigente más dentro del radicalismo cordobés. Fue intendente, diputado nacional, presidente de la UCR provincial y candidato a vicegobernador junto a Luis Juez. Su trayectoria lo convirtió en uno de los principales referentes de un espacio que aspiraba a representar una alternativa de poder en Córdoba. Por eso, el impacto político de esta causa trasciende ampliamente la situación personal del exfuncionario.

La investigación judicial deberá determinar responsabilidades y garantizar el debido proceso. Sin embargo, en términos políticos, el daño ya está hecho. Cuando un dirigente de semejante exposición pública queda vinculado a una causa de estas características, inevitablemente se pone bajo la lupa todo el entramado de relaciones, nombramientos y decisiones que acompañaron su recorrido en la función pública.

La causa del PAMI Río Cuarto ya era, por sí misma, uno de los expedientes más sensibles de los últimos años. La sospecha de que se habrían facturado prestaciones médicas que nunca se realizaron, con un perjuicio estimado en 1.400 millones de pesos, golpea directamente sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jubilados. Si a ese escenario se le suma ahora la posible existencia de tráfico de influencias, el caso adquiere una gravedad institucional aún mayor.

También aparece una discusión que excede a los nombres propios. La utilización de estructuras estatales para favorecer intereses particulares es una de las prácticas que más deteriora la confianza ciudadana en las instituciones. Cada vez que surge una denuncia de este tipo, la política pierde credibilidad y se profundiza la distancia entre los dirigentes y la sociedad.

La renuncia de Carasso puede interpretarse como una decisión necesaria para evitar que la crisis alcance al Tribunal de Cuentas y a otros sectores del sistema político provincial. Pero difícilmente alcance para cerrar el capítulo. La Justicia deberá avanzar y esclarecer si existieron o no las conductas denunciadas.

Mientras tanto, el caso deja una enseñanza incómoda para toda la dirigencia. Los cargos públicos no pueden convertirse en refugios de privilegios ni en plataformas para ejercer influencias indebidas. Cuando la sospecha de corrupción se instala en el corazón mismo de las instituciones, no sólo queda comprometido un dirigente; queda cuestionada la calidad de la democracia y la confianza pública que sostiene al sistema.
Otro de los aspectos que genera interrogantes en torno a la figura de Carasso está vinculado a la situación laboral de su hija dentro de la Legislatura de Córdoba. Distintos sectores del radicalismo del sur provincial han señalado que su incorporación y permanencia en la estructura legislativa formarían parte de una modalidad de construcción de poder basada en relaciones de influencia política, una práctica que históricamente ha sido cuestionada dentro y fuera de su propio espacio partidario.

Precisamente, la imputación por presunto tráfico de influencias vuelve a poner bajo análisis ese tipo de vínculos y mecanismos de funcionamiento. Si bien será la Justicia la encargada de determinar si existieron conductas ilícitas, para muchos dirigentes y observadores de la política cordobesa el caso expone una forma de ejercer el poder en la que las relaciones personales, los acuerdos políticos y la ocupación de cargos estratégicos aparecen como elementos centrales de un mismo esquema.

La situación adquiere una dimensión aún mayor porque no se trata de un dirigente periférico sino de uno de los principales referentes del radicalismo cordobés de los últimos años. Por eso, las sospechas que hoy pesan sobre Carasso no sólo afectan su situación personal, sino que proyectan dudas sobre los mecanismos de construcción política que le permitieron acumular poder y sostener influencia en distintos ámbitos del Estado.