El Consejo Económico y Social de Río Cuarto expresó su preocupación por el estado actual del sistema judicial en la ciudad y el sur de Córdoba, al considerar que la estructura existente resulta insuficiente para dar respuesta a la creciente demanda de una población que supera los 311 mil habitantes.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del organismo, Sergio Saleme, y la vicepresidenta Antonia Oggero, acompañados por representantes de distintas instituciones de la comunidad, presentaron un diagnóstico sobre las principales dificultades que atraviesa el servicio de Justicia en la región.

Participaron además Alberto Fernández, en representación del Colegio de Abogados; Iván Sagadi y Alicia Asencio por el CECIS; y Fernando Lagos por la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Según expusieron, una de las problemáticas más preocupantes se registra en el ámbito penal, donde las fiscalías reciben en promedio más de mil causas mensuales, mientras que la estructura operativa prácticamente no ha tenido modificaciones significativas en las últimas cuatro décadas. De acuerdo con los datos presentados, el nivel de resolución de expedientes resulta insuficiente frente al volumen de ingresos.

A esta situación se suma la falta de recursos técnicos y humanos. Desde el Consejo señalaron que existen carencias en materia de insumos forenses, limitaciones en los equipos técnicos interdisciplinarios y vacantes que permanecen sin cubrir en distintos fueros, lo que genera importantes demoras en la tramitación de causas.

En el ámbito laboral, por ejemplo, indicaron que algunos procesos judiciales superan los dos años de espera para obtener sentencia, una situación que impacta directamente en trabajadores y empleadores que aguardan una resolución.

Desde la entidad remarcaron que el problema excede a los operadores judiciales y afecta de manera directa a los ciudadanos que recurren a los tribunales en busca de respuestas. “No se trata de una disputa sectorial, sino de una cuestión vinculada a la calidad institucional y al acceso efectivo a la Justicia”, señalaron durante la presentación.

Frente a este escenario, el Consejo Económico y Social anunció que impulsará un pedido formal ante los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Córdoba para que se asignen los recursos presupuestarios necesarios que permitan fortalecer el sistema judicial regional.

Los representantes de las instituciones coincidieron en que la incorporación de personal, la cobertura de vacantes y la mejora de la infraestructura resultan medidas indispensables para revertir el actual nivel de saturación y garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, sostuvieron que corregir estas deficiencias constituye una condición necesaria para preservar las garantías constitucionales y mejorar el funcionamiento de uno de los servicios esenciales para la comunidad de Río Cuarto y el sur provincial.