La Defensoría del Pueblo de Río Cuarto y la Auditoría General de Villa María, junto a intendentes municipales de distintos puntos de la provincia, emitieron un pronunciamiento conjunto en rechazo al proyecto de modificación del régimen de Zona Fría impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional y enviado al Honorable Congreso de la Nación mediante el Mensaje MEN-2026-137-APN-PTE, con fecha 4 de mayo de 2026.

Las instituciones sostuvieron que el régimen vigente, establecido por la Ley N.º 27.637, constituye una garantía de acceso equitativo a la energía y advirtieron que su desmantelamiento implicaría una vulneración de derechos constitucionales y convencionales de los usuarios.

El documento remarca que departamentos como Córdoba Capital, Calamuchita, Santa María, Río Cuarto, San Javier, Marcos Juárez, Unión, Río Segundo, Tercero Arriba, General Roca, General San Martín, Juárez Celman y Presidente Roque Sáenz Peña presentan características climáticas diferenciadas respecto del norte provincial y otras regiones incluidas en la misma concesión de Gas del Centro S.A., aunque actualmente comparten el mismo cuadro tarifario.

En ese sentido, destacaron que la incorporación de estas zonas al régimen de Zona Fría fue el resultado de años de gestión y respaldo técnico, y consideraron que una eventual derogación implicaría “retroceder a una situación de inequidad insostenible”.

Entre las principales consecuencias que proyectan ante una eventual aprobación del proyecto nacional, señalaron:

  • La pérdida total del diferencial tarifario para usuarios residenciales.
  • Aumentos estimados en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, especialmente durante el invierno.
  • Un fuerte impacto sobre familias trabajadoras y sectores medios.
  • El agravamiento de la pobreza energética, con restricciones en el uso de calefacción.
  • Un incremento en la morosidad del pago de facturas.
  • Riesgos de que hogares vulnerables caigan por debajo de la línea de pobreza debido al incremento del gasto energético.

Además del impacto económico inmediato, las entidades advirtieron sobre consecuencias estructurales a mediano y largo plazo, entre ellas la profundización de las desigualdades regionales, el debilitamiento del federalismo cooperativo y un eventual aumento del gasto en salud pública vinculado a enfermedades respiratorias derivadas de la falta de calefacción adecuada en invierno.

En el documento, los firmantes rechazaron específicamente la derogación de los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley N.º 27.637 y solicitaron al Congreso Nacional que no avance con el proyecto en su formulación actual.

También reclamaron al Poder Ejecutivo Nacional la presentación de datos auditados y transparentes sobre el estado financiero del Fondo de Zona Fría, además de convocar a una audiencia pública federal con participación de provincias, municipios, distribuidoras, defensorías y organismos técnicos como el ENARGAS.

Como alternativa, propusieron revisar el esquema de financiamiento mediante modificaciones en la tasa del aporte solidario o complementar el criterio territorial con franjas socioeconómicas, sin eliminar la base territorial del sistema.

Finalmente, reafirmaron que “el acceso equitativo a la energía es un derecho humano” y sostuvieron que “la igualdad tarifaria en territorios climáticamente desiguales produce injusticia material”, principio que consideraron central para orientar cualquier futura reforma del régimen de Zona Fría.