Por Gustavo Román. Director Propietario La RiberaÂ
La reciente condena a Cristina Kirchner ha desatado una ola de reacciones en la sociedad argentina, señalando el cruce problemático entre la polÃtica y la justicia, asà como las profundas implicaciones que este fallo judicial tiene para la institucionalidad del paÃs. En este contexto, es fundamental considerar la opinión de Mariano Cúneo Libarona, actual Ministro de Justicia de la Nación, quien anteriormente expresó serias dudas sobre la validez de esta sentencia.
Cúneo Libarona ha argumentado que la decisión judicial carece de un análisis riguroso de las pruebas presentadas y presenta errores significativos en la interpretación de los hechos. Al resaltar que la acusación no establece un vÃnculo directo entre Cristina Kirchner y los delitos imputados, enfatiza la necesidad del principio de presunción de inocencia, fundamental en un estado de derecho.
Un aspecto crÃtico de esta situación es el fallo de la Suprema Corte de Justicia, cuyos integrantes han sido designados en circunstancias cuestionables. Al menos dos de los jueces que emitieron esta decisión fueron nombrados de manera irregular, un hecho que ha contribuido a erosionar la confianza pública en el sistema judicial. En este marco, la sociedad argentina se manifiesta con un amplio rechazo hacia la Corte, lo que pone de relieve la mala opinión que existe sobre sus miembros. Esto no es un detalle menor, ya que un tribunal cuyo respaldo popular es escaso está destinado a ser percibido como una extensión de intereses polÃticos, más que un verdadero garante de la justicia.
La gravedad de este fallo no solo afecta a la figura de Cristina Kirchner; establece un precedente alarmante para la institucionalidad del paÃs. La legitimidad de la decisión judicial se encuentra en entredicho, lo que sugiere que funcionarios del poder ejecutivo, desde intendentes hasta gobernadores y presidentes de la Nación, podrÃan verse expuestos a sanciones similares en el futuro. Este principio crea un clima de incertidumbre y miedo en la polÃtica nacional, donde el ejercicio de funciones gubernamentales se vuelve vulnerable a interpretaciones judiciales potencialmente arbitrarias.
Las advertencias de Cúneo Libarona se vuelven aún más relevantes en este contexto. La desconfianza en la Corte Suprema no solo cuestiona la integridad del poder judicial, sino que también plantea interrogantes sobre su capacidad para operar como un contrapeso al poder ejecutivo, una función fundamental en una democracia.
En resumen, la condena a Cristina Kirchner marca un punto crÃtico en la historia polÃtica argentina. La crÃtica a la composición irregular de la Corte y el amplio rechazo social hacia sus integrantes debe ser un llamado de atención para la sociedad y las instituciones. Es imperativo reexaminar el papel del sistema judicial y su interrelación con la polÃtica, para garantizar que la justicia no se convierta en un instrumento de persecución, sino en un pilar que fortalezca la democracia y la institucionalidad.
Este momento exige una reflexión profunda y honesta sobre el estado actual de la justicia en el paÃs. Solo asà se podrá restaurar la confianza en un sistema que enfrenta serias dudas sobre su integridad y capacidad para garantizar un juicio justo, un elemento esencial para la salud de nuestra democracia.
