La diputada Soledad Carrizo solicitó al Poder Ejecutivo Nacional y a la Gobernación de Córdoba, un pedido de informes en relación a las denuncias de irregularidades en la asignación y gestión de control de beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
Soledad Carrizo pidió informes por el Potenciar Trabajo, en relación a las denuncias de irregularidades en la asignación y gestión de control de beneficiarios del Programa: “Los débiles mecanismos de control y prevención aplicados en la gestión de programas sociales por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social provocaron reiteradas denuncias, muchas de las cuales tomaron estado público y motivaron procesos judiciales que hoy se encuentran en trámite, se destaca por su gravedad el que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, vinculado a aproximadamente 160.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que carecen de las condiciones para recibir los beneficios”, explicó la diputada.
Carrizo solicita que se informe si existe alguna comunicación oficial que surga de la investigación que al respecto instruye el fiscal Guillermo Marijuan, y cuáles son los mecanismos de control y auditoria que utiliza el Ministerio de Capital Humano para asegurar el correcto otorgamiento y asignación de planes y programas sociales, y en particular sobre el Programa “Potenciar Trabajo”.
Con la misma línea y argumentación, la legisladora cordobesa Ariela Szpanin realizó un pedido en la Legislatura de la Provincia de Córdoba exigiendo a la Gobernación Provincial que informe si ha detectado irregularidades o incompatibilidades respecto al otorgamiento y gestión de este Programa Nacional en la provincia y si existen sistemas informáticos entre organismos del estado nacional y las jurisdicciones provinciales, que permitan el entrecruzamiento de datos.
“El avance de esta causa a cargo del fiscal Marijuan ha permitido develar la existencia de una gran cantidad de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que tienen la condición de “empleados públicos” en distintas provincias a partir de informes requeridos por el fiscal a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una gran cantidad de proyectos presentados sobre el tema ante esta Cámara no se han tratado, por eso creemos que es necesario conocer con detalle cómo las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano están abordando la situación.” concluyó la diputada Carrizo.
