De la mano de ATE, el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas evalúa también medidas de fuerza en las provincias cuyos gobernadores acompañen el proyecto oficialista. Este miércoles se reunirán con gremios de la CGT.

Luego de un encuentro al que convocó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el Hotel Héctor Quagliaro, el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas convocó este martes a un paro nacional con movilización para el día que se trate en el Senado el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Asimismo, adelantaron que se evalúan medidas de fuerza en los primeros días de febrero en las provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto del oficialismo.

Además, buscarán extender la convocatoria al paro nacional al sector más «combativo» de la Confederación General del Trabajo (CGT) en una reunión que mantendrán este miércoles en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE, sostuvo que la convocatoria a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es «absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero», pero remarcó que no debe tratarse de una «medida aislada», sino enmarcada en un plan de lucha.

«Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores», sostuvo Aguiar.

Sobre las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya mantuvo con algunas de las máximas autoridades provinciales, el dirigente estatal apuntó que “muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede”. En ese marco, advirtió: “Tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”.

Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios.

Fuente: NA