Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera

El mensaje que dejaron las urnas en el mes de octubre admite múltiples interpretaciones. Puede leerse desde distintos enfoques, pero contiene un contenido ineludible: este modelo ya no representa a una parte significativa de la sociedad.

En Córdoba, esa definición electoral convive rápidamente con paradojas difíciles de explicar. A partir de allí, se vuelve inevitable intentar desandar el camino que conecta el mensaje de las urnas con los posicionamientos posteriores de los distintos sectores de la actividad económica y política de la provincia.

Cuando se observa el respaldo contundente al Gobierno nacional y a sus medidas, la interpretación lógica es que el mandato social también alcanza a los gobiernos provinciales y municipales: replicar ese mismo modelo de administración en todos los niveles del Estado.

El Gobierno nacional ha definido como objetivo central el equilibrio fiscal. Para alcanzarlo, decidió abandonar buena parte de sus responsabilidades institucionales básicas: desfinanció la salud y la educación, y congeló la obra pública como medidas primarias del ajuste.

Sin embargo, aquí aparece la contradicción. Los mismos electores que, en el plano nacional, respaldan estas decisiones, reclaman con vehemencia por obra pública, por un sistema de salud y educación con financiamiento adecuado y por la llegada de recursos a sus territorios.

Cuando desde la provincia se plantea la necesidad de un ajuste, o cuando los municipios intentan ordenar sus cuentas, abundan las críticas y las descalificaciones. Especialmente llamativas son aquellas provenientes de dirigentes políticos que acompañan sin reparos el ajuste nacional, al que defienden incluso cuando se manifiesta de manera insensible y violenta. Se aplaude el ajuste nacional, pero se cuestionan las mismas medidas cuando se aplican a nivel provincial o local.

Las consecuencias negativas del modelo libertario están a la vista: caída de las ventas en el comercio, cierre de industrias, consumo en niveles críticos y un escenario social cada vez más preocupante.

Transitamos un tiempo de desfinanciamiento estructural. La Nación lo enfrenta con un endeudamiento feroz, sin que ello genere mayores cuestionamientos. Sin embargo, cuando provincias y municipios buscan financiamiento externo, son duramente criticados.

Este tiempo político es profundamente crítico. Las representaciones políticas parecen haberse reducido a un zócalo mínimo. El Congreso de la Nación, en muchos casos, se ha transformado en una vergüenza intelectual e institucional.

En este primer cuarto de siglo del nuevo milenio, la realidad vuelve a demostrarnos que siempre se puede estar peor. Parte de la dirigencia política se muestra perversa, cínica, autoritaria e ignorante y, lo que resulta aún más grave, violenta. Un cuadro que preocupa desde cualquier mirada que aspire a la racionalidad, al análisis serio y al respeto por la institucionalidad.

Transitando los últimos días de un 2025 que deja un sabor amargo, prevalecen una profunda preocupación y una escasa confianza en encontrar un rumbo claro con esta política nacional.

Pero lo que más inquieta es la ignorancia voluntaria de un segmento importante y representativo de la sociedad, que avala y acompaña un escenario de desquicio institucional, donde la individualidad y la insensibilidad se han apropiado del sentido común.

Frente a este contexto, no queda otra alternativa que resistir con hidalguía, con compromiso y con el ejercicio responsable de nuestra profesión. Resistir desde la pluralidad, la tolerancia y el respeto, pero también con las convicciones intactas: el camino de la violencia, la intolerancia y el individualismo extremo no es el que elegimos para nuestras vidas.