La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning (UCR), presentó un proyecto de ley que busca establecer la prohibición permanente de contacto laboral o voluntario con menores de edad a toda persona condenada por delitos violentos contra niños, niñas o adolescentes. La iniciativa apunta a fijar un marco legal de alcance nacional que garantice entornos seguros en espacios donde se desarrollan actividades con infancias y adolescencias.

El proyecto contempla la prohibición para quienes hayan recibido sentencia firme por delitos como abuso sexual, violencia física o cualquier otro tipo de agresión contra menores, y alcanza tanto al ámbito público como al privado, incluyendo instituciones educativas, deportivas, sociales y culturales.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales como condición para acceder a trabajos o tareas voluntarias que impliquen contacto habitual con menores. En caso de que la persona esté procesada por estos delitos, deberá ser trasladada o apartada preventivamente hasta que haya una resolución judicial. Si la condena se produce durante el ejercicio del cargo, el cese de funciones deberá ser inmediato.

Además, se establece que organizaciones no gubernamentales y entidades que trabajen con voluntarios también deberán aplicar los mismos criterios y prescindir de quienes se encuentren procesados o condenados.

“Actualmente, las inhabilitaciones penales para este tipo de delitos se aplican solo durante el tiempo que dura la condena. Este proyecto busca que la prohibición sea permanente, y que el contacto con menores quede totalmente vedado para quienes tengan antecedentes por este tipo de crímenes”, explicó la diputada.

Brouwer de Koning subrayó también la necesidad de una normativa de alcance federal que unifique criterios en todas las jurisdicciones del país. “Hoy no existe un panorama único a nivel nacional. Hay provincias con más controles y otras sin normativa clara. Necesitamos establecer presupuestos mínimos comunes para que estas restricciones se apliquen en todo el territorio argentino”, remarcó.

La legisladora destacó que esta propuesta busca cerrar vacíos legales existentes, ya que las actuales restricciones solo afectan al sector público o a determinados cargos, mientras que espacios como escuelas privadas, clubes deportivos o centros recreativos no están obligados a realizar este tipo de controles.

“De nada sirve que el Estado prohíba el contacto en sus instituciones si en el ámbito privado no se establecen las mismas exigencias. Por eso creemos que el Congreso tiene la responsabilidad de legislar con una mirada integral”, sostuvo.

La iniciativa se enmarca dentro de un conjunto de proyectos que la diputada viene impulsando en el Congreso para fortalecer los mecanismos de prevención y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y promover una sociedad más segura, consciente y comprometida con las infancias.