El diputado nacional por Córdoba sostuvo que los cambios impulsados por el Gobierno nacional no crearán empleo y advirtió sobre los riesgos de eliminar derechos adquiridos. Recordó que experiencias similares en el pasado derivaron en mayor precarización y pérdida de puestos de trabajo.

El presidente Javier Milei reiteró su intención de avanzar, una vez concluidos los comicios, con una reforma laboral y tributaria. Frente a este anuncio, el diputado nacional Pablo Carro expresó su rechazo y consideró que las modificaciones planteadas “no generarán empleo, sino que ampliarán la precarización y el desempleo”.

Diversos sindicatos y especialistas en derecho laboral advirtieron en las últimas semanas sobre las consecuencias que podría tener un cambio estructural en el sistema de convenios colectivos por rama. De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 75 por ciento de los trabajadores registrados se encuentra actualmente bajo convenios sectoriales que garantizan condiciones mínimas de contratación y estabilidad. Su eliminación, según los gremios, podría afectar los niveles salariales y de protección social.

Carro sostuvo que la orientación del Gobierno “busca desregular el mercado laboral en beneficio de los sectores más concentrados de la economía”. “Los proyectos que están en análisis pretenden que los propios trabajadores financien sus despidos, liberando a las patronales de esa responsabilidad”, expresó el legislador.

El diputado agregó que una actualización del sistema laboral es posible, pero sin afectar derechos conquistados. “Sabemos que el mercado de trabajo cambió y que la tecnología transformó las relaciones laborales. Sin embargo, sustituir la indemnización por un seguro de desempleo sostenido con fondos aportados por los trabajadores es un retroceso que no podemos aceptar”, manifestó.

Carro recordó que medidas similares aplicadas en décadas anteriores tuvieron resultados negativos. “Durante los años noventa, con políticas de flexibilización y reducción de aportes patronales, el desempleo llegó al 25 por ciento en 2001”, señaló. Según datos oficiales del INDEC, el empleo informal se ubica actualmente en torno al 36 por ciento, con un crecimiento interanual de más de dos puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia sostenida en la pérdida de empleo formal.

El legislador también hizo referencia a los antecedentes del Decreto 70/23 y de la Ley Bases, que introdujeron modificaciones laborales y fueron cuestionadas por la Justicia. “Varios tribunales laborales declararon inconstitucionales artículos que avanzaban sobre derechos básicos. Desde que esas medidas comenzaron a implementarse, aumentó el desempleo y el trabajo no registrado”, explicó.

De acuerdo con el último informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, publicado en septiembre, el empleo formal privado registró una caída del 1,8 por ciento interanual, lo que equivale a cerca de 120 mil puestos de trabajo menos en comparación con el mismo período del año anterior.

Por último, Carro anticipó que promoverá un espacio de diálogo con las centrales sindicales y los bloques legislativos que mantengan una posición de defensa del empleo y de los derechos laborales. “Una reforma laboral puede discutirse, pero siempre en el marco del respeto a los trabajadores y a las condiciones que garantizan estabilidad y justicia social”, concluyó.