Por Sandra Choroszczucha. Politóloga y Profesora de la UBA.

Cuesta que muchos presidentes entiendan que el régimen presidencialista implica la división y equilibrio de tres poderes. Dos de estos tres poderes son políticos: el Ejecutivo y el Legislativo.
En el Legislativo se debaten las leyes que luego deben promulgarse en el poder Ejecutivo. Hubo gobiernos que contaron con mayorías parlamentarias y la tenían más fácil, hubo gobiernos que no, y el gobierno libertario de Milei en particular, la tiene bien complicada, ya que cuenta con hiper minoría en la Cámara de Diputados (38 de un total de 257) y en la Cámara de Senadores (7 de un total de 64).

Con estos datos, Milei debería forjar buenos vínculos con la oposición, mantener un buen diálogo, porque “las ratas de los degenerados fiscales” pueden no sentirse muy propensas a brindar el consenso necesario para que el gobierno pueda instrumentar la cantidad de medidas que necesita implementar con extrema premura. Milei tiene mucha suerte, porque muchas “ratas de los degenerados fiscales” igualmente leponen onda, y se bancan estos desprecios e insultos del presidente mientras la mayoría se encuentra dispuesta a recibir las propuestas del gobierno, para debatirlas, ya sea para aprobarlas total o parcialmente, o no aprobarlas y proponer otras opciones alternativas si consideran que no son adecuadas para el bienestar general.

Aquello que aun parece no entender el presidente Milei es que la voluntad de un legislador no se define siempre respecto a una persona o respecto a un gobierno, muchas veces las voluntades se definen por asuntos a resolver. Si la voluntad de un legislador se definiría respecto a una persona, probablemente Javier Milei no obtendría más que los pocos votos de su propio partido, o menos aun, porque también maltrata con frecuencia a los dirigentes propios, pero Milei obtiene en cada debate parlamentario un apoyo muy superior a los pocos
propios con los cuales simpatiza.

“Los cheques en blanco” que pretenden con frecuencia obtener los presidentes son nocivos en una república. Porque esos cheques en blanco querrían decir que los presidentes en funciones
nunca se equivocan, cuando lo cierto es que las personas y los gobiernos aciertan y desaciertan, por eso es fundamental que los legisladores puedan en algunos casos acompañar y en otros no las pretensiones de los presidentes.

La movilidad jubilatoria, el Congreso y el Poder Ejecutivo: Gran cantidad de legisladores de la oposición y de La Libertad Avanza apoyan, por ejemplo, el ordenamiento macroeconómico que implica disciplina fiscal y monetaria, pero no acompañan una agenda institucional que pretende atropellar al Congreso, o maltratar al periodismo, o imponer a un juez para la Corte Suprema sospechado de ser cómplice de la más alta corrupción, o aplicar ajustes sobre sectores que definitivamente no son “la casta” y que con las medidas que Milei promueve desmejoran sideralmente la calidad de vida cotidiana (sobre los jubilados, los sectores medios, la educación pública, etc.).

Es importante recordar que el gasto tributario reúne 32 regímenes especiales con exenciones y perdones fiscales y tributarios a diferentes sectores de la Economía, muchos de los cuales tendrán razón de ser, otros no tanto, y todos estos regímenes especiales representan la mitad del total del gasto tributario. La pregunta que se formulan muchos legisladores y que respondieron con su voto cuando se debatió la ley de movilidad jubilatoria, es si un momento donde los jubilados están pagando el 40% de todo el esfuerzo fiscal del gobierno de Milei, no sería más prudente buscar el equilibrio fiscal en algunos otros sectores que reciben trato preferencial y no en nuestros adultos mayores que tienen un ingreso mensual aquí y ahora de $234.540 más los $70.000 del bono fijo, lo cual suma $ 304.540.

Lo que pretende la movilidad jubilatoria aprobada en ambas Cámaras, pero vetada por el presidente Milei, es llevar el haber jubilatorio de modo fijo por ley (ya sin bono) a $317.704. Con este aumento no se pretende que el gobierno de Milei asuma pagar una jubilación que viene atrasada hace ya varias gestiones presidenciales y que se deterioró más aun durante el último gobierno del Frente de Todos. Con este aumento votado por el Congreso, se pretende que Milei reconozca ahora la inflación que comenzó durante su gestión (asumió el 10 de diciembre de 2023) y se le pide que reconozca la inflación de enero de 2024 en adelante para que los jubilados no sigan perdiendo poder adquisitivo tras los suculentos aumentos del IPC sufridos a partir de su gestión.

Milei con idas y vueltas admitió ir actualizando las jubilaciones por decreto “trampeando” un porcentaje de la inflación del mes de enero, un porcentaje de 8,1%. Aquello que se le pide al presidente es que reconozca este porcentaje que forma parte ya del IPC de su gestión, y con esto se le pide que los jubilados de la mínima que son la gran mayoría, con este monto logren por fin llevar la jubilación a la línea de pobreza de un adulto mayor.

Tremendo, pero esto es lo que se le pide a Milei, que nuestros adultos mayores jubilados lleguen a la línea de pobreza, porque actualmente no llegan. También la ley contempla que a medida que vaya creciendo la actividad, los haberes se actualicen no solamente de acuerdo al IPC sino a la evolución de los salarios, ya que si la actividad crece, pueden crecer los salarios más que el IPC y por eso se contempla en esta ley que los jubilados puedan cobrar la mitad de la recomposición salarial. Así como están las cosas, si crece la actividad, se recauda más, aumentan los salarios, pero las jubilaciones no.

Esto es lo que se votó en el Congreso y esto es lo que vetó Milei. Mientras tanto las exenciones y perdones fiscales a los 32 regímenes especiales siguen en pie, se financió gastos reservados para la SIDE por $100.000 millones, se compran aviones de guerra en un país que no tiene ningún conflicto bélico ni se encuentra próximo a tenerlo, y los jubilados siguen estando por debajo de la línea de pobreza.

Por último, cabe destacar la gravedad institucional que reviste que el presidente venga decidiendo discrecionalmente sobre la movilidad jubilatoria, que la misma Corte Suprema ha indicado en repetidas ocasiones que es responsabilidad del Congreso. Por tal motivo, que el presidente vete una ley sancionada con un consenso tan mayoritario y considere que la movilidad jubilatoria puede manejarse a través de un DNU, demuestra una fragilidad que impacta en la baja calidad de nuestra seguridad jurídica, lo cual podría seguir espantando esas inversiones prometidas que no llegan.