Un informe recientemente publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina revela que, en 2024, más de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes experimentaron inseguridad alimentaria, con un 35,5% que sufrió algún tipo de dificultades y un 16,5% en su forma más grave. Los datos fueron publicados esta semana por la Agencia Informativa Católica Argentina (Aica).
Según el estudio, este problema afecta a un tercio de la infancia argentina y se agravó por factores como la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo.
El informe sobre «Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual» analizó datos desde 2010 hasta 2024 y destaca un aumento alarmante en la inseguridad alimentaria en los últimos años, con picos en 2018, 2020 y 2024.
La inseguridad alimentaria, según el estudio, implica la falta de acceso regular a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales. Esto no sólo afecta la salud fÃsica de los niños, sino también su desarrollo cognitivo, fÃsico y emocional.
Los hogares más afectados son aquellos encabezados por personas con trabajos informales o desempleadas, hogares monoparentales y núcleos familiares numerosos.
El estudio también señala que la asistencia a comedores escolares y comunitarios, asà como la entrega de viandas, son las principales ayudas para paliar esta situación, con un 11,1% de los niños y adolescentes beneficiándose de esta asistencia.
En resumen, el informe de la UCA evidencia la gravedad de la inseguridad alimentaria infantil en la Argentina, un problema complejo que requiere soluciones estructurales y polÃticas públicas eficaces para garantizar el acceso a una alimentación adecuada para todos los niños y adolescentes del paÃs.
La presentación se realizó el 10 de julio y estuvo a cargo de Ianina Tuñón y Valentina González Sisto (ODSA-UCA) junto a referentes clave en la temática: Sergio Britos (CEPEA, UBA, UCA), MarÃa Eugenia Herrera Vegas (CESNI), Catalina Hornos (Haciendo Camino) y Alberto Cimadamore (IIEP UBA-Conicet).
Un problema grave y en sostenido crecimiento
La inseguridad alimentaria (IA) en la infancia es un problema estructural agravado por crisis coyunturales. Entre 2010 y 2024, la IA infantil en la Argentina mostró una tendencia sostenida al alza, con picos en 2018, 2020 y 2024. En el último año, el 35,5% de niños/as y adolescentes (NNyA) atravesó IA, y el 16,5% IA severa.
Las determinantes estructurales fuertes de este fenómeno son la pobreza, el empleo precario y el desempleo, y la pertenencia a estratos sociales bajos. La IA afecta de modo particular a hogares pobres, con jefes/as con inserción laboral precaria, monoparentales y numerosos (5 o más miembros). El empleo es el factor decisivo.
Por otro lado, se demostró que la problemática tiene un impacto desigual según la región y la composición del hogar. El AMBA muestra mayores niveles de IA que el Interior Urbano, especialmente a partir de 2017. La monoparentalidad se mantiene como un factor de riesgo a lo largo del tiempo.
La AUH más la TA tuvo un efecto protector frente a la IA, especialmente en contextos crÃticos. Si bien los hogares que la reciben son más vulnerables estructuralmente, el análisis con modelos de efectos fijos muestra que la AUH+TA reduce significativamente la IA.
El informe da cuenta de que, aunque polÃticas como la AUH (+TA) ayudan a mitigar el riesgo alimentario, su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes, especialmente la precariedad laboral de los adultos. Comprender estas dinámicas es clave para diseñar polÃticas públicas integrales que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la IA.
Finalmente, plantea que, para enfrentar eficazmente la IA infantil, es crucial implementar polÃticas públicas integrales centradas en la inclusión laboral, el fortalecimiento de programas de transferencia de ingresos como la AUH (+TA), y la construcción de sistemas de protección social intersectoriales. Estas estrategias deben priorizar a los hogares más vulnerables, revalorizar el rol de la escuela como espacio de contención y diseñarse con un enfoque territorial y federal. Además, es fundamental garantizar el derecho a una alimentación adecuada mediante la transformación de los sistemas alimentarios hacia modelos más sostenibles y equitativos.
