Llaryora afirmó que la baja de impuestos provinciales permitirá que $900 mil millones vuelvan a la economía cordobesa. Adelantó que el año próximo habrá más rebajas impositivas. Además, ratificó que la lucha contra el narcotráfico es una política central de su gestión y anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior provincial. Por último, el gobernador cuestionó a la oposición por no acompañar leyes clave contra el delito y el narcotráfico.

El discurso inaugural del 148° período legislativo estuvo a cargo del gobernador Martín Llaryora. La sesión se desarrolló en Laboulaye, en el Cine Teatro Sporting.

El gobernador Martín Llaryora aseguró que la política de reducción impositiva puesta en marcha por la Provincia permitirá que 900 mil millones de pesos regresen a los bolsillos de los cordobeses, en un contexto económico nacional marcado por el ajuste fiscal y la caída de recursos para provincias y municipios. El esquema de reducción impositiva plasmado en los cedulones que ya disponen los contribuyentes contempla un impacto directo sobre el impuesto inmobiliario.

De esta manera, el 40% de los propietarios pagará este año un 25% menos que en 2025, mientras que el 11% abonará el mismo monto. El resto de los contribuyentes tendrá una actualización por debajo de la inflación prevista, estimada en torno al 28%.

Además, la Provincia avanzó en la reducción de Ingresos Brutos para pequeños comercios y mantiene exenciones impositivas orientadas a favorecer la producción, con el objetivo de estimular la actividad económica. Al referirse al escenario actual, el mandatario sostuvo que el ajuste impulsado a nivel nacional impactó con mayor fuerza en los gobiernos subnacionales y en la población.

“Somos quienes más recursos perdimos en manos de la Nación y, al mismo tiempo, quienes estamos cubriendo servicios y programas sociales esenciales que fueron suprimidos”, señaló. En ese marco, Llaryora remarcó que la Provincia decidió sostener áreas clave como salud, educación e infraestructura, al considerar que no puede haber desarrollo económico sin inversión pública ni generación de empleo.

Entre las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión, el gobernador destacó la reducción de estructuras gubernamentales y el congelamiento de los salarios de la planta política, una política que —según indicó— se mantendrá hasta que mejoren las condiciones económicas. “Gracias a esas decisiones hoy podemos aliviar la presión tributaria y dinamizar la economía provincial”, afirmó.

“Cada peso que un cordobés deja de pagar en impuestos es un peso que vuelve a la economía real”, sostuvo Llaryora, al tiempo que planteó que estas medidas no solo apuntan a sostener el consumo y la producción en Córdoba, sino también a contribuir a una eventual recuperación de la economía nacional.

Llaryora anunció una suba de la jubilación mínima provincial a 800 mil pesos

Martín Llaryora anunció un aumento de la jubilación mínima provincial, que pasará a ser de 800 mil pesos, y confirmó que Córdoba avanzará además en la restitución del 82% para un mayor número de jubilados antes de fin de año. Con este aumento la jubilación provincial se posiciona entre las más altas del país, a la vez que prioriza a los jubilados que menos ganan y más necesitan, en un contexto económico complejo a nivel nacional.

La medida se inscribe en una serie de definiciones adoptadas por la Provincia para sostener el sistema previsional y fortalecer el poder adquisitivo de los haberes más bajos.

En su mensaje, el mandatario ratificó su compromiso de defender la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, frente a los planteos que impulsan su traspaso a la Nación o a otros ámbitos de administración.

Llaryora advirtió que una eventual transferencia implicaría una fuerte caída de los ingresos de los jubilados provinciales y los colocaría en una situación similar a la que atraviesan hoy muchos jubilados nacionales, con serias dificultades para cubrir necesidades básicas y acceder a medicamentos.

“Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, afirmó el gobernador, al destacar que la Provincia decidió asumir decisiones complejas para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin resignar derechos.

En ese marco, recordó el envío a la Legislatura de la Ley de Equidad Jubilatoria, una norma que establece un esquema de esfuerzo compartido y solidario entre trabajadores activos y pasivos, bajo el principio de que quienes más ingresos perciben, más aportan. “Gracias a esa política, indicó, fue posible reducir el déficit del sistema previsional”, aseguró.

Como resultado de estas medidas, en diciembre pasado más de 50 mil jubilados provinciales recuperaron el 82%, mientras que unos 10 mil beneficiarios dejaron de realizar el aporte del 20% previsto en el artículo 58.

Lucha contra el narcotráfico: la FPA sumará cinco nuevas sedes en el interior y el Gobierno impulsará la Ley Antibúnker

El gobernador ratificó que la lucha contra el narcotráfico es una política central de su gestión y anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el interior provincial, junto con el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley Antibúnker o Antiaguantaderos destinado a desarticular puntos de venta de drogas y “aguantaderos” utilizados por organizaciones criminales.

El proyecto tiene por objetivo retirar a los delincuentes de inmuebles privados ocupados ilegalmente, evitar la consolidación territorial de las bandas y restituir las propiedades a sus dueños.

“El narcotráfico no admite ningún tipo de tolerancia. Las acciones deben ser directas y contundentes”, sostuvo el mandatario, al subrayar que se trata de una pelea que requiere el acompañamiento de todos los partidos políticos para dejar en claro que en Córdoba “el narcotráfico no tiene aliados”.

En ese marco, Llaryora recordó la sanción de la Ley de Seguridad aprobada hace dos años, que permitió que a la fecha ya funcionen siete fiscalías antinarcóticos distribuidas en toda la provincia. Según datos oficiales, esa herramienta derivó en un incremento del 27% en los procedimientos contra el narcotráfico en un período reducido de tiempo.

El gobernador destacó además el proceso de jerarquización y fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que continúa incorporando equipamiento y personal. A partir de la normativa vigente, se sumaron efectivos con formación en las Fuerzas Armadas, lo que permite este año ampliar la presencia operativa de la FPA con cinco nuevas sedes en el interior, reforzando el despliegue territorial.

“La lucha contra el narcotráfico la estamos dando en todos los niveles y necesitamos más herramientas legales para profundizarla”, afirmó el gobernador, al señalar que el objetivo es recuperar territorios, debilitar las estructuras criminales y reducir laviolencia asociada al narcomenudeo en toda la provincia.

Llaryora impulsará una ley de protección integral para víctimas del delito

En otro tramo de su discurso, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley de protección integral de las víctimas de delito, una iniciativa que busca ordenar y garantizar derechos, asistencia, protección y reparación para quienes sufren hechos delictivos en la provincia.

La norma propone colocar en el centro la dignidad humana y reforzar el rol del Estado en el acompañamiento efectivo de las víctimas. Se trata de una herramienta que “ordena derechos, garantías, asistencia, protección y reparación”, estableciendo obligaciones claras para el Estado frente a quienes padecen un delito.

El mandatario agradeció públicamente la lucha de la familia Sperani, oriunda de la Laboulaye, y de muchas otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. En reconocimiento a ese camino, propuso que la iniciativa lleve el nombre de “Ley Joaquín”, en homenaje y como símbolo del compromiso institucional con las víctimas.

En el mismo paquete de reformas, el mandatario adelantó que también se avanzará con la sanción de una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control sobre internos considerados de máxima peligrosidad.

Durante su exposición, Llaryora destacó además los avances del Plan de Territorialidad judicial-policial en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Esta política implicó la delimitación de distritos policiales y judiciales, de modo que los vecinos puedan identificar con claridad quién es el fiscal y el comisario responsables de la seguridad en cada barrio.

En total, se definieron 27 distritos, de los cuales 12 ya se encuentran en funcionamiento, con el compromiso de completar el esquema a lo largo de este año.

El gobernador también puso en valor la decisión de agilizar los procesos judiciales ante delitos cometidos en situación de flagrancia, y anunció que se impulsará una ley para otorgar inamovilidad a los jueces de paz, con el fin de fortalecer la independencia judicial en cada localidad del interior provincial.

Llaryora cuestionó a la oposición por no acompañar leyes clave contra el delito y el narcotráfico

El gobernador Martín Llaryora lanzó duras críticas a la oposición por la falta de acompañamiento legislativo a iniciativas centrales en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y advirtió que esa postura termina siendo “funcional a los delincuentes”.

Durante su mensaje, el mandatario señaló que a lo largo de su trayectoria en la función pública debió enfrentar calumnias, injurias e incluso la difusión de videos falsos generados con inteligencia artificial.

Sin embargo, afirmó que nunca imaginó que sectores de la oposición, con la única intención de menoscabar a su gobierno, votaran en contra de herramientas fundamentales para combatir el delito. En ese sentido, Llaryora recordó que la oposición no acompañó la Ley de Seguridad, que permitió la creación de siete fiscalías antinarcotráfico y 11 fiscalías de instrucción en distintos puntos de la provincia.

Entre ellas, se establecieron fiscalías móviles de lucha contra el narcotráfico con sede en Córdoba capital, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Bell Ville y Villa Dolores.

El gobernador también cuestionó el rechazo opositor a otras medidas incluidas en esa normativa, como el uso de armas menos letales para proteger a policías y vecinos, la creación de guardias locales, la incorporación de personal con formación en las Fuerzas Armadas y la implementación de exámenes toxicológicos.

En relación con el fortalecimiento operativo de las fuerzas de seguridad, Llaryora fue enfático al señalar que la incorporación de tecnología en la lucha contra el narcotráfico no es un capricho del Gobierno provincial, sino una demanda concreta de la Justicia y de las propias fuerzas de seguridad, que requieren contar con todas las herramientas necesarias para cumplir su misión.

En esa línea, advirtió que obstruir o impedir la compra de tecnología significa demorar su incorporación al combate frontal contra el narcotráfico, lo que en los hechos implica favorecer a las organizaciones criminales.

“Que quede claro: obstruir la compra de tecnología no es obstaculizar la gestión de este gobierno, es negarle a la gente que sufre a diario este flagelo la posibilidad de que esos delincuentes terminen entre rejas”, sostuvo.

El mandatario cuestionó además el uso de artilugios burocráticos para frenar la adquisición de equipamiento estratégico y expresó su expectativa de que la Justicia resuelva con celeridad.

“Esperamos una resolución rápida que nos permita avanzar en la compra de un elemento esencial para la prevención y el ataque al delito, como son los sistemas tecnológicos basados en drones, de características casi militares y de primer nivel”, señaló.

Finalmente, Llaryora llamó a la reflexión a los sectores opositores y llevó tranquilidad a la ciudadanía: “Este gobernador y su equipo van a seguir dándole batalla a la delincuencia y profundizando la lucha contra el narcotráfico. Los narcotraficantes saben que tienen en mí a un enemigo”, concluyó.