Según se informó, el espacio coordinado por el COPEC, integra a los tres poderes del Estado, universidades, intendentes y fuerzas especializadas para promover una política pública frente al avance del narcotráfico.
Con la presencia del gobernador Martín Llaryora, se oficializó este lunes en un acto celebrado en el Centro Cívico la puesta en marcha de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad.
Durante el encuentro, el mandatario provincial ratificó que la lucha contra el narcotráfico es la política de seguridad prioritaria de su gestión, subrayando que las organizaciones criminales ponen en crisis a todas las instituciones y a la sociedad. De a reunbión participaron intendentes y representantes de las ciudades de Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Alta Gracia y Villa María.
Asimismo destacó el valor de contar con un sistema de fuerzas plural y especializado, al tiempo que reafirmó su compromiso con la especialización de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
«Dar esta lucha tiene que ser un tema que sobrepase los partidos, la ideología y las religiones», definió Llaryora, y resaltó que la inversión en tecnología y la calidad de los datos permitirán que Córdoba siga siendo una referencia en Latinoamérica en materia de políticas públicas contra el crimen organizado.
Objetivos y composición de la Mesa
La Mesa de Análisis de Narcocriminalidad está coordinada por la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de Nadia Fernandez. El desarrollo técnico de este espacio de trabajo estará a cargo del COPEC (Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba).
Entre sus objetivos se destacan: generar políticas públicas basadas en inteligencia criminal y evaluación permanente del conflicto; elaborar un mapa detallado del delito para fortalecer la capacidad operativa estatal; evaluar herramientas legales, para dotar de mayores recursos a fiscales y jueces y sumar, en una etapa posterior, a actores de la Justicia Federal para ampliar la red de contención.
La mesa está integrada por un amplio abanico institucional y académico, participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, el Organismo de Control de Fuerzas de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. También estuvieron presentes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial, la Legislatura provincial, la DAIA, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito y representantes de universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, la Universidad Siglo 21 y la Universidad Blas Pascal.
