Así lo consignó el sitio de periodismo de investigación www.elarchivo.com

Incluso para los Estados que ven a China como una mano bondadosa que los ayuda a enfrentar crisis locales, queda cada vez más claro que la aparente ayuda representa más un peligro futuro que otra cosa. Es decir, lo que hoy es ayuda a partir de una necesidad, mañana puede transformarse en una amenaza o un problema para el país que recibe dicha cooperación. Esta parece ser parte de la estrategia de política exterior de Xi Jinping. 

El gobierno chino expande sin parar su presencia en el mundo. La Nueva Ruta de la Seda China, la monumental estrategia de conquista del mundo postergado o en desarrollo, cada vez suma más aliados. China se acerca a los Estados, principalmente, a partir de dos instrumentos. Por un lado, la ayuda financiera directa. Es decir, créditos o donaciones a países que deben enfrentar crisis económicas y financieras de gran magnitud. En el caso de los créditos, las condiciones de repago suelen ser muy perjudiciales para quienes los reciben: tasas más altas que las del FMI u otros prestamistas de la banca internacional, prioridad para China en el repago de deudas que contraiga el país y cláusulas secretas caracterizan a cada uno de los créditos que ofrece China. El segundo, quizá el más utilizado, es la infraestructura. O, mejor dicho, la realización de impresionantes obras de infraestructura en países en vías de desarrollo o de desarrollo bajo. Son obras que los países, por sí solos, pasarían décadas antes de poder realizarlas.

Todos estos cuestionamientos, llevaron a más de un centenar de ONG de nuestra región a preguntar a China por las malas condiciones en las que estas obras son llevadas a cabo. A continuación, repasamos cuáles fueron esas preguntas, como así también cuáles fueron las respuestas que China dio a los cuestionamientos.

América latina expuso una situación común en todo el mundo 

El cuestionable accionar de China no es exclusivo de América latina. Pero sí fue nuestra región la que impulsó una consulta. El Banco de Desarrollo de China (BDC) es la banca predilecta de China para ejecutar estas obras. Es una de varias instituciones y empresas locales involucradas en la gestión de estas monumentales obras. Pero, en nuestra región, es la principal. En este marco, casi 150 organizaciones de la sociedad civil del continente, apoyadas por otras casi 50 instituciones de todo el mundo, presentaron una carta al BDC cuestionando las condiciones en las que muchas de estas obras se realizan.

Las OSC representan a buena parte de los países de la región: Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Argentina, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Bolivia, Chile, Brasil, Honduras y Venezuela. En la carta, las OSC cuestionan al BDC por las condiciones en las que estas obras se llevan a cabo. Los cuestionamientos tienen que ver con todo el proceso de implementación: desde la letra de los contratos, que omite estándares internacionales de relevancia, hasta la ejecución misma de las obras, que muchas veces genera más afectación que beneficios.

A partir de esta situación, decidimos indagar en esas cuestiones que China o, en este caso, el BDC, se niegan a responder. Nuestro análisis derivó en la identificación clara de cuatro áreas sobre las que China se niega a dar información.

Qué es lo que China no quiere responder 

  • Medio ambiente y comunidades indígenas, en peligro 

El primer cuestionamiento que hacen las ONG tiene que ver con la afectación del medio ambiente y de los derechos de las comunidades indígenas. Concretamente, señalan que “el BDC ha orientado su financiamiento principalmente a proyectos extractivos y de infraestructura en la región” y que “varios de estos proyectos están ubicados cerca o dentro de áreas ecológicamente vulnerables y en territorios indígenas”. Las organizaciones afirman que los proyectos en cuestión “han arrancado con Estudios de Impacto Ambiental incompletos y desactualizados, y/o sin contar con el consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales que habitan en los territorios impactados por tales proyectos”.

  • La inexistencia de una política de responsabilidad ambiental y social 

El segundo gran cuestionamiento apunta directamente a la dinámica de trabajo del BDC. Afirman que el banco “no cuenta con políticas o salvaguardas ambientales y sociales que sean públicas y mandatorias. Tampoco cuenta con un departamento o equipo dedicado a evaluar y manejar los riesgos socioambientales, y típicamente no responde a los pedidos de las OSC de ALC que han buscado comunicarse con el banco para informar y remediar los impactos negativos de sus préstamos”. Directamente, acusan al BDC de, deliberadamente, no hacerse responsable de eventuales (pero muy probables) consecuencias de sus obras. Y también de ignorar los reclamos.

  • La corrupción en los procesos de implementación de las obras 

Una tercera demanda tiene que ver con la opacidad con la que el BDC opera en la región y con la corrupción en sus procesos. “Un velo de opacidad rodea las operaciones del BDC. La falta de información pública del banco hace virtualmente imposible conocer a cabalidad los proyectos financiados”, afirman. En la carta, las casi 150 OSC directamente hablan de corrupción: “El BDC ha continuado apoyando algunos proyectos millonarios empañados por ineficiencia, corrupción y considerables impactos negativos socioambientales”.

  • La nula participación de las comunidades afectadas 

A partir de lo conversado con de Souza, hay un cuarto cuestionamiento central. Lo que más preocupa a su organización son dos cosas. “Primero, cómo se ve limitado el acceso a la información y a la participación ciudadana sobre este financiamiento. Segundo, cómo afectan estos proyectos a las comunidades locales y al ambiente”, comentó. Generalmente, el financiamiento chino viene para mega obras de infraestructura.

Más allá de la falta de respuesta a estas cuatro cuestiones particulares, las ONG fueron por más y adelantaron en la misma carta pedidos al BDC, quizá adelantándose a que jamás recibieron respuesta a sus inquietudes. Entre ellos, se destacan: reorientar su política de financiamiento energético en el extranjero apartándose de la construcción de grandes represas y de la extracción de combustibles fósiles; establecer sistemas eficientes y modernos de gobernanza ambiental y social; crear un departamento de evaluación ambiental; mejorar la comunicación de sus proyectos, especialmente a las comunidades afectadas; abstenerse de financiar proyectos y de aceptar recursos naturales (como forma pago de sus préstamos) que se encuentren y provengan de territorios indígenas y comunidades tradicionales en los cuales no se haya obtenido el consentimiento; abstenerse de financiar proyectos que promuevan la deforestación o afecten áreas protegidas; y desarrollar una estrategia de alivio de la deuda específicamente diseñada para apoyar a los países de ALC.

Fuente: www.elarchivo.com