Por Laura Olocco. Comunicadora SocialÂ
El 30 de diciembre de 2020 el Congreso sancionĂ³ la Ley de interrupciĂ³n legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, que se promulgĂ³ el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales. Reconoce el derecho a la IVE hasta la semana 14 de gestaciĂ³n inclusive, con solo expresar la decisiĂ³n de abortar, sin tener que explicar motivos.
A partir de la semana 15 de gestaciĂ³n, reconoce el derecho a la interrupciĂ³n legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante. Es una ley de orden pĂºblico, lo que significa que es de aplicaciĂ³n y cumplimiento obligatorio en todo el paĂs, en el sistema pĂºblico de salud, obras sociales y prepagas que deben garantizarlo de forma gratuita.
La FundaciĂ³n Mujeres x Mujeres detectĂ³ nuevas prĂ¡cticas en el sistema de salud de TucumĂ¡n que obstaculizan el acceso a las interrupciones legales y voluntarias de embarazo (ILE e IVE), por lo que presentĂ³ pedidos de informaciĂ³n pĂºblica a distintas reparticiones del Estado.
Estas prĂ¡cticas consisten en inducir partos en lugar de garantizar el aborto legal en niñas o adolescentes con gestaciones producto de abuso sexual, lo que se detectĂ³ luego de tomar conocimiento sobre la existencia de certificados de “nacidos vivos de ILE†en la provincia e ingresados en el Sistema de AdopciĂ³n local.
“Frente al pedido de una ILE registrado en la historia clĂnica, nos encontramos que se desarrolla artificialmente la vida intrauterina y luego en el hospital se provoca el nacimiento, vulnerando la voluntad de niñas y adolescentes. Desconocemos si ellas saben que tuvieron un nacimiento con vida, pero la Suprema Corte de TucumĂ¡n nos confirmĂ³ la existencia de al menos cinco “nacidos vivos por ILEâ€, -asĂ los estĂ¡n anotando-, de alrededor de 26 semanas, al borde de la viabilidad fetal, que requieren de largos meses de cuidados en el servicios de NeonatologĂa, con cuadros de parĂ¡lisis cerebral infantil y otras patologĂas graves, que luego fueron ingresados en el Sistema de AdopciĂ³n legal de la provinciaâ€, explicĂ³ a la abogada Soledad Deza, presidenta de MxM, en PĂ¡gina/12. “Denegar un aborto legal es un delito, ademĂ¡s de que se estĂ¡ incurriendo en violencia contra la libertad reproductivaâ€, advirtiĂ³ Deza.
Para que esta trama siniestra pueda echarse a andar se necesitan varios actores estratĂ©gicos: un equipo de salud interdisciplinario dispuesto brindar informaciĂ³n falsa y a instrumentalizar a su paciente; un abogado o abogada de la InstituciĂ³n con la suficiente crueldad como para participar en consultas sanitarias y encubrir este delito; un Director o Directora de la InstituciĂ³n Hospitalaria capaz de mirar para otro lado mientras el personal a su cargo comete un delito; un Ministro de Salud dispuesto a pervertir de manera macabra una polĂtica sanitaria de gĂ©nero vigente; una DirecciĂ³n de Niñez y Familia (DINAIF) comprometida con la revicitimizaciĂ³n cuando las pacientes son niñas y adolescentes vĂctimas de abuso sexual y una DefensorĂa Oficial que avale esta tortura; un Juez o una Jueza que convalide todas y cada una de las violaciones de derechos y las violencias de gĂ©nero; y finalmente, una Iglesia a dĂ³nde ir a golpearse el pecho y limpiar la (in)conciencia despuĂ©s de provocar tanto daño.
AĂºn se espera algĂºn tipo de respuesta oficial a la denuncia efectuada por la FundaciĂ³n Mujeres x Mujeres. La Maternidad serĂ¡ deseada o no serĂ¡, es nuestro derecho a decidir y que esta decisiĂ³n sea respetada, de forma gratuita y en todos los sistemas de salud: pĂºblico, obras sociales y prepagas.
