En la tercera sesión especial del año 2025, este martes los legisladores cordobeses declararon su apoyo a la educación universitaria estatal.

En lo que fue la tercera sesión especial del año 2025, la Legislatura de Córdoba aprobó este martes por la noche un proyecto de resolución que declara que “la educación universitaria pública es un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de la Argentina”.

En otras palabras, tras un debate parlamentario que excedió las cuatro horas, legisladores y legisladoras de la Unicameral cordobesa dieron curso a una declaración formal de apoyo institucional al financiamiento universitario.

La tercera sesión especial del 147° período legislativo de la Unicameral fue dirigida, en su inicio, por el presidente provisorio de la Cámara, Facundo Torres Lima, y luego por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Se concretó con el fin de debatir en torno al peligro de desfinanciamiento de las universidades públicas, a raíz de las decisiones al respecto implementadas por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que ponen en riesgo la continuidad del funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país.

La declaración legislativa aprobada también estipula: “Córdoba no es ajena al hecho de que, ante la falta de actualización de las partidas presupuestarias nacionales destinadas a la educación superior, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública vienen atravesando una situación crítica desde lo financiero”.

Asimismo, la declaración determina: “Es urgente y necesario que el Congreso de la Nación dé tratamiento y aprobación a una ley que garantice la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades e instituciones universitarias públicas, que, entre otros ítems, asegure el incremento de la inversión en educación universitaria, la recomposición salarial de docentes y no docentes, un programa de becas estudiantiles, y la consolidación de la investigación y de la extensión universitaria”.

Preocupación por la educación

Durante la sesión especial de la Legislatura de Córdoba, el pleno se abocó exclusivamente a intercambiar ideas sobre cuestiones referidas al financiamiento de instituciones universitarias públicas, y de qué manera asegurar su protección y sostenimiento.

Un total de 25 legisladores tomaron la palabra y expusieron lo que piensan sobre la temática. Con algunas diferencias manifiestas, la mayoría de quienes se expresaron en el recinto coincidieron en la necesidad de defender la educación pública como una herramienta de transformación social y, por lo tanto, como una pieza fundamental para el futuro del país.

El presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, sostuvo: “Aplicar la motosierra al conocimiento es hundir a Argentina, es transformarla en un país sin oportunidades, es destruir la clase media y los sueños de miles de familias que sin universidad pública no pueden tener una movilidad social ascendente”. Y continuó: “Estoy convencido de que el desfinanciamiento a las universidades públicas, y sobre todo la campaña de desprestigio sobre nuestros docentes, científicos y todo el clúster universitario, está totalmente pensado, porque muchos de los que gobiernan tienen como objetivo romper la clase media”. Finalmente, concluyó: “Es con más educación y no con menos. Esta Legislatura le pide al Presidente y al Congreso que con la universidad pública se dejen de joder; a la educación pública hay que bancarla”.

A su turno, la legisladora Brenda Austin, del bloque de la Unión Cívica Radical, expresó: “La situación es absolutamente crítica; la universidad ha sido objeto de ataques sostenidos de actores que hoy también se rasgan las vestiduras”. Después agregó: “Nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar, defendiendo a la universidad pública argentina. En la gran marcha federal impulsamos el debate en esta Legislatura. Cuando el año pasado el sistema universitario entró en conflicto una vez más, pedimos no sólo la adhesión a la marcha sino que también exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional que se respete la ley de financiamiento”.