La medida cautelar fue en el marco de una acciĂ³n colectiva iniciada por la UniĂ³n de Trabajadores y Trabajadoras de la EconomĂa Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La justicia federal le ordenĂ³ hoy al Ministerio de Capital Humano que garantice la continuidad de los programas alimentarios que brindan los comedores comunitarios, al encontrarse «en riesgo» el derecho a la alimentaciĂ³n de amplios sectores sociales.
El juez Walter Lara Correa considerĂ³ que la polĂtica pĂºblica para asegurar el derecho a la alimentaciĂ³n «se apoya en distintos planes y programas que requieren la articulaciĂ³n y coordinaciĂ³n con provincias y municipios y no sĂ³lo a travĂ©s de la transferencia directa de ingresos a las familias».
La medida interpuesta por el magistrado fue en el marco de una acciĂ³n colectiva iniciada por la UniĂ³n de Trabajadores y Trabajadoras de la EconomĂa Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la FundaciĂ³n de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
La decisiĂ³n del juez estĂ¡ vinculada con programas como el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que establecen la entrega de alimentos a comedores y espacios comunitarios.
«Estos son los planes que el Ministerio de Capital Humano no estĂ¡ implementando, de acuerdo con la evoluciĂ³n de las partidas presupuestarias ya comprometidas y la informaciĂ³n que se incorporĂ³ en el expediente», explicaron desde el CELS y UTEP a travĂ©s de un comunicado de prensa.
La medida cautelar habĂa sido reclamada tambiĂ©n por la defensora PĂºblica Oficial Federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representaciĂ³n de todos los
niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentaciĂ³n adecuada.
En tanto, desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios denunciaron que dejaron de recibir mercaderĂa, mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementĂ³ producto de la crisis econĂ³mica y social.
Por esta razĂ³n, en febrero la UTEP y el CELS presentaron un amparo colectivo y reclamaron una medida cautelar para que se garantice de manera «urgente» el derecho a la alimentaciĂ³n de todas las personas que asisten a estos espacios.
