En la segunda etapa de sustanciación, se realizará la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició desde pasadas las 11 la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, se encuentran convocados para brindar testimonios los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), entre otros.

Existía la duda en el mundillo judicial sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del código procesal penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer a los tribunales cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone lo contrario.

«Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar», se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.

La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».

El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos «mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal».

Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.

«Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D´Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520», sostuvo Ramos Padilla cuando se declaró incompetente y envió la denuncia a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti.

Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada de hoy incluye también los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.

Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de juicio político que esa agrupación -integrante de Juntos por el Cambio- promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.

Fuente: Télam