Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera

En Argentina, la inflación nunca ha sido solamente un fenómeno económico. Es, también, un hecho político, social y cultural que condiciona expectativas, salarios, inversiones y, sobre todo, la confianza en las instituciones. Por eso, la discusión abierta en torno a la medición de los precios durante la gestión del presidente Javier Milei trasciende lo técnico: pone en juego la credibilidad misma del sistema estadístico nacional.

El Gobierno ha construido una parte sustancial de su legitimidad en la desaceleración del índice de precios al consumidor. La baja de la inflación desde los niveles extremos heredados de 2023 constituye, sin dudas, un dato relevante dentro del programa de ajuste fiscal y contracción monetaria aplicado desde diciembre de ese año. Sin embargo, el problema no radica únicamente en la trayectoria descendente del índice oficial, sino en la consistencia metodológica y la transparencia con la que ese indicador es elaborado y comunicado.

Mientras el INDEC sostiene una desaceleración pronunciada del ritmo inflacionario (dato muy discutible), distintas consultoras económicas, centros de estudios y mediciones provinciales muestran variaciones sistemáticamente superiores, especialmente en rubros sensibles como alimentos, tarifas de servicios, transporte y salud.

La brecha no es uniforme, pero sí persistente. En varios tramos de 2024 y 2025, los relevamientos privados registraron tasas mensuales y acumuladas varios puntos por encima del índice nacional, una diferencia que, trasladada al poder adquisitivo real, resulta significativa. Para los hogares, esa distancia estadística se traduce en una percepción concreta: el costo de vida parece aumentar más rápido que lo que indican los números oficiales.

Esta divergencia no implica automáticamente manipulación, pero sí exige explicaciones técnicas claras. Cuando las metodologías, ponderaciones de la canasta o tiempos de actualización quedan desfasados respecto de los patrones reales de consumo, el indicador pierde capacidad de reflejar la experiencia cotidiana de la población. Y cuando esa pérdida de representatividad coincide con decisiones políticas de postergar cambios metodológicos, la sospecha pública se vuelve inevitable.
La postergación de la nueva canasta del IPC —más cercana a los hábitos de consumo actuales— marcó un punto de inflexión. No sólo por sus implicancias estadísticas, sino por el mensaje institucional que transmite: la oportunidad política parece imponerse sobre el rigor técnico.

En un país con antecedentes de intervención en las estadísticas públicas, cualquier señal de discrecionalidad erosiona rápidamente la confianza acumulada. La credibilidad del índice de inflación no depende únicamente de que los números sean correctos, sino de que nadie pueda dudar de su independencia.

La renuncia de autoridades técnicas y las advertencias de economistas de distintas corrientes ideológicas profundizaron esa percepción de fragilidad. El riesgo no es menor: cuando la sociedad deja de creer en el termómetro, también deja de creer en el diagnóstico y, por extensión, en el tratamiento económico propuesto.
El oficialismo defiende su estrategia con un argumento atendible: sin estabilización macroeconómica no hay recuperación posible. Sin embargo, la política económica no se evalúa sólo por sus indicadores agregados, sino por su impacto social concreto.

Salarios, jubilaciones y consumo masivo continúan mostrando niveles de deterioro difíciles de compatibilizar con una narrativa de normalización acelerada. Allí es donde la diferencia entre inflación oficial y privada adquiere dimensión política: define quién tiene razón en la discusión sobre la realidad económica.

Si el índice oficial subestima el aumento del costo de vida, el éxito antiinflacionario pierde sustento. Si, en cambio, las mediciones privadas sobrestiman la dinámica de precios, la crítica opositora se debilita. Pero mientras esa brecha persista sin una explicación convincente, lo que se deteriora es algo más profundo: la confianza pública.

Argentina ya atravesó períodos en los que la manipulación —real o percibida— de los datos económicos terminó aislando al país y encareciendo cualquier estrategia de estabilización. Repetir ese camino, aun de manera parcial, implicaría un retroceso institucional difícil de justificar en nombre de cualquier programa económico.
La salida no debería ser discursiva sino técnica: actualización metodológica transparente, auditorías independientes y publicación completa de la información. Sólo así el índice de inflación volverá a ser un dato aceptado por oficialismo, oposición, mercados y ciudadanía.

Porque, en definitiva, la discusión no es cuánto baja la inflación en los papeles, sino cuánta verdad contienen esos números. Y sin verdad estadística, no hay estabilidad económica que pueda sostenerse en el tiempo.