Rectores pidieron defender la soberanía del sistema público de ciencia, tecnología e innovación; y las capacidades de la CNEA, el Conicet, el INTI y el INTA.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores del país, expresó su profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional y advirtió sobre el riesgo para la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina.

En un comunicado que dio a conocer este lunes hizo especial hincapié en las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional que afectan a organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

«Estas instituciones, junto con las universidades nacionales, conforman un entramado público de producción de conocimiento, formación de recursos humanos, investigación, innovación y transferencia tecnológica que constituye uno de los principales activos estratégicos de la nación», explicaron desde el CIN y advirtieron que «su debilitamiento compromete capacidades construidas durante décadas, afecta el desarrollo científico y tecnológico, limita la innovación y reduce las posibilidades de construir un modelo de desarrollo con mayor autonomía, inclusión y competitividad».

A continuación, el documento detalla que de la mano de la CNEA, «el desarrollo nuclear argentino representa una política de Estado vinculada, directamente, con la soberanía científica, tecnológica y energética» y subraya que «sus contribuciones abarcan la generación de energía, la medicina nuclear, la producción de radioisótopos, las aplicaciones industriales, la investigación científica y el desarrollo de tecnologías estratégicas con impacto en múltiples sectores productivos y sociales».

Asimismo, plantea el CIN que «las universidades públicas nacionales mantienen con la CNEA una relación histórica y estratégica», ya que miles de estudiantes realizan allí parte de su formación y numerosos equipos desarrollan proyectos conjuntos, comparten infraestructura científica y producen conocimiento de frontera.

«La pérdida de investigadores, profesionales y técnicos especializados, junto con el desfinanciamiento o la paralización de proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM) y el reactor multipropósito RA-10, pone en riesgo capacidades cuya construcción demandó décadas de inversión pública y que, una vez desarticuladas, resultan extremadamente difíciles de recuperar», alertan.

En cuanto al Conicet, remarca el CIN que «la incertidumbre que enfrentan cientos de becarias y becarios doctorales y posdoctorales, sumada a las demoras y restricciones en los mecanismos de ingreso a la Carrera del Investigador Científico, genera interrupciones que afectan no solo a quienes desarrollan sus carreras académicas, sino también a los grupos de investigación, los institutos de doble dependencia y las universidades nacionales que sostienen buena parte de la producción científica del país.

En ese marco, plantean que «la formación de recursos humanos de excelencia constituye una inversión estratégica del Estado».

Finalmente, respecto al INTI, afirma el documento que se trata de un organismo que «desempeña un papel estratégico en la investigación aplicada, la innovación tecnológica, la metrología, la certificación de calidad, la transferencia de tecnología y el acompañamiento a los sectores industriales, especialmente a las pequeñas y medianas empresas».

Y sobre el INTA, apunta que representa una «institución estratégica para el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria, la innovación tecnológica y el desarrollo territorial».

Apunta el CIN que «la CNEA, el CONICET, el INTI, el INTA y las universidades nacionales integran un sistema público de ciencia, tecnología e innovación que ha permitido a la Argentina construir capacidades reconocidas internacionalmente, formar recursos humanos altamente calificados, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo económico, social y productivo del país»; y que «la soberanía científica y tecnológica constituye una condición indispensable para fortalecer la autonomía nacional, promover el desarrollo productivo, garantizar la seguridad energética y alimentaria, enfrentar los desafíos sanitarios y ambientales y ampliar las capacidades del Estado para definir su propio futuro».

«En un contexto internacional caracterizado por una creciente competencia por el conocimiento y las tecnologías estratégicas, preservar estas instituciones no constituye únicamente una decisión presupuestaria: representa una política de Estado orientada a resguardar capacidades que demandaron décadas de construcción y que solo un reducido grupo de países ha logrado desarrollar», concluye.

En virtud de lo expuesto, las y los rectores instan al Poder Ejecutivo Nacional a «garantizar el funcionamiento y el fortalecimiento de los organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional»; «suspender las medidas que impliquen la pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y profesionales en instituciones como la CNEA, el CONICET, el INTI y el INTA»; «asegurar el financiamiento necesario para la continuidad de los proyectos estratégicos, el sostenimiento de la infraestructura científica y tecnológica y la preservación de los recursos humanos altamente calificados»; y «adoptar medidas que garanticen la continuidad de las trayectorias de formación e investigación y promuevan el diálogo con las instituciones, las universidades nacionales, la comunidad científica y las y los trabajadores».