La pena de muerte, un tema siempre controvertido para la gente de distintas culturas y creencias del mundo, ha resurgido como tema central ante las decisiones que se adoptan acerca de aplicar la misma sin alternativa en distintos puntos del planeta, y con una difusión que nunca antes tuvo.
El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, Mons. Christophe El-Kassis, instó a la comunidad internacional a abolir la pena de muerte.
Durante una reunión de la Tercera Comisión el pasado 7 de octubre, el arzobispo señaló que la defensa de los derechos humanos debe ser «coherente y universal, extendiéndose a toda persona, en cualquier etapa y circunstancia».
Las declaraciones de Mons. El-Kassis llegan tras la ejecución fallida —ocurrida el 30 de septiembre en Tennessee— de la condenada por asesinato Christa Pike, quien sobrevivió a la administración de dos jeringas de pentobarbital letal y está recibiendo tratamiento médico.
Una semana después, Texas ejecutó a un hombre, marcando así la trigésima ejecución llevada a cabo en Estados Unidos en 2026. Por otra parte, el 5 de octubre, el presidente Donald Trump aprobó una ejecución mediante un pelotón militar de fusilamiento.
Una práctica inadmisible
«La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», dijo El-Kassis, citando el Catecismo de la Iglesia Católica. «Esta dignidad, dada por Dios, nunca se pierde, independientemente de la gravedad del delito. Los avances en los sistemas penales permiten ahora a los Estados proteger a la sociedad de manera eficaz sin cerrar la puerta a la posibilidad de arrepentimiento y redención».
El Arzobispo El-Kassis subrayó que «no hay remedio posible» si se ejecuta la pena de muerte contra una persona inocente.
«Por el contrario, las víctimas y sus familias tienen derecho a la solidaridad, al apoyo y a una justicia pronta, imparcial y humana. Sin embargo, quitar otra vida no puede restaurar lo que se ha perdido», afirmó.
«El propósito del castigo no es la venganza, sino reparar el vínculo social, proteger el bien común y reintegrar al infractor», señaló.
El arzobispo concluyó instando a los estados de EE. UU. donde la práctica es legal a «considerar establecer, sin demora, una moratoria de las ejecuciones como un paso hacia la abolición», conmutar las penas existentes, garantizar juicios justos y reforzar los esfuerzos de rehabilitación.
El narcotráfico
El observador permanente también abordó el tema del narcotráfico durante la reunión de la Tercera Comisión sobre «Prevención del delito y justicia penal», haciendo un llamamiento a defender la ley para proteger la dignidad humana y los derechos de los demás.
«Se requiere una determinación renovada ante la expansión de los mercados de drogas y los vínculos entre el narcotráfico, la corrupción y la actividad delictiva en todo el mundo», afirmó durante la sesión del 7 de octubre. «Además, los grupos de delincuencia organizada están aprovechando la tecnología y la innovación para ampliar su alcance y diversificar sus operaciones», añadió.
Citando al Papa León XIV, Mons. El-Kassis destacó que la prevención del consumo y el tráfico de drogas deben ir acompañada de una educación que comience en la familia y continúe en las escuelas, «impartiendo conocimientos científicos precisos sobre los efectos devastadores de los estupefacientes en el cerebro, el cuerpo, la conducta personal y el bien común de la comunidad».
«La Iglesia Católica seguirá contribuyendo al bien común y a la dignidad inalienable, dada por Dios, de toda persona humana», declaró.
Pueblos indígenas
El Arzobispo El-Kassis también intervino durante una sesión de la Tercera Comisión dedicada a los «Derechos de los pueblos indígenas».
«Toda persona humana está dotada de dignidad inherente e igualdad de derechos. Los pueblos indígenas, con sus historias, culturas, espiritualidades y vínculos ancestrales con la tierra únicos, constituyen una parte indispensable de la familia humana», señaló. «Sus derechos deben ser respetados, protegidos y promovidos por una cuestión de justicia y de bien común».
Asimismo, Mons. El-Kassis subrayó que «los pueblos indígenas no son objetos de las políticas de desarrollo, sino sujetos y protagonistas de sus propios destinos».
Rechazo del Papa
El Papa León XIV reafirma el rechazo de la Iglesia católica a la pena de muerte, recordando que el bien común puede «salvaguardarse y que pueden satisfacerse las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital».
El Papa León XIV ha publicado en su cuenta oficial de X que la Iglesia católica considera la pena de muerte «inadmisible porque constituye un ataque a la inviolabilidad y la dignidad de la persona».
En una publicación difundida este sábado, con motivo de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, el Papa señaló que se puede hacer justicia y salvaguardar el bien común de la humanidad sin recurrir a la pena capital.
Afirmó que es posible mantener a los delincuentes bajo custodia de forma eficaz para proteger a los ciudadanos, al tiempo que se ofrece a los culpables la posibilidad de redención.
«La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital: ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse. #NoDeathPenalty», escribió el Papa León.
La publicación del Papa se produjo un día después de que el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos hicieran declaraciones en contra de la ejecución pública prevista de Nidal Hassan.
Hassan fue condenado por matar a 13 personas e herir a otras 32 en Fort Hood en noviembre de 2009. Un tribunal militar lo condenó a muerte en 2013.
El jueves, el Pentágono anunció que su ejecución por fusilamiento estaba prevista para el 3 de diciembre de 2026, aunque nuevos procedimientos legales podrían retrasarla.
Que la miren por TV
En declaraciones a los periodistas el viernes, el cardenal Parolin afirmó que los planes de retransmitir la ejecución en directo eran inaceptables.
«Es verdaderamente incomprensible que alguien quiera recurrir a este método en los tiempos que vivimos», afirmó. «No sé con qué propósito. Sin duda, es inaceptable convertir la muerte en un espectáculo. Por muy culpable que sea la persona, hay otras formas».
Reiteró que la pena de muerte «es incompatible con la dignidad humana y no sirve como medida disuasoria».
Más temprano ese mismo viernes, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, expresó su «conmoción y gran pesar» e instó a que se reconsiderara la decisión.
«De ninguna manera pueden justificarse las acciones de Hassan, pero esta decisión supone una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe reconsiderarse», declaró a Vatican News.
Advirtió de que una ejecución pública socavaría el tejido moral de la nación y rezó para que los estadounidenses eligieran siempre la vida.
«Es verdaderamente incomprensible que alguien quiera recurrir a este método en los tiempos que vivimos», afirmó. «No sé con qué propósito. Sin duda, es inaceptable convertir la muerte en un espectáculo. Por muy culpable que sea la persona, hay otras formas».
Reiteró que la pena de muerte «es incompatible con la dignidad humana y no sirve como medida disuasoria».
Más temprano ese mismo viernes, el arzobispo Paul Coakley, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, expresó su «conmoción y gran pesar» e instó a que se reconsiderara la decisión.
«De ninguna manera pueden justificarse las acciones de Hassan, pero esta decisión supone una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe reconsiderarse», declaró a Vatican News.
Advirtió de que una ejecución pública socavaría el tejido moral de la nación y rezó para que los estadounidenses eligieran siempre la vida.
Ante la ONU
Monseñor Luca Marabese intervino en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en Abu Dabi. La Santa Sede hizo un llamamiento a abolir la pena de muerte y a afrontar tres emergencias: la trata de seres humanos, el abuso de menores en el mundo digital y los crímenes de odio.
La dignidad de cada persona y la sacralidad de la vida deben seguir siendo el eje central de la respuesta de la comunidad internacional ante la criminalidad, también ante las nuevas formas de explotación y violencia propiciadas por las guerras y las tecnologías digitales.
Este es el llamamiento de la Santa Sede expresado en la intervención de monseñor Luca Marabese, consejero de la Misión Permanente ante las Organizaciones Internacionales de Viena, en el 15.º Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, en Abu Dabi.
En su intervención, el representante vaticano acogió con beneplácito la adopción de la Declaración de Abu Dabi, instando a los Estados a respetar plenamente la dignidad, “don de Dios”, de cada ser humano.
Llamamiento a abolir la pena de muerte
El primer llamamiento se refiere a la administración de justicia. Las penas, subraya la Santa Sede, deben ser proporcionales a los delitos cometidos, mientras que a los reclusos se les deben garantizar siempre condiciones que respeten su dignidad. De ahí también la renovada petición de abolir la pena de muerte, definida en la intervención como una medida que “destruye toda esperanza de perdón y renovación”.
Además, hay tres tendencias emergentes de la criminalidad sobre las que monseñor Marabese llamó la atención, pidiendo respuestas concretas y coordinadas.
La trata y la “esclavitud digital”
La primera es la trata de seres humanos. La actual inestabilidad geopolítica y la multiplicación de los conflictos armados, señala la Santa Sede, crean condiciones favorables para la acción de los traficantes, que afectan principalmente a los desplazados, los migrantes y los refugiados.
Entre las víctimas más vulnerables se encuentran las mujeres y los niños. Lo que agrava aún más el fenómeno es el surgimiento de la llamada “ciberesclavitud”, la “esclavitud digital”, a través de la cual se atrae a las personas mediante engaños hacia sistemas fraudulentos y son involucradas en actividades criminales, como los fraudes en línea y el tráfico de drogas.
La intervención recuerda las palabras del Papa León XIV: “La trata de seres humanos debe ser reconocida como una forma contemporánea de esclavitud y una grave violación de la dignidad humana”.
Para la Santa Sede, por lo tanto, se requiere una acción internacional concertada que no solo combata las redes criminales, sino que también aborde las causas profundas que obligan a tantas personas a migrar y las hacen más vulnerables a la explotación.
Proteger a los menores en el mundo digital
La segunda emergencia es el abuso infantil a través de las tecnologías digitales y a la proliferación en la red de contenidos gravemente dañinos. Se trata de delitos que pueden cometerse incluso traspasando las fronteras nacionales y que hacen cada vez más difícil la labor de prevención y lucha contra ellos.
Ante esta amenaza, la Santa Sede pide una mayor cooperación entre instituciones, comunidades, proveedores de servicios digitales y usuarios. Monseñor Marabese recordó en particular el llamamiento de León XIV a una alianza entre responsables políticos, instituciones educativas y familias, capaz de apoyar concretamente a los adultos en la protección de los menores en el entorno digital.
La alerta sobre los crímenes de odio
El tercer fenómeno es el de los crímenes de odio. La Santa Sede valora positivamente la referencia explícita a la religión incluida en la Declaración de Abu Dabi, sobre todo a la luz de la creciente violencia, también en línea, contra personas y comunidades a causa de su fe.
Se expresa una particular preocupación por la persecución de los cristianos, definida en la intervención como una de las crisis de derechos humanos más extendidas de nuestro tiempo. Según los datos citados por la delegación vaticana, más de 380 millones de cristianos se ven afectados por este fenómeno en todo el mundo.
En defensa de la dignidad humana
El deseo final de la Santa Sede es que el Congreso de Abu Dabi pueda contribuir a elaborar respuestas eficaces y duraderas ante las nuevas tendencias delictivas, fomentando el aumento de un sentido compartido de responsabilidad y traduciéndolo en acciones concretas a todos los niveles. Un compromiso que, concluyó monseñor Marabese, debe tener como objetivo “la salvaguarda de la vida y la dignidad de todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia”.
