El Consejo Interuniversitario rechazó los dichos del secretario de Educación Torrendell, vertidos durante el debate del Presupuesto en el Congreso. La exigencia: que se cumpla con la Ley de Financiamiento.

«Descalificar a las universidades no exime al Gobierno de cumplir la ley», es el duro documento emitido este miércoles por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que reúne a todos los rectores de las universidades públicas nacionales.

El CIN rechazó las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien calificó como un “acuerdo de casta” la posición compartida por las autoridades universitarias en defensa del financiamiento de la educación pública.

«Esa descalificación resulta especialmente grave en boca de quien tiene la responsabilidad de conducir políticas educativas, promover el diálogo institucional y garantizar las condiciones para enseñar y aprender.
La coincidencia entre universidades de distintas provincias, trayectorias y orientaciones, expresa un consenso democrático sobre una responsabilidad común, sostener el derecho a la educación superior y las capacidades científicas, profesionales y culturales de la Argentina. Convertir ese acuerdo en una sospecha pretende deslegitimar a los interlocutores para evitar responder a sus argumentos», se afirma en el documento dado a conocer este miércoles.

«El núcleo del conflicto sigue siendo el incumplimiento de la ley»
El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó el veto presidencial. El reclamo cuenta, además, con decisiones judiciales favorables, tal como expresó el documento de la 5ta. Marcha Federal Universitaria. «La controversia compromete el respeto a las instituciones y a las obligaciones del Estado», afirmó el CIN.

«El Gobierno nacional puede expresar sus diferencias, formular propuestas y utilizar los mecanismos constitucionales correspondientes. Debe, al mismo tiempo, cumplir las obligaciones exigibles. La descalificación de las autoridades universitarias no modifica esa responsabilidad», se expresa en otro párrafo.

«No se trata de un conflicto del CIN con el Gobierno, es un conflicto del gobierno con la ley y el Estado de Derecho», también sostuvo el pronunciamiento de los titulares de casas de altos estudios de todo el país.

El CIN se dirigió directamente a Torrendell, el provocador secretario de Educación
Al final del documento emitido este miércoles, el Consejo Interuniversitario se dirige directamente a Carlos Torrendell, quien habitualmente aparece con provocadores y agresivas declaraciones contra las universidades, a tono con el tono del gobierno libertario.

«En tres años, no dijo ni hizo nada por la educación superior. No respondió notas cursadas formalmente ni advertencias efectuadas a tiempo que procuraban atender problemas que luego fueron agravándose; no convocó, no elaboró, no diseñó ni propuso nada más allá del ajuste y la descalificación. Sin embargo, levanta una voz acusatoria cuando con desinterés mira un problema propio como si fuera ajeno. Aun con todo, en buena hora que comience a hacerse cargo».

«Verá que respondemos su extensa desconsideración en la comparecencia ante la Comisión en Diputados con respeto y argumentos. Pedimos igual trato: responda con información, dialogue con respeto con las instituciones, asuma su responsabilidad y cumpla con la ley. La Universidad pública se transforma con políticas y recursos. Descalificarla no resuelve ninguno de sus problema, solo erosiona su legitimidad, afectando a la Nación toda».

«Por último, solicitamos formalmente a las autoridades de la comisión de Presupuesto del Congreso Nacional que habiliten la participación de las autoridades de este Consejo y representantes de la comunidad universitaria en la próxima reunión previo a que se dictamine. Siempre es saludable escuchar la voz de los actores involucrados, más aun cuando se trata de un tema de orden público. Pero luego de las reiteradas referencias formuladas por las autoridades educativas nacionales en la reunión de comisión, corresponde que se conceda la palabra a quienes fueron aludidos directamente, garantizando el derecho a réplica y la posibilidad de rebatir argumentos e intercambiar impresiones».