La iniciativa del Gobierno, que pone en juego la soberanía territorial, propone derogar la normativa que fija restricciones a la adquisición de tierras rurales por personas y empresas extranjeras.

El Senado de la Nación debate este miércoles un proyecto de ley que propone eliminar las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. La iniciativa busca derogar la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció límites a la titularidad extranjera de tierras con el objetivo de preservar la soberanía sobre recursos estratégicos.

La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada sesionar este jueves, pero hasta la tarde del miércoles todavía había dudas sobre el quórum ya que algunos legisladores están de vacaciones debido a que algunas provincias están en receso invernal. Una semana antes que en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, indicaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas.

Sin embargo en el oficialismo había optimismo en que se llegará al quórum y se tratarán los pliegos judiciales y propiedad privada, aunque haya dudas sobre los votos para determinados artículos sobre la venta de tierras a los extranjeros.

La normativa vigente fija que los extranjeros no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece topes para personas de una misma nacionalidad y prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y otras zonas consideradas de interés estratégico.

El oficialismo sostienen que esas restricciones desalientan inversiones productivas y afectan el desarrollo del sector agropecuario y de otras actividades vinculadas al uso de la tierra. En ese sentido, argumentan que la eliminación de los límites permitiría atraer capitales, generar empleo y potenciar el crecimiento económico.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del Gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

En contraste, legisladores de la oposición y organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advierten que la derogación de la ley podría profundizar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, además de comprometer el control sobre recursos naturales estratégicos como el agua, los bosques y las áreas fronterizas. También señalan que la normativa vigente constituye una herramienta para resguardar la soberanía territorial.

El tratamiento del proyecto se desarrolla en un contexto de fuerte discusión sobre el rol del Estado en la regulación de la propiedad de la tierra y las inversiones extranjeras. El resultado de la votación marcará un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo de desarrollo y la administración de recursos considerados estratégicos para el país.

Cómo quedarían los desalojos
Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Pliegos judiciales
La Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena y seis de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.

Pesino ya se adelantó a una posible postergación del debate de su pliego y presentó un recurso de amparo para continuar en su cargo después de cumplir los 75 años.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

Con la aprobación de estos pliegos, ya habrá conseguido designar en los últimos meses 110 cargos para cubrir las 300 vacantes que hay en la Justicia.

Con información de NA y LNM