Por Leonardo Brochero | Letra P.

El instituto perdió sus 130 estudiantes. La dirigente le había donado U$S 55 mil pero hoy acumula cheques rechazados por más de $ 41 millones. Su mano derecha, denunciada, y los vínculos con aportantes de campaña a LLA

El pasado persigue a la diputada nacional Laura Soldano. Su paso por el Instituto Carson de Río Cuarto, donde intentó un salvataje financiero y tuvo influencia hasta 2025, le explotó en las manos a la nueva conducción. Perdió sus 130 alumnos y acumuló $ 41 millones en cheques sin fondos.

El vaciamiento de la escuela, administrada por una fundación, expuso vínculos con empresarios aportantes a la campaña de La Libertad Avanza para las legislativas del año pasado, para la lista de Gabriel Bornoroni que sentó a la riocuartense en la Cámara de Diputados.

Rescate económico con los dólares del agropower

Laura Soldano llegó al centro educativo en un virtual operativo de salvataje económico, cuando el instituto estaba al borde del colapso. Junto a su marido, el empresario agroindustrial Gastón González, le dieron una fuerte inyección de oxígeno y lo sacaron del agua.

En 2024, desembolsaron al menos 55 mil dólares, que permitieron hacer frente a los compromisos de pago de salarios y otros gastos. Luego siguieron colaborando, aunque ya no se hizo público en qué términos.

La prehistoria de la referente de La Libertad Avanza

En aquel tiempo, Soldano asumió un rol dirigencial de hecho en el centro educativo. Aunque no figuraba en los papeles, era la cara visible de la escuela y de su entidad administrativa, al punto de que tomaba decisiones y era su cara visible.

Por caso, anunció cambios en los planes de estudio y nuevas alianzas estratégicas. Como la que entabló con la Fundación Libertad y Progreso, de Agustín Etchebarne, un opaco think tank de ultraderecha que busca imponer políticas regresivas.

La mayoría de sus propuestas parecen diseñadas para destruir el poder igualador de la educación. Plantea abrirle la puerta al arancelamiento de las universidades, romper los contenidos mínimos, habilitar un modelo de enseñanza en casa y el sistema de vouchers.

La huella libertaria en la escuela de Río Cuarto

Más allá de esto, el desembarco de la referente libertaria dejó su impronta en la institución. Dio lugar a un nuevo enfoque “holístico”, que le agregó educación financiera e inteligencia artificial al perfil del centro educativo, cuya oferta es para sala de 3 años, nivel inicial y primario.

La impronta de la libertaria se transparenta también en la propuesta educativa, que declara como valor número uno “el autoconocimiento y el despertar de la conciencia para actuar con responsabilidad y empatía”.

La dirigente de La Libertad Avanza deja a su mano derecha
La referente libertaria se alejó del proyecto cuando se decidió a dar el salto a la política. Pero, más allá de legar un nuevo perfil pedagógico en el Instituto Carson, mantuvo una importante cuota de influencia.

Después de que ella se corrió del rol dirigencial, esas responsabilidades fueron absorbidas por dos libertarios con pasado en el PRO: Silvina Drovandi, primera directora de ANSES Río Cuarto en la era de Javier Milei, y Darío Romero, exfuncionario de la comuna de Bulnes.

Drovandi presidió ETIM, la entidad controlante del colegio privado, desde febrero de 2025 hasta octubre de ese año, mientras Romero ejercía como regente del colegio. Ambos reportaban -y siguen reportando- a la referente libertaria del sur provincial.

La delegada de La Libertad Avanza, denunciada

Es conocido el carácter hermético de las fundaciones, y todo indica que este caso no es la excepción sino la regla. O al menos, así lo entiende Ignacio Gatto Mazola Chalaman, quien sucedió a Drovandi al frente de la Fundación ETIM, de octubre de 2025 a la actualidad.

Mendocino, vinculado al negocio de la seguridad privada y dotado de propiedades magnéticas para el escándalo, Gatto Mazola “compró” el Instituto Carson aparentemente a ciegas.

Jura que lo engañaron y culpa la gestión anterior, que le habría ocultado información y “dibujado” los estados contables de la entidad, al extremo de que necesitó varios meses poder conocer la realidad. En marzo de este año, denunció esas irregularidades en la Justicia Federal.

Los dos fueros de la Justicia se reparten el caso

Gatto Mazola sindicó a todas las autoridades previas, desde el año 2015 al 2025, por “supuesto uso de documentos falsos (facturas apócrifas), evasión tributaria, vaciamiento de empresa y administración fraudulenta”.

En concreto, apuntó contra Silvina Drovandi, Carolina Gallo, Rodrigo Rossi y Darío Romero como presuntos autores de evasión de tributos como IVA, Ganancias y contribuciones a la seguridad social, por un monto estimado en $ 80 millones.

El juez federal Carlos Ochoa declaró la incompetencia material de su tribunal en cuanto a la evasión, dado que la institución no estaría alcanzada por las obligaciones que plantea la denuncia, mientras que estudia lo referido a aportes patronales.
Ochoa remitió el resto de la demanda al Juzgado de Control de los tribunales ordinarios de Río Cuarto, pero todavía no hay ningún fiscal asignado al caso.

Haz lo que digo y no lo que hago

Ignacio Gatto Mazola se define como un hombre de familia militar, y su pensamiento político se podría describir como de ultraderecha. Comulga con la ideología de los “leones”, pero asegura que no milita ni comparte espacios políticos con nadie.

Lejos de la organicidad del partido tanto como de sus referentes locales, considera enemigos a quienes lo habrían traicionado cuando -según su versión de los hechos- le vendieron un buzón. O, mejor dicho, una bomba de tiempo.

El mendocino jura que la escuela voló por el aire como consecuencia de las deudas y el desmanejo heredado. Pero Sadop, el gremio de los docentes, habla de una maniobra de vaciamiento empresario y lo responsabiliza a él.

Una sangría terminal

El instituto privado, que supo albergar a 130 alumnos en sus tres niveles, entró en crisis por el atraso con los docentes a mediados de junio, y sufrió la sangría terminal de su matrícula. Al día de hoy, no tiene ni un solo estudiante, aunque no se haya declarado el cierre.

En el plano financiero, la Fundación ETIM de Gatto Mazola acumuló 18 cheques rechazados por falta de fondos, que hacen un total de más de $ 41 millones, entre el 19 de mayo y el 23 de junio de este año. Solo pudo levantar 3 de esos instrumentos, por un valor de menos de $ 6 millones.

El nexo con los aportantes de campaña de Gabriel Bornoroni

Recapitulemos. La denuncia de Gatto Mazola no solo contiene información sobre posibles delitos, sino que también da pistas sobre el estrecho vínculo entre Carson y aportantes a la campaña de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025.
¿Cuál es la conexión? El colegio comparte medidor de luz con la administración del Loteo Ayres de La Antonia, y habitualmente la factura era cancelada por el centro educativo, que luego les cobraba su parte a los vecinos.

El empresario mendocino acusa a Silvina Drovandi y su equipo de recibir ese dinero de los desarrollistas inmobiliarios y quedárselo, sin ingresarlo a ETIM, como hubiera correspondido.

El aportante a la campaña de Gabriel Bornoroni

El Loteo Ayres de La Antonia pertenece a la firma Antula Construcciones SAS, integrada entre otros por el empresario inmobiliario Enrique Nadal, además de Carolina Vasquetto y su hermano Diego, provenientes de una poderosa familia agroindustrial.

Esa misma razón social aparece en el informe de la Cámara Nacional Electoral como aportante de campaña. Antula SAS figura en el detalle de gastos de La Libertad Avanza Córdoba en las legislativas de 2025, cuando Soldano integraba la lista de Diputados de Gabriel Bornoroni.

¿El monto declarado? No es significativo: apenas $ 800 mil, en el marco de un registro de donaciones de campaña donde empresas como AGD y Prodeman figuran con transferencias de solo $ 1 millón cada una en favor de LLA.

En la Justicia, un frente despejado

En abril de este año, Nadal quedó finalmente absuelto en una causa donde estaba procesado por malversación de caudales contra el Banco Nación de Adelia María. Se trata de la maniobra de un exempleado, el riocuartense Federico Tártara, que lo metió en el expediente al girarle un total de $ 884 mil.

No saben, no contestan
Consultados por el caso que Río Cuarto sigue atentamente, ni Bornoroni ni Soldano respondieron ante las versiones y denuncias expuestas.