Una docena de gremios que representan a trabajadores estatales de Córdoba se movilizaron este martes en el centro de la ciudad en reclamo de la «inmediata reincorporación» del personal contratado en el sector público provincial. En Río Cuarto, los reclamos se concentraron en el Hospital San Antonio de Padua donde pidieron la reincorporación de diez trabajadores.

Una docena de gremios que representan a trabajadores estatales de Córdoba se movilizaron este martes en la zona céntrica de la ciudad, en reclamo de la «inmediata reincorporación» del personal contratado en el sector público provincial, mientras desde la cartera de Salud sostuvieron que se está «revisando» caso por caso debido al «elevado ausentismo».

La Unión de los Trabajadores de la Salud (UTS) realizó una jornada de trabajo a reglamento partir de las 10 y se concentró en la zona del Polo Sanitario de la ciudad de Córdoba, donde visibilizaron carteles y consignas en «rechazo a los despidos masivos».

Estela Giménez, dirigente de la UTS, manifestó a los medios locales que «dieron de baja contratos de personal que están trabajando en condiciones precarizadas desde hace más de siete años».

«Todos los días están notificando baja de contratos y despidos con el argumento de ausentismo, cuando en realidad se trata de licencias por distintos motivos», y que en la mayoría se trata de personal femenino como enfermeras y quienes se desempeñan en otras tareas, por lo tanto «los despidos son ilegales», afirmó la dirigente gremial.

Mientras, otros gremios alineados con la CGT Regional Córdoba, entre ellos el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se movilizaron hacia la explanada de la Catedral, en el centro de la capital, donde fueron recibidos por el sacerdote Munir Bracco, de la Pastoral Social.

Bracco ofició una oración pública en ese lugar, donde instó a la dirigencia de los sectores políticos, políticos, sociales, sindicales, empresariales y religiosos a que «podamos ser capaces de levantar la mirada y orientan las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para el bien común».

«En las crisis nos salvamos juntos o nos hundimos todos», aseveró el sacerdote y pidió no claudicar el diálogo por la paz y la justicia social: «No claudiquemos en el sueño y en la lucha para que cada argentino pueda tener pan, paz, tierra, techo y trabajo, porque no es posible morirse de hambre en esta tierra bendita del pan», destacó.

Sergio Castro, titular del SEP, manifestó a los medios locales que el gobernador Martín Llaryora está aplicando «medidas de ajuste en consonancia con el Gobierno nacional».

En ese sentido exigió la «reincorporación» de los trabajadores cesanteados, el respeto a la tutela sindical; el rechazo al aumento de los porcentajes de aportes para las jubilaciones y la obra social estatal.

El secretario de Salud provincial, Carlos Giornada, habló con el canal 12 de Córdoba y explicó que de 4.300 contratos en el sector de la salud solo 404 no fueron renovados automáticamente.

Se está «evaluando su desempeño» debido al «elevado porcentaje de ausentismo», y lo que se pretende es «eficientizar el trabajo del equipo de Salud», manifestó el funcionario.}

También participaron de la movilización, entre otros, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los legislativos (SELC), Casinos (ACEC), municipales (Suoem), judiciales (Agepj), Luz y Fuerza, gráficos, bancarios, docentes privados (Sadop) y docentes públicos (UEPC).

En Río Cuarto

La movilización se concentró en el Hospital San Antonio de Padua, donde los gremios se concentraron para rechazar el despido de diez trabajadores, de los cuales cuatro contraron fueron revisados que corresponden a tres enfermeras y una médica. Participaron trabajadores cesanteados de la administración central y de Cultura.

Por su parte, Gastón Molayoli, programador en el Centro Cultural Leonardo Favio, denunció que hubo cinco despidos en Cultura, de los cuales tres se dieron en la ciudad de Río Cuarto y dos en Alpa Corral.

Molayoli afirmó que en el caso de la ciudad, «el área Cultura fue prácticamente desmantelada, estamos trabajando al mínimo, y tenemos la certeza de que las personas despedidas son fundamentales en su trabajo». Además, explicó que el despido fue comunicada por CIDI y no hubo alguna explicación de lo sucedido.

Por otro lado, la secretaria general de ATE, Rafaela Alcoba, destacó: «Venimos hace rato reclamando a la provincia que cese con los despidos, que reabra paritarias, y nos encontramos hace una semana que la Legislatura votó a favor de los aportes a la caja de Apross y la caja jubilatoria. El gobierno de Llaryora va en contramano de lo que los trabajadores pedimos, su respuesta fue despidos», concluyó.

Fuente: La Nueva Mañana