Por Sandra Choroszczucha – Politóloga y Profesora de la UBA
¿Saben que el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Nación Daniel Tillard, en 2024 fueron denunciados penalmente por incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó entregar 2,95% de los fondos de coparticipación desde el gobierno nacional al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)? Los legisladores Hernán Reyes, María Cecilia Ferrero y Facundo de Gaiso, todos de la Coalición Cívica, presentaron tal denuncia. El órgano supremo del Poder Judicial falló a favor de que se restituya el dinero que se le adeuda a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por coparticipación, pero esto no se cumplió.
¿Saben que luego de no respetar, de no acatar este fallo de la Corte Suprema, el gobierno cuando se le antojó definió incluir esta restitución para que se vota en la ley del presupuesto 2026 en el Congreso? Así, ignorando lo que ya era un fallo del máximo tribunal de justicia de la nación, el gobierno incluye en el presupuesto del año próximo que se vote a favor de una restitución que ya está asignada hace más de un año por la Corte Suprema y que no se cumple.
¿Y esto quiere decir que entonces el gobierno empodera al poder legislativo en detrimento del poder judicial? No, no y no. El poder legislativo también es ignorado y ninguneado, por eso luego de insultos y malos tratos recurrentes del presidente contra el poder Legislativo desde que asumió el poder, el gobierno pretendió en uno de los artículos de un capítulo de la ley de presupuesto 2026 derogar dos leyes, la de emergencia en discapacidad y la de financiamiento de las universidades. Estas dos leyes fueron votadas afirmativamente por la cámara de Diputados y por la de Senadores, pero pocos días después, el 4 de agosto de 2025 el presidente decidió vetar estas leyes en su totalidad. Sin embargo, ambas cámaras insistieron en aprobar estas leyes y por eso rechazaron el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Reitero, estas leyes se sancionaron en el Congreso, pero el gobierno definió no ejecutarlas. Y decidió algo más, derogarlas (que se deje sin efecto) recientemente en el presupuesto 2026.
Para que se entienda mejor: en un mismo capítulo de la ley de presupuesto 2026 se incluyeron diversas medidas plasmadas en diversos artículos, y se decidió que se votara por capítulos y no por artículos, por lo tanto, si un diputado/a votaba a favor o en contra lo hacía respecto al capítulo y no a los artículos que lo componen. La trampa fue incluir artículos que benefician a ciertas provincias, que benefician a CABA restituyendo lo que se le adeuda, pero ya debería estar saldado por la Corte Suprema ya lo ordenó, y se incluyó la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y a la financiación a las universidades.
Afortunadamente la mayoría de diputados rechazaron el capítulo entero que entre sus artículos pretendía derogar leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ¡leyes ya sancionadas por el Congreso hace casi cuatro meses!.
Esto llevó a que no pueda aprobarse el presupuesto 2026 por completo porque con esta salvedad se debe rever y modificar lo relacionado a este capítulo y sus artículos, y por tal motivo se escuchaba y se leía en redes y medios que “el gobierno fue por todo y se quedó sin nada”, que “el gobierno perdió otra pulseada cuando podía ya tener aprobado el presupuesto completo 2026 en la cámara de Diputados”.
Tal vez esto sea cierto, y tal vez sea por desinteligencia o/y por esa malvada batalla cultural donde se insiste en robarle a los discapacitados (hay denuncias contra el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS-, ex amigo y abogado personal del presidente, y contra la misma hermana del presidente, Karina Milei, que fue mencionada en varios audios como receptora de retornos -coimas- en torno al dinero que corresponde destinar a la discapacidad), pero como no alcanzó con robar dinero a la discapacidad, sigue el ensañamiento proponiendo derogar la ley de emergencia a un colectivo que reclama lo esencial, que se respeten sus derechos humanos y sus vidas.
Un poquito más de batalla cultural inhumana: “los dirigentes argentinos de bien mileistas” propiciaron que el 18 de septiembre de 2024, 87 diputados hayan sido invitados/agasajados tildados de “héroes” en la quinta presidencial para comer un asadito y celebrar un veto presidencial. De tal modo, se celebró con mucho júbilo que los jubilados, a partir de tal veto, no cobren un haber que pretendía incrementarse en 12 mil pesos. Sí leyeron bien, se celebró con jolgorio que los jubilados no iban a ver incrementados sus haberes para poder comprarse más o menos una docena de empanadas.
Los vetos del presidente Milei para anular las leyes de emergencia en discapacidad y a la salud pediátrica y al financiamiento universitario demostró crueldad, de la peor; ensañarse contra el Hospital Garrahan y la salud de los niños y adolescentes, y contra los discapacitados/as es de una bajeza nunca vista en la vida democrática argentina.
¿Esto nos habla de falta de empatía y de falta de humanidad? Sin duda. ¿Pero termina ahí? Por supuesto que no. Porque además de una batalla cultural donde el presidente y los suyos se jactan de perjudicar, desatender y abandonar a las personas con mayores necesidades y dolencias existe algo más que es realmente grave para la institucionalidad democrática: en Argentina no hay una república porque no se respeta la división de poderes, porque antes que eso no se respeta a los poderes del Estado, y así el Ejecutivo nacional discrecional y arbitrariamente hace lo que se le ocurre, y por eso leyes sancionadas por el Congreso son ignoradas por el gobierno, tan ignoradas que se incluye en el presupuesto 2026 que se deroguen tales leyes votadas/aprobadas dos veces por ambas cámaras. Y por eso, se incluye en el presupuesto 2026 un artículo que pretenden beneficiar a CABA con una restitución de presupuesto, restitución que ya fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia el año pasado y que el Ejecutivo no cumplió con el fallo.
¿La indiferencia y negación por parte del gobierno a las leyes sancionadas por el Congreso de la nación, la indiferencia y negación de lo que disponen por ley los poderes los fallos del poder Judicial, el incumplimiento a lo que estable la Constitución que ordena cumplir con las leyes y acatar los fallos, no marcan acaso ausencia de una gestión de gobierno republicana?
¿Y si no cumple con los requisitos republicanos, la democracia sigue vigente en su plenitud? ¿Si no tenemos garantías de que se cumplan nuestros derechos y de que se hagan cumplir nuestras obligaciones estamos a merced de un Estado democrático? ¿O estamos absolutamente desprotegidos donde un gobierno elegido puede luego hacer lo que le plazca incumpliendo la ley, y perjudicando a piacere a niños que requieren atención médica, a discapacitados en emergencia y a estudiantes universitarios?
Por último y en sintonía con lo que le preocupa en demasía al gobierno ¿llegarán las inversiones tan deseadas si los grandes inversionistas se informan cotidianamente, que en Argentina las leyes que se sancionan en el Congreso no se ejecutan y que los fallos que dictamina el Poder Judicial no se cumplen?
