Más de 20 entidades gremiales que representan al personal aportante a la Caja de Jubilaciones de la Provincia se movilizan a la Legislatura. «Sin diálogo ninguna reforma es saludable ni sustentable», subrayó Adrián Valan, de Judiciales.

En la mañana de este lunes, gremios estatales comparten una movilización por el centro de la ciudad, que se conduce hacia la Legislatura, en rechazo de las normas aprobadas por la Unicameral, que amplían las facultades del Poder Ejecutivo para incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos provinciales.

Adrián Valan, secretario gremial de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), durante la manifestación afirmó: «Las y los judiciales nos encontramos una vez más en la calle junto a los gremios aportantes con medidas de fuerza de protesta por un nuevo ajuste al bolsillo de las y los trabajadores y jubilados».

Acto seguido, apuntó directamente contra la gestión de martín Llaryora: «Pareciera que a este gobierno no se le ocurre otra cosa que apretar a laburantes, jubilados, para solucionar el déficit de la Caja. Sin diálogo ninguna reforma es saludable ni sustentable. Acá seguiremos, reclamando por salarios y jubilaciones dignas».

La cuestionada reforma

La ley impulsada por Llaryora contempla la restitución parcial del 82% móvil, estableciendo un adicional no remunerativo para compensar la deducción de aportes personales en el cálculo del haber, que aplicará a un universo de aproximadamente 60.000 jubilados con haberes en torno a los $1.300.000.

Asimismo, faculta a la Provincia para elevar las alícuotas de aportes de los trabajadores activos en hasta un 8%, según escalas progresivas que priorizarán a los sectores con mayores salarios (como empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales).

Los gremios reclaman diálogo

El pasado lunes 22, los secretarios generales representantes de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones concurrieron al Centro Cívico. Buscaban reunirse con las autoridades, con el secretario General de la Gobernación David Consalvi, a partir de la conformación de una “mesa de diálogo” propuesta por el mismo Ejecutivo.

“No solo no fuimos recibidos por las autoridades, sino que además el Gobierno pretende avanzar en la implementación del aumento de los aportes a espaldas de los sindicatos, incumpliendo el compromiso público de no aplicar cambios en el proyecto de ley y de reunirse con todos los gremios para trabajar en su reglamentación”, sostuvieron en un comunicado la veintena de sindicatos involucrados.

Déficit de la Caja: contexto de un problema de larga data

Según distintas proyecciones y datos provenientes del propio gobierno provincial, el déficit de la Caja de Jubilaciones en 2026 podría superar los 750.000 millones de pesos.

Los fondos que “debería” girar mensualmente la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), fueron estimados en más de $30.000 millones a fin de cumplir con convenios vigentes.

Durante las gestiones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti era común, casi una muletilla, hablar de “discriminación” al dirigirse a los gobiernos de entonces y el no reconocimiento de los fondos reclamados.

Pasó que, si bien Anses giraba a Córdoba menos recursos de los pretendidos (la Nación contemplaba la llamada “armonización”, a partir de que la media de las jubilaciones de Córdoba era superior a las nacionales), no dejó de enviar los recursos como sí sucede ahora.

Las quejas por los atrasos, o directamente el no envío de los fondos por parte del gobierno de Javier Milei, no tienen la misma virulencia que cuando estaban al frente del Ejecutivo nacional Cristina Kirchner o Alberto Fernández.

¿Será a causa del apoyo con que cuenta aún en un contexto de profunda crisis y recortes el Gobierno nacional en el electorado cordobés?

Con las encuestas bajo el brazo

Los comicios del 26 de octubre fueron un llamado de atención. Más allá de que la performance del “cordobesismo” en las elecciones de medio término nunca fue descollantes, en esta oportunidad la fuerza apostó fuerte y se presentó dentro del flamante espacio Provincias Unidas, buscando “romper grietas” y meterse por la “avenida del medio”.

El resultado no fue el esperado, a pesar de haber puesto toda la carne en el asador con Juan Schiaretti encabezando la lista: 42,3% para La Libertad Avanza contra 28,3% para Provincias Unidas, una diferencia de nada menos que 14 puntos.

Y se encendieron las alarmas para el gobierno de Martín Llaryora, cuyos funcionarios transitan las oficinas del Panal siempre con las planillas diarias de las encuestas bajo el brazo.

El temor a un “tsunami” libertario en 2027 lleva al Centro Cívico a resetear permanentemente sus políticas, a fin de sortear cualquier nubarrón de cara a la crucial elección provincial y a fortalecer el control del territorio, donde el exitoso acuerdo político De la Sota-Schiaretti llevó al llamado “peronismo cordobés” a mantenerse en el poder, ininterrumpidamente, desde 1999.

Martín Llaryora debe demostrar que es capaz de enfrentar los nuevos tiempos con el avance estrepitoso de la ultra derecha que encarna Javier Milei. Y buscó rápidamente controlar, al menos por el momento, un frente que amenazaba su gobernabilidad… y la paz social: el crónico déficit de la Caja de Jubilaciones.

Si la Nación ejecuta el “ahorro” para lucir su superávit fiscal ajustando jubilaciones y pensiones (la última movilidad votada por el Congreso, que implicaba una ínfima suba de los haberes fue vetada por Milei, y el bono de $70.000 no se actualiza desde hace dos años, con una jubilación mínima que hoy llega a $419.333 con ese adicional congelado) el gobierno de Llaryora ajustó incrementando los aportes previsionales a los trabajadores y trabajadoras públicos.