El máximo tribunal admitió la participación del sindicato en la causa de inconstitucionalidad y le dio seis días al Gobierno provincial para responder.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba reconoció la legitimidad del Sindicato de Luz y Fuerza para intervenir en la acción de inconstitucionalidad presentada contra el proceso de privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
La decisión, contenida en la Resolución 272, implica un precedente relevante, ya que el alto cuerpo judicial reconoció que el gremio posee un interés jurídico colectivo en la defensa del carácter público de la empresa energética. En ese sentido, el fallo admite que el sindicato puede impugnar una política de Estado cuando esta afecte derechos sociales o colectivos, más allá de los intereses laborales o salariales directos.
En la presentación, los abogados patrocinantes del gremio, Miguel Julio Rodríguez Villafañe y Manuel Daher, sostuvieron que la privatización de EPEC “encubre un grave perjuicio a la prestación de un servicio público esencial, a la función social de la propiedad y al derecho de acceso al servicio eléctrico, especialmente en los sectores vulnerables”.
Asimismo, el planteo subraya que la electricidad constituye un servicio indispensable para el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y que la conversión de EPEC en una sociedad anónima “no garantiza una prestación adecuada y equitativa” para toda la sociedad.
Tras analizar los argumentos, el TSJ consideró que la acción resulta formalmente adecuada para su tramitación y dispuso la apertura de un juicio abreviado. Además, ordenó correr traslado al Estado provincial para que, en el plazo de seis días, responda a los fundamentos del sindicato.
De este modo, la Provincia deberá explicar cuáles son las “razones públicas trascendentes” que justifican transformar a EPEC —empresa estatal pública e integral— en una sociedad anónima, considerando que, según el gremio, se trata de una compañía económicamente sostenible y sin pérdidas.
