Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera
El acto militar de Estados Unidos que culminó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro constituye un punto de inflexión en la historia reciente de América Latina: una violación explícita de los principios elementales de soberanía, de la Carta de las Naciones Unidas y de la convivencia pacífica entre naciones. En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación que terminó con la detención de Maduro y su traslado fuera de Venezuela, bajo la dirección del presidente Donald Trump. Este hecho no es una “intervención quirúrgica” ni una acción humanitaria: es un acto de fuerza que recuerda las peores tradiciones de intervencionismo estadounidense en la región, justificadas con argumentos más retóricos que jurídicos o fácticos.
Más allá de las palabras de Trump y de sus voceros, que han querido enmarcar la operación en la lucha contra el narcotráfico o el “narco-terrorismo”, la detención de un presidente en ejercicio por parte de fuerzas extranjeras rompe normas claras del derecho internacional. El propio proceso judicial abierto en Estados Unidos contra Maduro plantea complejos debates sobre inmunidad de jefes de Estado y la legitimidad de aplicar cargos penales cuando no existe consenso internacional ni mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
Este tipo de acción, secularizado en la doctrina de la fuerza sobre el derecho, no solo carece de justificación legal clara sino que debilita las propias normas que Estados Unidos históricamente proclamó defender. El resultado inmediato —explosiones en Caracas, confrontación diplomática y un estado de conmoción exterior declarado por Venezuela— es apenas la superficie de una crisis que amenaza con desestabilizar aún más la región.
Desde Washington se ha repetido la narrativa de que Maduro y su círculo conformarían un cartel de drogas poderoso, vinculando al Estado venezolano con el llamado “Cártel de los Soles”. Sin embargo, esa acusación ha sido objeto de revisión incluso dentro de instancias del propio gobierno estadounidense. Recientemente, el Departamento de Justicia retiró formalmente la referencia a esa estructura Cartel de los Soles en parte de su propia acusación penal —un gesto que evidencia la fragilidad probatoria de esa narrativa, largamente promovida sin evidencia sólida y más basada en clichés y prejuicios hacia el gobierno venezolano.
Este repliegue no invalida de por sí el combate al narcotráfico regional, pero sí cuestiona la instrumentalización política del término para justificar operaciones militares. La falta de transparencia y pruebas claras sobre la supuesta implicación directa de Maduro en una estructura criminal organizada refuerza la percepción de que la justificación principal de la acción de Trump es geopolítica y económica —no judicial.
La reacción internacional ha sido mayoritariamente crítica frente a la decisión unilateral de Estados Unidos. Gobiernos de América Latina, junto con potencias como Rusia y China, han denunciado lo que describen como una “agresión” y una vulneración de la soberanía venezolana. Las voces que llaman al respeto de la legalidad internacional, a la no intervención y al diálogo superan a las que celebran el acto militar. Incluso en Estados Unidos, sectores importantes del Derecho Internacional y varios medios reconocidos han puesto en duda la eficacia y la legitimidad de la operación.
Una de las aristas más inquietantes en esta coyuntura es la postura tomada por el presidente argentino, Javier Milei. Contra la tradición diplomática argentina —que históricamente ha defendido el principio de no intervención, la soberanía de los pueblos y la solución pacífica de controversias— Milei no solo respaldó públicamente la acción militar de Estados Unidos, sino que celebró la caída de Maduro como un acontecimiento positivo para la región. Su discurso ha enfatizado términos como “libertad” y “caída del dictador”, alineándose estrechamente con la narrativa de Trump y desconociendo los procesos multilaterales que históricamente ha promovido Argentina.
Este respaldo no es una opinión aislada: fue articulado incluso ante la Organización de Estados Americanos, donde el embajador argentino ratificó el apoyo a la operación y sostuvo declaraciones basadas en acusaciones —aún no probadas ni admitidas internacionalmente— vinculando a Maduro y a Venezuela con estructuras criminales.
La elección de alinearse con un acto militar unilateral de una potencia extranjera contradice la tradición diplomática argentina, aleja al país de mecanismos de resolución pacífica y deja una marca profunda en su credibilidad internacional.
La captura de Maduro por parte de Estados Unidos no solo plantea una crisis inmediata de soberanía y orden regional: establece un peligroso precedente para la interacción entre países. Si la fuerza bruta puede sustituir a la diplomacia, si los discursos penales pueden reemplazar a las evidencias, y si gobiernos externos pueden decidir el destino político de otras naciones sin mecanismos multilaterales, el sistema internacional entero se resquebraja.
El apoyo de líderes regionales a este tipo de acciones —como el de Milei en Argentina— no solo desnaturaliza tradiciones diplomáticas valiosas sino que abre interrogantes sobre la dirección estratégica y moral de la política exterior en Sudamérica. Un continente marcado por intervenciones pasadas debería saber que la fuerza exterior solo encenderá más conflictos, no los resolverá.
