Por Gustavo Matías Terzaga. Abogado. Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE, de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.
Uno de los rasgos distintivos de la ofensiva liberal de nuestro tiempo es su capacidad para manipular el lenguaje hasta convertirlo en un instrumento de inversión moral. Bajo consignas como la llamada “industria del juicio”, se intenta instalar la idea de que el empleador es la víctima de un orden jurídico adverso y que el trabajador es el responsable parasitario, ocultando que el vínculo laboral es esencialmente desigual y que el Derecho del Trabajo surgió para limitar ese poder y proteger al trabajador.
El examen del proyecto denominado “Modernización Laboral” no puede agotarse en la fría enumeración de sus institutos ni en la apariencia técnica con la que pretende presentarse ante la opinión pública. Estamos, en rigor, frente a un desplazamiento estructural del estatuto constitucional del trabajo consagrado en el art. 14 bis, es decir, ante un intento de reordenar la relación entre capital y trabajo en favor del primero, alterando uno de los pilares sobre los que se edificó el constitucionalismo social argentino. La acumulación de modificaciones proyectadas —en materia de jornada, horas extraordinarias, régimen indemnizatorio, fondos de cese laboral, vacaciones, salario, período de prueba y negociación colectiva— revela un patrón normativo coherente que no apunta a mejorar la organización productiva, sino a reducir la intensidad protectora del sistema y a trasladar de manera sistemática el riesgo económico desde el empleador hacia el trabajador.
Por eso, cuando una reforma laboral debilita de manera sistemática la protección del trabajo, no está modernizando el derecho ni la estructura jurídica laboral, está alterando las bases constitucionales del orden social. Y esa alteración no puede comprenderse sólo como un episodio legislativo, sino como parte de un proceso histórico más amplio de reconfiguración del poder económico y político en la Argentina. Desde esa perspectiva —y no desde la ingenuidad tecnocrática— debe leerse el debate actual, porque lo que está en discusión no es simplemente un régimen laboral, sino el lugar mismo del trabajo en la comunidad nacional.
La herencia pos Malvinas
Hay derrotas que no se miden únicamente en términos territoriales o militares, sino en el desplazamiento silencioso de un país entero de su propio eje histórico. La derrota en Malvinas fue una de ellas. No sólo significó el cierre de un capítulo militar, sino la apertura de un ciclo político y económico que reorganizó la Argentina sobre nuevas bases; debilitando su autonomía estratégica y habilitando la consolidación de un programa de apertura irrestricta, desindustrialización y subordinación financiera que se convertiría, con los años, en el verdadero consenso del nuevo orden democrático.
No se trató de un simple cambio de rumbo, sino de una mutación profunda del Estado y de la estructura social. La transición democrática no desmontó ese programa de genocidio económico a cuenta gotas; lo administró, lo legitimó y en muchos aspectos lo profundizó mediante reformas estructurales, privatizaciones y reconfiguraciones institucionales que erosionaron sistemáticamente las bases materiales del trabajo organizado y del Estado social. La democracia recuperada convivió así con una economía cada vez menos nacional, una soberanía cada vez más langidecida y con una sociedad progresivamente más fragmentada.
La retracción industrial que atraviesa la Argentina no puede interpretarse como un accidente histórico ni como el simple efecto de ciclos económicos adversos en el marco de la naturalización de la alternancia política, sino como la consecuencia lógica de un patrón de acumulación consolidado a lo largo de décadas que ha subordinado la producción y el trabajo a la primacía de la renta exportadora y la valorización financiera. Lejos de tratarse de una fatalidad o de una supuesta incapacidad estructural, este proceso responde a una decisión política persistente del bloque de poder que administra el excedente generado por las commodities en función de sus propios intereses, configurando un modelo económico cuya única coherencia estratégica —lamentablemente— ha sido la consolidación de un proyecto claramente antinacional.
La estrategia de desarticular al sujeto histórico
El neoliberalismo no es únicamente un modelo económico; es, sobre todo, una estrategia de poder. Su objetivo central ha sido debilitar al sujeto colectivo del trabajo no sólo en la fábrica, sino en la cultura, en la educación, en el sentido común y en la identidad social. La actual ofensiva contra los derechos laborales es también un ataque final al sindicalismo argentino —disfrazada bajo el lenguaje amable de la “modernización”— no es un fenómeno novedoso, sino la culminación normativa y jurídica de una transformación iniciada hace décadas en el plano cultural, económico y organizacional.
Dicho sin rodeos, la reforma laboral en debate no busca mejorar la productividad ni corregir desajustes frente al avance de los tiempos; apunta a quebrar definitivamente al sujeto histórico que, con todas sus contradicciones, fue el principal límite al poder económico en la Argentina. Por eso, la defensa del movimiento obrero organizado no es una consigna nostálgica ni una reivindicación corporativa, es una condición indispensable para cualquier proyecto nacional sustentable con vocación de soberanía y justicia social.
La continuidad histórica de la CGT
En ese escenario, la CGT —aún fragmentada, aun desgastada— sigue encarnando una continuidad histórica que no pudieron destruir ni el globalismo, ni la dictadura genocida, ni Alfonsín, ni el neoliberalismo de los noventa, ni las restauraciones conservadoras posteriores. Ha sido blanco sistemático no sólo del poder económico y de las expresiones partidarias del establishment, sino también de sectores que se autodefinen como populares y que nunca comprendieron que sin organización obrera no existe democracia efectiva para el pueblo.
Un progresismo de matriz cultural, todavía influyente en ciertos espacios, adopta acríticamente el relato de la “burocracia sindical” como explicación totalizante. Esa narrativa funciona como un dispositivo de deslegitimación del único actor colectivo con capacidad real de disputar poder y establecer límites al capital. El problema no consiste en exigirle a la CGT que vuelva a ser lo que fue, sino en reconstruir el sujeto histórico que le dio origen y potencia.
Porque lo que atravesamos no es una crisis más, es la fase final de un modelo de dominación y de demolición nacional que desde el golpe de 1976 avanza sobre los restos de un país que supo tener un movimiento nacional, industrial y soberano; el de Perón y Evita. Aquella irrupción violenta buscó amputar la memoria popular, desarticular la conciencia nacional, eliminar la representación sindical y disolver los vínculos de solidaridad en nuestra sociedad.
La clase trabajadora fue convertida en variable de ajuste mediante represión directa, desaparición de dirigentes y disciplinamiento social, mientras una ofensiva cultural persistente reducía al sindicalismo a una caricatura tóxica. El menemismo, como fase política de profundización del programa de Martínez de Hoz, consolidó la extranjerización y la desindustrialización, pero también licuó desde el propio peronismo al sujeto social que le había dado origen.
Las limitaciones del ciclo K
En los años posteriores a 2003 se intentó recomponer una política nacional, aunque sin alcanzar una verdadera estructura popular organizada. Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en figura central de un modelo que, pese a conquistas significativas y disputas con poderes concentrados, operó crecientemente con lógica palaciega. La rosca desplazó a la representación y el verticalismo reemplazó la construcción colectiva.
El movimiento obrero fue utilizado como base electoral, pero relegado como actor político autónomo, y el vínculo comenzó a resquebrajarse definitivamente en 2011, tras la muerte de Néstor Kirchner. Desde entonces, el sindicalismo pasó a ser visto con sospecha —cuando no directamente como un estorbo— en el esquema de poder, en contraste con la tradición histórica en la que Perón sostenía un vínculo cotidiano y orgánico con la central obrera. Esa desconfianza hacia todo poder popular autónomo, que bajo una conducción estratégica puede fortalecer a un gobierno y a un proyecto nacional, terminó erosionando la posibilidad de reconstruir una verdadera columna vertebral durante el kirchnerismo. Lejos de consolidarse, esa base fue progresivamente vaciada, debilitando la capacidad estructural de un proyecto que necesitaba, más que nunca, apoyarse en su sujeto histórico.
El cambio en la estructura del trabajo
Sin embargo, no todo el retroceso sindical se explica por decisiones políticas. El mundo del trabajo se transformó profundamente. La precarización, la tercerización, la automatización y la expansión de nuevas formas laborales desancladas del empleo formal erosionaron la densidad organizativa clásica. Trabajadores de plataformas, monotributistas crónicos y sectores informales crecieron por fuera de los canales tradicionales de representación, reduciendo la base material del sindicalismo.
A esta situación se suma un dato decisivo. Las acciones del sindicalismo carecen de capitalización política real, en gran medida como resultado de una dirigencia política cupular absorbida por la lógica de la rosca y la disputa de centralidades relativas, más preocupada por la administración del poder que por la construcción de una base social organizada. En ese marco, con menos trabajadores formales, menor poder de fuego y un Estado debilitado, se le exige a la CGT una capacidad de acción que sólo podría existir con un movimiento obrero plenamente articulado y respaldado por una conducción estratégica que hoy no aparece o no logra consolidarse. Y sin embargo, aun en su estado de fragmentación y desgaste, la central obrera ha hecho más que buena parte de la oposición política. Ha puesto el cuerpo en los momentos decisivos mientras otros optaban por la especulación, evidenciando que, incluso debilitado, el movimiento obrero sigue siendo el único actor colectivo con capacidad real de expresar resistencia social organizada. En este contexto, si el peronismo aspira a constituirse en una alternativa política hacia 2027, debería comenzar a ofrecer señales concretas de la tantas veces invocada unidad, convocando a los principales actores políticos y sociales en torno a un programa común que no sólo reconozca, sino que acompañe, sostenga y fortalezca la lucha de los trabajadores como eje ordenador de cualquier proyecto nacional con vocación de futuro.
La batalla por venir
Macri, Milei y toda futura restauración conservadora no hacen más que inscribirse en una misma línea histórica; la continuidad del programa inaugurado por Martínez de Hoz y profundizado por el menemismo, cuyo objetivo estratégico ha sido desmontar el principal dique de contención frente al avance antinacional, encarnado en el modelo sindical argentino.
La reconstrucción no vendrá desde los despachos ni desde los laboratorios de opinión, sino desde las organizaciones reales, desde los delegados de base, desde las cooperativas, los barrios y las instituciones comunitarias. Desde ese subsuelo donde todavía late lo nacional. La disputa que se abre no es sólo por salarios, derechos o convenios; es una batalla por la historia, por la dignidad y por el sentido mismo de la nación y su comunidad. Si existe un futuro posible, será con el movimiento obrero como sujeto político central, porque no hay nación sin clase trabajadora organizada, ni peronismo ni movimiento nacional sin su columna vertebral en pie.
