El Ministerio de Economía intentó justificar la medida argumentando la falta de «eficiencia económica», sin embargo, el año pasado Nucleoeléctrica Argentina alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3%. 

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La empresa es una pieza clave del sector energético nacional y opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El Decreto 695/2025 combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, si bien el Estado mantendría la mayoría accionaria, tras la apertura a la privatización, la perdida de acciones en una compañía clave podría ampliarse.

El gobierno de Javier Milei intentó justificar la medida argumentando que la intervención estatal «no garatizó eficiencia económica» y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I (prevista para 2027).

Sin embargo, el panorama de la empresa es positivo, en 2024 alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3%.

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, con alcance nacional e internacional, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.

El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.

Actualmente, Nucleoeléctrica es propiedad en un 79% por el Estado nacional, un 20% por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% por Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Con el nuevo esquema, se venderá el 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional, además se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5%, destinado a trabajadores. Asimismo, el Ejecutivo y la CNEA conservarán el 51%, asegurando control mayoritario.

Semanas atrás los diputados nacionales cordobeses Gabriela Estévez y Pablo Carro, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley en la Cámara baja para frenar la privatización. El proyecto señaló que la normativa del oficialismo «debilita la seguridad energética y la política exterior del país». Además los legisladores adviritieron que la participación privada en el sector nuclear no protegió los activos estratégicos de la desarticulación estatal en el pasado.

Fuente: NA