El Decreto 812/2025 elimina la intervención estatal en la determinación del precio de la materia prima. Desde ahora, productores y empresas deberán negociar directamente en un esquema de mercado libre.

El Gobierno nacional dispuso la liberación del precio de la yerba mate al modificar las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que hasta ahora tenía la atribución de fijar los valores de la materia prima que se paga a los productores.

La medida se formalizó mediante la publicación del Decreto N.º 812/2025, que introduce cambios sobre el Decreto Reglamentario 1.240/2002. Con esta modificación, el INYM deja de intervenir en la definición de precios, una herramienta ampliamente utilizada durante los últimos años para ordenar las relaciones entre productores y molinos.

Fin de la fijación oficial de precios

A partir de la nueva normativa, los precios deberán acordarse directamente entre los productores y las empresas elaboradoras, sin la mediación del instituto. Según los considerandos del decreto, el objetivo es evitar “distorsiones en los valores del mercado” y garantizar la “libre interacción de la oferta y la demanda”.

La Secretaría de Agricultura informó a la Agencia Noticias Argentinas que la nueva regulación busca que el INYM “focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, impidiendo su intromisión en un mercado competitivo”. De este modo, el organismo conservará su rol en la promoción del producto y en el control de los procesos de elaboración, pero sin capacidad de intervenir en la actividad económica del sector.

Revisión normativa en 30 días

El decreto instruye al INYM a relevar y adecuar toda la normativa vigente que contradiga la nueva regulación. Ese proceso deberá completarse en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la medida.

Además, el texto oficial recuerda que el organismo fue creado con la finalidad de promover y fortalecer el desarrollo productivo, industrial y comercial de la yerba mate. En ese marco, el Gobierno fundamentó la modificación en la necesidad de “modernizar el INYM” y avanzar hacia “una administración pública eficiente, eficaz y orientada a las demandas de la sociedad”.