La intervención del puerto de Ushuaia apareció publicada en el Boletín Oficial este jueves. Según el Gobierno nacional, la medida se adoptó «luego de una inspección realizada el año pasado».
Inmediatamente, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur salió a responderle a la Nación, estableciendo su posición frente a lo dispuesto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y adelantó que hará una presentación ante la Justicia, pero indicando que continúa las gestiones ante la administración de Javier Milei, informó el medio especializado en economía Ámbito Financiero.
La ANPYN tomó la decisión de hacerse cargo de la principal terminal portuaria de la Isla por un año, denunciando diversas irregularidades en el funcionamiento de la misma, así como también fallas logísticas y falta de obras, amplió el medio porteño.
El gobernador fueguino Gustavo Melella había adelantado su oposición a la medida, y este jueves el gobierno provincial en un comunicado oficial dio los argumentos del rechazo, afirmando que se trata de una «abrupta intervención».
El comunicado del gobierno fueguino
El gobierno de Tierra del Fuego austral consideró que «no hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención del puerto». Y agregó que la terminal «crece y funciona» y que para esta temporada se esperan 525 recaladas de cruceros de gran porte.
«En las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana», señala el comunicado oficial.
También destaca que en total más de 30 mil personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el puerto en ese período y que «hay confianza comercial de operadores internacionales».
El estado provincial gobernado por Gustavo Melella denunció que se «están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas —no explicitadas— que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud», amplió Ámbito.
«No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún informe detallado sobre el alcance de la medida», se expresa en la comunicación publicada este jueves vía X (ex Twitter),
