Por Gustavo Román. Director Propietario La Ribera 

El destino de los municipios cordobeses está íntimamente ligado al presupuesto provincial y, especialmente, a la asignación de partidas destinadas a obras públicas que dependen de la decisión del gobernador Martín Llaryora. Esta relación es crítica, especialmente en un contexto donde la ausencia de apoyo del gobierno nacional ha dejado a los intendentes a merced de las decisiones provinciales para alcanzar los objetivos de sus respectivas comunas.

La firma del acuerdo federal, donde la provincia destinará 112.881 millones para apoyar a los más de 400 municipios provinciales, fue uno de los acontecimientos políticos de mayor envergadura de este 2025.

La mayoría de los intendentes se enfrenta a la dura realidad de tener sus partidas presupuestarias comprometidas en servicios esenciales y en el pago de salarios. Esta situación no solo plantea desafíos operativos, sino que también influye en la construcción política en Córdoba, en vísperas de las elecciones de octubre. La desatención del gobierno nacional en este ámbito ha debilitado su capacidad de influir en el territorio. Sin una propuesta política sólida, no hay bases que sostengan un respaldo significativo entre los mandatarios municipales, muchos de los cuales pertenecen a la oposición.

El vacío dejado por el gobierno nacional en términos de asistencia y recursos se traduce en una falta de elementos de seducción política que permitan prever un escenario favorable para construir adhesiones. Las obras públicas, que suelen ser motores de gestión y desarrollo, se han convertido en un condicionante imprescindible para los intendentes. Sin embargo, el abandono de este rumbo por parte de la Nación está afectando la capacidad de los municipios para avanzar en sus gestiones y satisfacer las necesidades de la población.

Es evidente que, para que los municipios cordobeses puedan prosperar y cumplir con sus funciones, es fundamental que se restablezca un canal de comunicación y colaboración más efectivo entre el gobierno nacional y provincial. Solo así podremos asegurar un futuro donde la autonomía municipal no dependa exclusivamente de decisiones ajenas y donde las obras y servicios sean realmente un derecho para todos los cordobeses.

Ante este escenario, queda evidenciado que aún con miradas diferentes y pertenencias políticas distintas, el vínculo de los jefes comunales con el gobernador transita por uno de sus mejores momentos.

Resta definir el escenario político provincial y las candidaturas en cada espacio político. La gran incógnita está referida a las herramientas de seducción que puedan esgrimir los espacios con anclaje nacional, cuando han abandonado a su merced a los dirigentes territoriales.

Mientras, el gobernador recorre el interior, establece vínculos firmes y aporta de manera concreta para transformar la vida de los cordobeses.