Por Fidel Ontivero

Cuando Javier Milei declaró en una de sus entrevistas pautadas -con ángulo de cámara casi orbital, luz tenue y maquillaje vampirezco- que era “el topo del Estado que venía a romper todo” nunca creyó encontrar tantas dificultades para llevar adelante su plan.

Quizás por falta de entendimiento cabal de lo que hay en las entrañas del Estado. Sea por la existencia de sindicatos, muchos más sindicatos que los visibles y reconocidos por todos en la esfera estatal. Sea por la vigencia e historia de los convenios colectivos y las paritarias. Sea por las representaciones internas de profesionales o del personal jerárquico. Sea por las instancias interadministrativas existentes que hacen compleja la desaparición, de un día para el otro, de cualquier área de gobierno.

Lo estatal es materia de estudio de cátedras y claustros universitarios, tiene complejidad y analistas especializados, manuales de procedimiento y normas de calidad propia, carrera escalafonaria y una amplia jurisprudencia del derecho ha dictado sentencias a favor de lo estatal y los trabajadores estatales. Nada simple, todo un desafío especialmente para un libertario con ansias y voracidad de recorte.

Milei tiene en su electo ministerial a un ex funcionario -se le reconocen al menos tres experiencias: en YPF con Carlos Menem, en Economía junto a De la Rua y en el BCRA durante la era Macri- al inefable Federico Adolfo Sturzzenegger (59 años), a quien le calzó un traje a medida, un ministerio denominado de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina.

Quizás Milei, conoció recién luego de tener la banda presidencial colgando, que existen estructuras, cargos de relevancia, presupuestos estatales, acuerdos intergubernamentales e incluso puestos internacionales que se definen mano a mano con los jefes de los territorios: los gobernadores. Para graficar con ejemplos: el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) donde predominan los intereses de Mendoza y San Juan; el Instituto Nacional de la Yerba Mate con particular importancia para Misiones; la administración de Yacyretá donde siempre hacen pie funcionarios de Corrientes; la administración de Salto Grande de especial significado para la dirigencia de Entre Ríos; el Fondo Nacional del Tabaco que interesa a Salta y Jujuy; y otros organismos con amplia representación federal como la Administración de Parques Nacionales (APN); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y así sigue un largo listado.

Para interpretar la magnitud de lo que hablamos, se calcula que, en cuanto a personal estatal, la torta se reparte 65% repartido en el territorio de las provincias y 35% en la Capital Federal. No todo lo estatal está en CABA.

Pero lo más llamativo de este desconocimiento libertario, es que detrás de lo estatal, siempre hay un interés privado.

Desde los proveedores de hojas de papel, pasando por el servicio de limpieza, de los que proveen uniformes a los que hacen el transporte para el personal de peajes, etc. Todos necesarios desde la Quiaca a Ushuaia.

Y también hay grandes contratistas. Los de obra pública, los proveedores de medicamentos y vacunas, los que acuñan moneda, documentos de seguridad y patentes, las empresas de seguros de caución, los grandes jugadores de las telecomunicaciones y los sistemas informáticos, los grandes buffet de abogados que representan al Estado en el exterior, todos siempre cercanos a los intereses de los gobiernos o prendidos de la “teta del Estado” para decirlo en criollo.

Por estos días, una impecable resolución judicial hizo lugar al amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) para que se frene el desguace del ente estatal estratégico. La jueza federal de San Martín, Martina Forms, quien goza de importantes fallos ratificados por la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y hasta por la Corte Suprema de Justicia, fundamentó que ni la Ley Bases, ni las facultades delegadas, pueden estar por encima de convenios internacionales del trabajo y la defensa de los intereses del Estado expresados, en este caso, en Vialidad Nacional. Tamaño traspié para la alocada carrera de Milei por cerrar todo.

Muy probablemente, Milei no sepa, que detrás de los intereses de Vialidad Nacional está puesta la mirada de los productores agropecuarios y por ende de las grandes exportadoras de cereales. Tampoco gustó la medida a las empresas mineras de capitales extranjeros cuyos contratos están forzados a sacar su producción por el Puerto de Rosario. Menos aún en las empresas petroleras que invierten en Vaca Muerta en la segunda reserva mundial de petróleo no convencional.  Ni hablar de los exportadores el 75% de la producción de derivados del jugo de limón para el mercado internacional de bebidas.

Por la cabeza turbada de Mieli pueden pasar cosas muy estrambóticas, fuera de lo convencional, esas que lo convirtieron en una singular estrella mundial de los libertarios. Pero jamás debería faltar la mirada de la economía real, la que trae divisas al país, la que invierte en nuevas tecnologías, que emplea profesionales de alta calificación, que impulsa a nuestra pampa y a las economías de las regiones. Si esos motores productivos se estancan, si no tienen el suficiente acompañamiento y empuje, el país no arranca.

Detrás de esa potencia productiva hay organismos estatales con trayectorias de 50 a 80 años. Organismos que han sobrevivido a todos los gobiernos de todos los colores políticos, dando apoyo, viabilidad y sostenimiento al crecimiento de la patria. Así de simple, claro y contundente.

No todo se rompe, no todo es indecente, no todo es inservible.