Por Gonzalo Parodi. Abogado y Licenciado en Ciencia Política. 

Hace diez años que la economía argentina no crece sostenidamente. Por el contrario, el PBI per cápita se redujo 12% entre 2011 y 2019. Más aún, esta variable cayó 16% si se tiene en cuenta el impacto negativo que tuvo el Covid-19 para la actividad económica, durante 2020 y 2021.

El país atraviesa un profundo y persistente proceso recesivo, y se encuentra en una difícil negociación con los organismos de créditos internacional, presenta las tasas de pobreza y desocupación de las más altas de la historia, y se vivencia un significativo retroceso en las condiciones materiales de vida por parte de la población en donde las dos utopías argentinas; la utopía de la movilidad social y la utopía de la justicia social se tornan más difíciles de alcanzar generación tras generación.

Las dos utopías que mencionamos anteriormente, no son abstracciones sino imaginarios sociales que persisten en la conciencia colectiva de gran parte de los argentinos. Cada una de ellas, se encarna en algún momento de nuestra historia. La utopía de la movilidad social permea hacia abajo más de lo que se supone, pero es, predominantemente, una utopía de clase media, relativamente autónoma del Estado, vinculada al progreso individual y a la modernización colectiva, y su sujeto clásico, aquel con el que emocionalmente nos vinculamos, son los inmigrantes del Centenario; la utopía de la justicia social es una utopía de las clases trabajadoras y, últimamente, de los sectores informales, más dependiente de la intervención pública.

Movilidad social y justicia social -pensadas en el marco del desarrollo de una economía de mercado en el contexto del sistema capitalista- parecen intersectarse. Y de hecho resulta incomprensible que no se hayan interceptado salvo para breves períodos, que no se hayan combinado más persistentemente, como se combinaron en otras latitudes.

Sin embargo, la ausencia de intersección en Argentina se explica, y esa explicación tiene resonancias conceptuales: movilidad social significa crecimiento, competencia, innovación, flexibilidad de la economía y sus instituciones, trabajadores cuyos hijos se convierten en profesionales o empresarios, empresarios que se expanden; justicia social significa salarios altos, protección económica, protección social, dignificación de los desposeídos, empresarios que progresan en sociedad implícita o explícita con el Estado en una comunidad más orgánica.

La movilidad social contiene una ética de la paciencia y del esfuerzo; la justicia social contiene una ética de la reparación inmediata de las heridas sociales. Son dos mundos, cada uno con su propia legitimidad y su base electoral y política. El hecho significativo es que, a diferencia de otros países, Argentina no ha sabido encontrar la fórmula para firmar un tratado de paz entre ambos.

Los datos estadísticos de los últimos años, muestran que en el país no tenemos crecimiento, ni tenemos movilidad social, y menos justicia social. Si algún sentido tiene una propuesta de gobierno de unidad nacional, o al menos en pensar en la necesidad de articulación entre diferentes sectores sociales y políticos para que puedan lograr un redireccionamiento en la construcción de una nueva política, que construya un nuevo paradigma productivo, partiendo del diagnóstico o de la incapacidad actual del país por sus condiciones estructurales,  sobre que el problema que nos condena a las crisis recurrentes existe y que entonces hay que resolverlo, blindados por una mayoría política y social amplia. Está claro que para generar riqueza se necesita de la producción de riqueza/mercancías.

Argentina necesita dólares para comprar bienes de capital, insumos y bienes de consumo, y para eso necesita exportar. Necesita exportar para satisfacer las demandas asociadas históricamente a su nivel de vida. Las exportaciones permiten del consumo y la inversión, la garantía que sostiene al mercado interno. Ante este contexto, el campo argentino es un engranaje fundamental para la salida de la crisis, uno de los sectores más competitivos, principal exportador del país, un gran generador de empleo a lo largo de todas las cadenas agroalimentarias y un importante contribuyente a las arcas públicas.

Las producciones agrícolas, ganaderas y agroindustriales se realizan en todo el país, pudiendo afirmar que se caracteriza por el desarrollo de actividades de manera federal. Las cadenas agroalimentarias generan aproximadamente: 1 de cada 6 puestos de trabajo privados (directos e indirectos); 1 de cada 10 pesos del Producto Bruto Interno; 1 de cada 9 pesos de la recaudación tributaria nacional de AFIP y 6 de cada 10 dólares de las exportaciones totales del país.

Estos datos demuestran la importancia del campo para el desarrollo del país. Sin embargo, todavía queda mucho potencial, valor por agregar y empleo por generar. Para esto, el sector 4 público deberá resolver cuestiones tales como la infraestructura de transporte, obras para prevenir y disminuir el impacto de las inundaciones, y mejorar el sistema tributario. Al tiempo que hay temas que mejorar hacia adentro de las cadenas, como trabajar aplicando las mejores prácticas productivas y ambientales.

Además de todo ello, el sector productivo necesita de certidumbre y previsibilidad. Dos aspectos que pareciera que en la Argentina de hoy es muy difícil de encontrar. No podemos sólo pensar al sector agroindustrial como una mera caja de recaudación para el Estado. Sino, promover una política activa que estimule la inversión, por ende, el aumento de la productividad, el desarrollo agroindustrial cuyo impacto positivo se verá en los niveles de desarrollo y empleo.

Lejos de todo esto, las principales medidas de Alberto Fernández para con el sector, quién ha tenido una política sesgada y llena de prejuicios hacia el sector, se destacaron el aumento de la presión fiscal a partir de la suba de retenciones a los granos, y la intención del oficialismo de expropiar Vicentin. Las dificultades para operar normalmente el mercado exportador de granos y carne, la aplicación de “cupos” y “cepos”, denotan los embates hacia el campo con iniciativas y mensajes incoherentes que debilitaban la posibilidad de generar estímulos a la producción.

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia nos obliga a repensar nuestras estrategias nuevamente, en un mundo más complejo en donde los precios de los commodities a nivel mundial se irán en alza. Esperemos que algunas de las iniciativas como el proyecto de ley de Fomento a la Agroindustria vuelvan a entablar confianza y expectativas necesarias en donde la política tiene la misión crucial de liderar el proceso y lograr acuerdos amplios sobre dos cosas: que la apuesta a la inversión y la exportación no cambiará aun si cambia el gobierno y que todos se favorecerá equitativamente de las oportunidades que traerá el crecimiento sostenido.