Por Flavio E. Buchieri. Dr. en Economía. Profesor, investigador y consultor. Director Ejecutivo de El Club de Negocios. www.flaviobuchieri.com

La oposición ya está preparándose para la transición del poder que cree acontecerá el año que viene. Ante lo que todos aprecian como inminente, esto es, no sólo el ajuste que hay que implementar por el nuevo acuerdo con el FMI sino por las internas en el seno del oficialismo que son casi ya irreversibles, varios exponentes del variopinto opositor han vuelto a instalar en el país a la dolarización de la economía como elemento clave para superar la decadencia y los problemas crónicos y estructurales que, como mínimo, datan de cincuenta años.

La apuesta mediática encabezada por Milei y el diputado radical Cacace se concentra en que para reducir drásticamente la inflación hay que eliminar al BCRA para evitar, de ese modo, que emita dinero para cubrir el déficit fiscal. Como el gobierno no tiene acceso a los mercados de deuda en dólares, abortado este camino se controla por este medio a la inflación. El dólar reemplaza al peso y así no queda más remedio que reducir el déficit fiscal porque, dolarizada la economía, no hay posibilidades de emitir dólares para cubrir el mismo. Si se “ata al Estado” a “vivir con lo que tiene”, el nuevo contexto daría así los incentivos para que la economía crezca, aumente la inversión y el empleo, y mejoren las condiciones de vida de la población. En síntesis, el camino al éxito y el desarrollo.

¿Por qué el déficit fiscal es la clave del problema inflacionario en un país como Argentina? Cuando la Tesorería del país financia el mismo con bonos comprados por el BCRA, el cual emite pesos para tal efecto, aumenta la cantidad de dinero circulante en la economía. Si la demanda de dinero no crece al ritmo al cual aumenta la oferta monetaria -esto es, la gente no quiere los pesos nuevos- el impacto de este proceso es un aumento de los precios locales, los cuales pueden ser suavizados vía un déficit en la cuenta corriente, situación que genera, al mismo tiempo, pérdida de reservas.

Si el proceso antes descripto se agrava, esto es, la oferta monetaria crece a un ritmo mayor al de la demanda de dinero porque el propio déficit fiscal ha aumentado a mayor velocidad, la tasa de inflación se espiraliza, agravándose el problema de la disponibilidad de reservas para mantener este esquema, al mismo tiempo que se dificulta el pago de los servicios de la deuda. Cuando las divisas comienzan a escasear, el tipo de cambio nominal aumenta, retroalimentando la tasa de inflación y agravando el financiamiento del propio déficit fiscal, al mismo tiempo que la economía se estanca y comienza a ponerse en duda el cumplimiento de los servicios de amortización de capital de la deuda pública más sus intereses. Sobrevienen así una hiperinflación, un default de la deuda soberana y/o sendas corridas bancarias y cambiarias. Esta es la historia de las últimas cinco décadas. Sin embargo, pretender cambiar este esquema por otro requiere de argumentos más sólidos como para invocar la dolarización de la economía local. ¿Por qué?

Pues, en primer lugar, el reemplazo del peso por el dólar obligaría a convertir todos los pesos que tiene la economía argentina (los pasivos del BCRA) a dólares, para poder así implantar la nueva moneda. Aquí aparece el primer problema: estamos hablando de que, al actual tipo de cambio, la Base Monetaria y las LELIQs suman alrededor de U$S 70.000 con cual, si sólo se tienen U$S 10.00 como reservas de libre disponibilidad, se necesitan U$S 60.000 para asegurar la conversión, aspecto que hoy no es factible. ¿Cuál sería la consecuencia, entonces, de convertir los muchos pesos que tenemos en los pocos dólares que tiene el BCRA? El tipo de cambio de conversión se quintuplicaría o sextuplicaría. Usted ya se imagina, estimado lector, cómo quedarían los salarios y otras variables en dólares, con lo cual esto es inviable en términos políticos y sociales.

Lo anterior puede ser suavizado si se instaura un canje compulsivo de las LELIQs por un bono en dólares como se llevó a cabo en Diciembre de 1989 con el famoso Plan Bonex, que precedió a la instauración del Plan de Convertibilidad en Abril de 1991. En este caso no escaparíamos a la devaluación que acontecería pero la misma sería la mitad de lo que deja expuesto el párrafo previo. Y es este aspecto el que, según Alfonso Prat Gay, oculta Milei en su exposición.

Por otro lado, la dolarización implica la eliminación del financiamiento del BCRA al Tesoro Nacional con lo cual, si el déficit fiscal no se reduce rápidamente, hay que volver al mercado de deuda privada voluntaria para colocar los bonos que cubran las nuevas necesidades, aspecto que hoy no está disponible porque dichos mercados se cerraron en Abril-Mayo del 2018. Si no hay posibilidad de financiamiento externo, el cambio de régimen monetario implicaría, desde el vamos, un ajuste fiscal mucho más duro que el que nos aprestamos a ejecutar bajo el paraguas del FMI. ¿Es factible el mismo, en términos políticos y sociales? ¿Qué nivel de consenso tendría y qué nivel de apoyo inicial recogería? Esto tampoco se explicita.

Por último, la dolarización implicaría que, si no se reduce el déficit fiscal a un nivel que permita hacer la deuda pública sostenible, el mismo va a requerir del ajuste sí o sí en el sector público para que se arribe a tal situación. ¿Van a estar dispuestos el Gobierno Nacional y los Gobernadores, en principio, a ajustar sus niveles de gasto público? ¿Cómo se va a construir el poder electoral y, por ende, político, tras acontecer dicho cambio de régimen monetario?. Tampoco se explicita y menos aún se cree que la clase política va a renunciar a sus instrumentos de acceso, control y proyección del poder en el tiempo.

Es así como, aún con la dolarización, la principal pregunta que todo el mundo se formula es la siguiente: ¿qué tenemos que hacer para reducir y/o eliminar el déficit fiscal?. La respuesta es fácil; lo difícil en su instrumentación. Porque el déficit fiscal es culpa de un alto gasto público (que implica ingresos para amplios sectores de la sociedad, incluidos los más ricos) como de una baja recaudación de impuestos (la economía informal o no declarada ronda el 40-45% del PBI actual). Aquí es donde debemos intervenir. Porque si esto se corrige, no hay necesidad de instaurar una dolarización. Pero esto requiere de consensos y acuerdos que hoy, claramente, están de moda pero no reposan en las mesas de negociaciones de la clase política y dirigencial del país.