Se reunió el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, donde el Gobierno presentó aumentos por debajo de lo demandado por el sector, que exige la aplicación de la Ley aprobada y ratificada por el Congreso, y suspendida por el Ejecutivo.

En la tarde de este martes, se reunió el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En ese marco, diversas reparticiones del Estado votaron a favor una propuesta de aumentos del Gobierno, a la que se opuso el representante de los prestadores por considerarla insuficiente, respecto de las demandas que el colectivo viene sosteniendo y que fueron incluidas en la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y ratificada por el Congreso, y suspendida por el Ejecutivo.

El informe que hizo público el representante de los prestadores detalla que estuvieron presentes los organismos gubernamentales que conforman el Directorio: la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ministerio de Salud, el Pami, la Superintendencia de Servicios de Salud, Incluir Salud. También estuvieron un representante de los prestadores de servicios elegidos por el Comité Asesor de la Andis, Daniel Lipani, y el representante del Cofedis, que estaba imposibilitado de emitir voto.

La propuesta del Gobierno que se votó en la reunión de Directorio contemplaba los siguientes aumentos: a- Octubre: 14% / Noviembre: 10% / Diciembre: 8% (total acumulativo del 35,43%). Para transporte, rehabilitación (Módulos, Hospital de día e internación), Hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo; y b- Octubre: 12% / Noviembre: 8,25% / Diciembre: 7% (total acumulativo del 29,73%) para las prestaciones no nombradas anteriormente.

Detalla el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que el representante de los prestadores votó en contra de la propuesta y presentó las siguientes mociones, que pidió incorporar a la votación, aunque no se lo aceptaron: «En cumplimiento del art 2 inc B de la ley 27.793, girar al Arca el listado de cuit de las Instituciones inscriptas en el registro de Prestadores del Sistema único de prestaciones Básicas en favor de las Personas con Discapacidad. En cumplimiento del artículo 14 de la ley 27.793, que incorpora a la ley 24.901 el art 7 bis, otorgar, a partir de octubre 2025 un incremento del 70%, sobre el valor vigente para todas las prestaciones del Sistema único de prestaciones Básicas en favor de las Personas con Discapacidad. En cumplimiento con el art 13 de la ley 27.793, solicitar la reasignación de las partidas necesarias para dar cumplimiento al mismo, pudiendo utilizar el excedente de la DA 24/2025, para cubrir la totalidad de compensación de emergencia correspondiente al Programa Incluir Salud. Poner en práctica, a partir del mes de noviembre 2025 el aumento automático de todas las prestaciones del Sistema único de Prestaciones Básicas en Favor de las Personas con Discapacidad de acuerdo al mecanismo establecido en el decreto 274/24, tal como lo establece el art 14 de la ley 27.793».

Desde el Foro consideran que «el porcentaje propuesto es claramente insuficiente frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad».

Además, advierten que «estos aumentos se van a terminar de cobrar recién en marzo/abril de 2026» y que «el Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad».

En la misma línea, la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad (Fatradis), subrayó que la propuesta del Gobierno no contempla compensaciones retroactivas ni nuevas pensiones ni aumento para talleres protegidos.

«La plata está. La ley asigna $121.000 millones para garantizar prestaciones, pensiones, servicios y derechos. ¿Dónde están los fondos? ¿Otra vez problemas con la caja en la ANDIS?», esgrimen en tono de denuncia y exigen el cumplimiento pleno de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la distribución transparente de los fondos, la actualización real de aranceles y la compensación retroactiva a prestadores.

Tanto el Foro como Fatradis se pronunciaron en alerta y convocaron a la sociedad a defender los derechos de las personas con discapacidad.