Por Sandra Choroszczucha – Politóloga y Profesora de la UBA.

El periodista y director de la Ribera Multimedio, Gustavo Carlos Román, enfatizó con enorme criterio y responsabilidad sobre ciertas premisas que pueden llevarnos a conclusiones preocupantes para la institucionalidad argentina. Así, Román nos alertó sobre la gravedad del fallo contra Cristina Kirchner ya que nos dice “no solo afecta a la figura de Cristina Kirchner, establece un precedente alarmante para la institucionalidad del país. La legitimidad de la decisión judicial se encuentra en entredicho, lo que sugiere que funcionarios del poder ejecutivo, desde intendentes hasta gobernadores y presidentes de la Nación, podrían verse expuestos a sanciones similares en el futuro. Este principio crea un clima de incertidumbre y miedo en la política nacional, donde el ejercicio de funciones gubernamentales se vuelve vulnerable a interpretaciones judiciales potencialmente arbitrarias” y prosigue alertando que “es imperativo reexaminar el papel del sistema judicial y su interrelación con la política, para garantizar que la justicia no se convierta en un instrumento de persecución, sino en un pilar que fortalezca la democracia y la institucionalidad”.

El temor de Gustavo Carlos Román es el temor de muchos argentinos, la Justicia debe ser un poder independiente del poder político y debe obrar de manera proba. Sin embargo, podríamos también realizar una lectura diferente sobre un mismo tema y la misma Corte Suprema de Justicia, una lectura que para muchos podría resultar alentadora.

Cuando las pruebas se reúnen por años, y sobran expedientes, testigos, arrepentidos, etc., debería accionar la justicia si se presume corrupción en los deberes de funcionario público. La Justicia es muy lenta en su labor en Argentina. Cristina Fernández de Kirchner (CFK) es una dirigente política que luego de 17 años de ser investigada por dos instancias judiciales, el Tribunal Ordinario y la Cámara de Casación, finalmente luego de decenas de expedientes pruebas, testigos y arrepentidos, es ratificada como culpable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y con esta ratificación del último tribunal que puede definir sobre la prisión de una dirigente política (la Corte Suprema de Justicia), ésta finalmente debe cumplir su condena.

De tal modo, desde hace dos semanas, CFK está cumpliendo con la detención domiciliaria en San José 1111 quien fue sentenciada por la causa Vialidad. A partir de lo ocurrido, la militancia y dirigencia kirchneristas protestan con indignación o  furia con la proclama de “Cristina proscripta”, mientras que numerosos opositores al kirchnerismo y/o defensores de la transparencia pública, sienten que se hizo justicia y otros incluso manifiestan que tal vez debería ser mucho más rigurosa la detención de Cristina, quien mantiene una prisión un tanto vip, ya que pide más y más beneficios para poder transitar más confortablemente los próximos seis años en su enorme y precioso departamento.

En general nos cae mal escuchar el término “aleccionar” porque suponemos que de este modo pueden pagar justos por pecadores. Pero no siempre es así, muchas veces pagan pecadores por pecadores, y cuando esto ocurre puede pasar también que comienza a dinamizarse un círculo virtuoso donde el que delinque es condenado, sea de la fuerza política que sea, y así se podría terminar con la impunidad, porque la impunidad en general alienta la corrupción de uno, de algunos, de muchos y de todos.

Se me ocurre el caso de los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa; qué la condena a los jóvenes que mataron a golpes a Fernando haya sido una pena justa y que aleccione, no solamente resultó en justicia para la víctima y los victimarios, sino que ver a una justicia que en base a pruebas falla en contra de “los malos”, lleva a que “los malos” sepan que no se puede esquivar a la Justicia cuando se cometen delitos, y de tal modo mientras se pena el delito se lo previene.

Volvamos a la política y la Justicia: tras el reciente fallo contra CFK por la causa Vialidad, que confirmó su prisión domiciliaria de 6 años, la Corte Suprema retomó el expediente que complicaría la situación judicial de la familia Macri por la causa Correo. Y para muchos esto pasó porque, si por fin en base a pruebas se pueden acelerar los tiempos interminables de la Justicia y se dicta sentencia cuando las irregularidades son irrefutables, para Macri también le cabe, o para cualquier dirigente político que transgrede la ley mientras perjudica a los ciudadanos argentinos, no solamente para CFK.

A poco de que CFK haya sido detenida, surgió intempestivamente un pedido de los abogados del Correo Argentino S.A. (perteneciente al Grupo Macri) de que se retiren de la causa Correo a dos jueces, Eduardo Farah y Roberto Boico, pero el máximo tribunal rechazó dicho pedido. Los abogados de Macri sostienen que estos jueces tienen animadversión contra Mauricio Macri y que por eso no pueden ser imparciales impartiendo justicia. Pero la Corte hizo caso omiso a lo reclamado y ahora el caso continuará su curso legal.

La corrupción macrista con el Correo Argentino

En septiembre de 2001 Franco Macri, padre de Mauricio Macri, se reunió con el entonces presidente Fernando De La Rúa. El encuentro tuvo como propósito que Franco Macri le informe a De la Rúa que Correo Argentino, la empresa con la que desde 1997 contaba con la concesión del servicio postal, había entrado en concurso de acreedores. Con este anuncio, Franco Macri dejaba en claro que no pagaría su deuda millonaria acumulada con el Estado.

En 2016, 15 años más tarde, su hijo Mauricio Macri ya había sido elegido como presidente de los argentinos. Mientras tanto la deuda millonaria de los Macri con el Estado se mantenía igual, pero en ese momento el Estado estaba representado por el gobierno de un Macri, por lo tanto, el principal acreedor de la familia Macri, el Estado, tenía como jefe a Mauricio Macri, quien aceptó una propuesta de su familia muy amigable/sinvergüenza, quitarles el 98,87% de lo adeudado. Parecía que esta condonación de la mayor parte de la deuda de la familia se lograba, pero no pudo ser, ya que intervino una fiscal, Gabriela Boquin, que frenó denunciando esta maniobra orquestada en ese entonces por el primer mandatario, que presumió ser una suerte de juez y parte. Si prosperaba ese acuerdo entre el Grupo Macri y Mauricio Macri presidente, el Estado argentino asumía millonarias pérdidas favoreciendo a la familia presidencial y el caso se cerraba.

Los principales acusados en la causa por dicha maniobra fueron Jaime Cibils Robirosa que era el presidente de Correo Argentino, su abogado Jaime Kleidermacher, el ministro de Comunicaciones de Mauricio Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa que se ocupaba de la sección de legales en el gobierno macrista.

Hasta la fecha, los Macri aun no pagaron absolutamente nada de lo adeudado al Estado y a los más de 700 acreedores que judicializaron esta maniobra. Cabe destacar que no existe registro alguno de un caso donde una empresa hace 24 años haya entrado en cesación de pagos con sus acreedores y no pase nada.

El caso permanece en el máximo tribunal. La causa Correo Argentino se encontró archivada durante muchos años. En dicho expediente se investiga el acuerdo entre la empresa de la familia de Mauricio Macri (cuando este ya era presidente) y el Estado Nacional para condonar la deuda concursada del Correo Argentino.  Esta es la causa que se considera que más le preocupa a Mauricio Macri, porque los accionistas son sus hermanos y sus hijos (a quienes les cedió sus acciones cuando integraban el directorio de la compañía). Macri está imputado en la causa, sin embargo, nunca fue citado a declarar en una indagatoria. Y además de las penas judiciales a sus familiares, las finanzas del clan Macri pueden verse sumamente afectadas.

El expediente en curso investiga las correspondientes irregularidades en el acuerdo firmado entre el Estado Nacional (a través del Ministerio de Comunicaciones) y una firma de la familia del expresidente Mauricio Macri por la deuda del Correo Argentino S.A. con el Estado Nacional. La causa la tramita desde 2017 el controvertido juez federal Ariel Lijo, que no quiso cerrar la causa Correo cuando Macri era presidente, el mismo juez que Milei lo quería en la Corte Suprema.

¿Injusticia para todos o Justicia para todos?

Así, los mismos magistrados que definieron que la condena de CFK era correcta y que la ex presidenta debía ser detenida, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron el reclamo de los defensores de Cibils Robirosa y Kleidermarcher, y estos dos al igual que Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa seguirán siendo investigados por haber sido los artífices del acuerdo al que habían arribado en 2016 durante el gobierno macrista para que  la deuda de los Macri con el Estado se reduzca, como se mencionó, en un 98,87%.

La Corte Suprema que dio el ok para que CFK sea finalmente detenida en su domicilio, luego de una revisión muy prolongada de pruebas en dos instancias anteriores, se negó al pedido del clan Macri de correr a dos jueces que reactivan la investigación de la causa Correo, y la Corte Suprema les impuso incluso una multa (como castigo por elevar un recurso sin fundamentos).

Concluyendo, la Justicia, luego de la sentencia y detención de CFK por la causa Vialidad, parece estimular a que transiten en los tribunales con más vigor las denuncias contra CFK por Hotesur y los Sauces, e incluso por la firma del memorándum con Irán ¿si se terminó la impunidad se terminó para esta y otras posibles causas? Pero además, el máximo Tribunal está mostrando un ejercicio de equilibrio, y así los tres cortesanos rechazaron la recusación contra los jueces Farah y Boico que proseguirán con la investigación del vaciamiento del Correo por parte de los Macri, que como se mencionara, es la causa que más parece preocuparle al ex presidente Macri, aunque existen otras causas que aún enfrenta Mauricio Macri por contrabando de autos, por los parques eólicos o el capítulo de la causa Cuadernos del Paseo del Bajo.

¿Es un peligro una Justicia que acelera las sentencias? ¿O cuando deja de aletargar causas para unos lo hace para otros, y para todas las causas de los unos y los otros?

El “Ay, pero Macri” esta vuelta parece tomar dimensión institucional. Y el libertario violento que tenemos como presidente, tal vez tampoco pueda zafar en este juego de equilibrios judiciales, porque si la Justicia investiga en serio, en base a pruebas que ya están a disposición y sin dilatar los tiempos ¿acaso el caso $LIBRA puede abrirnos otra caja de pandora indecorosa?

Los debates pluralistas con un periodista de la talla de Gustavo Carlos Román son un lujo para los que adoramos los disensos y la vida republicana.