Los grandes medios, en todo el mundo, y no sólo en Argentina, han hecho del tema de la corrupción una especie de reality show, con todas las características del género: la emisión continuada y repetida, la persecución y la vigilancia de los más mínimos gestos de cualquier dirigente político que mida para atraer la atención de las cámaras al servicio del escándalo. Cómo en un reality, el tratamiento del asunto en los grandes medios, especialmente en la televisión—suerte de dinosaurio electrónico que aún suele verse encendido en algunos bares y otros lugares públicos, en geriátricos o en casas en las que vive gente ya mayor—lo primero que la realidad del reality sacrifica es la verdad de los hechos, es decir: la realidad misma. El escándalo es lo que cuenta y más aún ligar el escándalo con esa práctica maldita, directamente identificada con la corrupción, que viene a ser la política. Allí está Luis Ignacio Lula Da Silva para contarlo: encarcelado por un departamento que supuestamente habría recibido en coima, como parte de los favores de la empresa Oderbrecht. Lo curioso es que mientras se sustanciaba el proceso vil contra Lula, el departamento en cuestión fue vendido por su legítimo dueño. Eso no impidió que Lula siguiera en la cárcel mientras Jahir “mesías” Bolsonaro, un auténtico matón con alucinaciones de César, se convirtiera en presidente de Brasil. Tampoco impidió que Netflix instalara una serie—Lava Jato—acerca de la supuesta corrupción de Lula. La corrupción es un espectáculo que genera millones; quizás ese negocio sea más corrupto que la supuesta corrupción que denuncian medios y periodistas pagados por el negocio. Hoy, pareciera que todo aquello sucedió hace una década, pero fue hace apenas unos meses. Lula fue exonerado de las acusaciones y liberado. El mismo poder judicial que lo encarceló se ahorró las explicaciones. Cuando la palabra justicia está asociada a la palabra supremo o suprema estamos en problemas. Si es un palacio, no puede haber justicia, dice un viejo chiste. La única suprema que me gusta es la de pechuga de pollo.

El viernes 1 de Octubre de 2021, la legislatura porteña aprobó una ley cuyos últimos dos artículos, si fueran presentados en un examen de derecho, admitirían un huevazo en la libreta, sin apelaciones. En un debate acerca de notificaciones y apelaciones por vía digital, el PRO introduce dos artículos que permiten que se puedan recurrir fallos de la Justicia Federal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, el susodicho tribunal ya viene haciéndolo: ha permitido recusar sentencias del fuero laboral a favor de trabajadores de una reconocida empresa de delivery; sí, esa de la app del celular. Digamos de paso que hay que ser muy mierda para ir en contra de los trabajadores de delivery, quizás el equivalente hoy de lo que eran los peones rurales en la década del cuarenta del siglo pasado. Claro, en el fuero comercial también hay una recusación de fallos de la Justicia nacional en contra de la familia Macri por el largo affaire del Correo argentino, cuyo canon, la empresa Socma, no paga desde hace veinte años, mientras sigue operando y vaciando una empresa que es de todos los argentinos. A esto hay que agregar que Santiago Otamendi, juez del TSJ porteño fue vice ministro de Justicia de Mauricio Macri e integrante de la llamada “mesa judicial” constituida para perseguir opositores durante su gobierno. Weinberg de Roca, otra jueza del TSJ de CABA fue candidata a procuradora nacional, propuesta por Macri cuando era presidente. La legislatura porteña, con 38 votos a favor y 20 en contra acaba de darle legitimidad a este disparate jurídico y ético ¿Cómo llamarle a esto?

El filósofo francés Alain Badiou, en una conferencia en el campus de una universidad norteamericana, recuerda una vieja discusión que Saint-Just y otros jacobinos tuvieron, allá en los lejanos años de fin del siglo XVIII, más precisamente en 1792. Dice Badiou: “Dónde falla la virtud el terror es inevitable. Pero ¿qué es la virtud? Es la voluntad política, o lo que Saint-Just llama ‘conciencia pública’, que, inflexible, pone la igualdad por encima de la libertad puramente individual y la universalidad de los principios, por encima del interés de los particulares”[1]. Como el propio Badiou reconoce, este debate no carece en modo alguno de actualidad. El mundo es demencialmente injusto y quienes vivimos bajo estos regímenes que mal pueden llamarse democráticos o, en todo caso, de manera muy equívoca, no somos los ciudadanos virtuosos de los que hablaba Saint-Just. No somos terroristas tampoco. Como buenas gentes blancas, en este extremo de occidente también condenamos el terrorismo.

Ahora bien ¿Qué quieren aquellos que no quieren ni la virtud ni el terror? Es decir, que no quieren el interés general, el bien de la mayor cantidad de gente posible por sobre los intereses y privilegios de una minoría. Esa misma pregunta se hacían Saint-Just y los antepasados jacobinos de la tradición republicana.  “Y la respuesta a esta pregunta era: quieren la corrupción. En efecto, es en eso, en la corrupción dónde desean que nos revolquemos, sin mirar más lejos […] Al decir corrupción, entiendo, sobre todo, la corrupción mental que hace que un mundo tan notoriamente ajeno a cualquier principio se presente, y sea asumido por la mayoría de quienes se benefician de él, como si fuera el mejor de los mundos”, dice Badiou.

Cuando los supuestos salvadores de la República hablan de corrupción estructural aquello que debemos entender es que ellos son parte de dicha estructura, una de las vigas maestras que la sostiene, desde hace décadas. Lo demás es reality show o, como dicen en mi barrio: es para la gilada.

[1] Alain Badiou, Política y Filosofía, una relación enigmática, Buenos Aires, 2014, Amorrortu ed., p 40.