La represión ideológica en el ámbito universitario quedó al descubierto con la exploración de la valiosa documentación revisada. Se analizaron 15 mil fichas y 13 mil expedientes, más de mil resoluciones rectorales y 15 legajos de personal de la Universidad. Y están trabajando con documentos del archivo administrativo que van del ’76 al ‘83.

Una serie de documentos encontrados en los archivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto acerca del funcionamiento y accionar de miembros de la Triple A y el rol que tuvo dentro de la casa de estudios pública local, como así también las persecuciones durante la última dictadura prometen dar un giro al proceso de la conocida Causa Gutiérrez, dado que son pruebas contundentes contra los acusados de participar como un eslabón necesario en la persecución, la represión, el secuestro y la desaparición de personas en Río Cuarto.

Detonaciones de explosivos, detenciones, prohibición de todo tipo de organización y acción colectiva, cesantías a los opositores, desfinanciamiento, quema de libros, nuevos nombramientos a los aliados y mecanismos para la obtención de información sobre antecedentes personales e ideológicos de los docentes, nodocentes y estudiantes, con el fin de impedir el ejercicio de su trabajo o la prosecución de los estudios, son algunos de los hechos ocurridos entre 1974 y 1983, que quedaron documentados en resoluciones y expedientes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuyo archivo fue abierto a la investigación, con resultados que ahora serán aportados a la Justicia como pruebas en la denominada en esta causa Gutiérrez, en la que 56 de los acusados ya murieron.

La exploración está en proceso. Se revisaron 15 mil fichas y 13 mil expedientes, más de mil resoluciones rectorales y 15 legajos de personal de la UNRC. Y están en análisis documentos del archivo administrativo de los años 1981, 1982 y 1983; resoluciones rectorales y legajos solicitados recientemente a Recursos Humanos de la Universidad.

La exploración se extendió durante un año, tras que la UNRC abriera sus puertas a la pesquisa, en lo que constituye un hecho histórico: la apertura de expedientes para revisar la historia.

Los resultados preliminares de esta investigación fueron presentados este miércoles a las autoridades de la Universidad, con detalles tratados como confidenciales, a los fines de no entorpecer el proceso judicial, en el que la causa está a punto de ser elevada a juicio. Fue en un acto concretado en la sala Pereira Pinto del Rectorado, que fue presidido por el rector Roberto Rovere, quien estuvo acompañado por el secretario general de la UNRC, Enrique Bérgamo, y la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Daniela Wagner. Los detalles de la información conseguida fueron ofrecidos por Maximiliano Luna, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto, Miguel Alonso, Karen Torres, de la Comisión Municipal de la Memoria y el abogado Diego Flores, quien trabaja junto con Daniel Olartecoechea, quien representa a la querella del Municipio local. También estuvieron presentes Alberto Levi, ex-preso político e integrante de la Comisión Municipal de la Memoria, y Eduardo manchado, también de ex-presos.

Es un trabajo conjunto entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y la Comisión Municipal por la Memoria, tras que el 12 de octubre del año pasado se firmara un protocolo de trabajo entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto para acceder a los archivos de la casa de estudios y recopilar documentación.

La investigación se lleva a cabo bajo la coordinación de los miembros designados representantes del trabajo de búsqueda de información, en conjunto con dos estudiantes universitarias, trabajadoras de la Casa de la Memoria, Karen Magalí Torres y Camila Mezzano, en articulación con la Cátedra del Seminario de Derechos Humanos, a cargo de la profesora Lilian Martella.

La Subsecretaría de Derechos Humanos es parte integrante de la Comisión Municipal de la Memoria de la ciudad de Río Cuarto, la cual se constituyó en querellante en la causa que investiga el secuestro y desaparición de ciudadanos cordobeses, entre ellos los riocuartenses Gladys Comba, Ernesto Silber y Gabriel Braunstein, denominada Causa Gutiérrez y otros, la que reúne la mayoría de los delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la zona de influencia, en lo que constituye la megacausa del sur de la provincia de Córdoba. La causa tiene 16 tomos y se instruye en el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba – a cargo de 1993 de Ricardo Bustos Fierro- y está caratulada como «Gutiérrez Hermes Vicente y otros, privación ilegal de la libertad/ Art.144 bis, inc.1, imposición de torturas (Art. 144 inc. 1), Abuso Deshonesto, Mod. Ley 25087 (Sustituido conf. art. 23 Ley 26.842 y violación según párrafo 4to. (Art.119 inc. víctima Levi, Alberto y otros». El fiscal de cámara es el doctor Carlos Facundo Trotta.

Maximiliano Luna, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río Cuarto, dijo “Queremos poner en común detalles de la investigación realizada en los archivos universitarios. El objetivo del trabajo fue buscar documentos, recabar todo material que pueda servir como prueba en la causa Gutiérrez”. Y destacó: “La Universidad ha sido epicentro del terrorismo de Estado”, a la vez que se mostró agradecido “por la posibilidad que nos dio la Universidad pública de acceder a sus archivos para investigar, lo cual ha sido –señaló- fundamental para el avance de la causa”.

“Hemos conseguido mucha información valiosa sobre la desaparición del doctor Ernesto Silber y otra documentación que básicamente prueba que el terrorismo de Estado en la ciudad, como en todo el país, fue un plan sistemático, con correlatividad administrativa y burocrática, para las persecuciones y las detenciones de la militancia política y social. Hay un asiento legal y jurídico de todo lo que fue ese accionar”, comentó.

Por su parte, la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Daniela Wagner, se mostró conforme con el trabajo de búsqueda de información realizado en la UNRC. “Nos alegra como Observatorio haber podido acompañar y coorganizar la realización de esta investigación, en la que hubo una gran colaboración por parte de los universitarios”, dijo. Y agregó que “ahora se hará una búsqueda más puntual, a partir de los hallazgos logrados”.

Desde noviembre de 2021, los días lunes revisan las resoluciones rectorales y los martes y miércoles, de 8:30 a 9:30 trabajan en Mesa de Entrada del Rectorado, y luego de 9:30 a 12 en el Archivo. En mesa de entrada se toman los números de expedientes localizados en las fichas y después, en Archivo, se analiza cada expediente.

Sobre el periodo 1974-1975, se encontraron expedientes que permiten visualizar el funcionamiento y accionar de miembros de la Triple A y el rol que tuvieron dentro de la UNRC. Sumado al contexto histórico y al clima político de la época, los investigadores mencionan la existencia de pruebas sobre detonación de bombas en domicilios de miembros del gobierno y de la administración de la UNRC (gestión Augusto Klappenbach); detenciones de trabajadores no docentes (miembros de la Triple A) por tenencia ilegítima de armas de guerra y privación ilegítima de la libertad (gestión Maestre); se comienza a visualizar a quienes luego serían actores claves en el período de la intervención militar; se prohíbe todo tipo de organización y acción colectiva, como, por ejemplo, las asambleas; se dejan sin efecto, en determinados departamentos, las designaciones de todos los docentes y ayudantes, con algunas excepciones; se deja cesantes a 31 miembros de la actividad administrativa central; se crea un mecanismo de información y obtención de los antecedentes personales e ideológicos de los docentes, con el fin de impedir o permitir el ejercicio docente.

Se vio que, desde el 23 de marzo de 1976 al 30 de marzo de 1976, no hubo actividad administrativa en la UNRC. En esta semana, la Intervención Militar toma el poder, y se ve claramente cómo se organiza el gobierno universitario y las distintas áreas. Desde este momento, se intensifica el modus operandi: suspensiones de matrículas de estudiantes, renuncias, cesantías de departamentos completos, docentes y no docentes; se dejan cesantes a los miembros de la Triple A; hay sanciones, como suspensiones de servicios o expulsiones y cambios de dedicación; se intensifican los controles de seguridad, se continúa prohibido todo tipo de organización política- social o la realización de acciones colectivas; se producen seis quemas de libros; y se encuentran fichas con carácter de Reservado

“El juicio por la causa Gutiérrez es un hecho de relevancia social e histórica para la ciudad. Y este aporte de la Universidad fue clave, porque nos permitió activar la causa. Ha sido algo muy importante. Los resultados de esta investigación tienen una relevancia nacional”, sostuvo Maximiliano Luna.

Comentó que armaron una guía de búsqueda, con fechas relevantes, nombres de víctimas y victimarios, e hipótesis de hechos ocurridos en la Universidad. Finalizada esta primera parte de la investigación, elaboraron un escrito general y un informe pormenorizado con los expedientes útiles para la querella y varios biblioratos con copias legalizadas de las pruebas encontradas.

Fuente: Universidad Nacional de Río Cuarto